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Sábado, 31 de julio de 2021. Última actualización: Hoy

Deliberar las Calles

El jueves 3 junio, 2021 a las 4:28 pm

Deliberar las Calles / Diálogo y concertación social para salir de la crisis

Gabriel Bustamante Peña

Colombia está atravesando una grave crisis, después de la cual no volveremos a ser los mismos.

Un quiebre histórico del cual puede resultar, o una transformación positiva en términos de justicia social e inclusión política, económica y cultural, a través de un diálogo plural e incluyente, esto es, un diálogo altamente político; o un recrudecimiento de la violencia, nunca antes visto, por la vía de la anulación de la política y con un consecuente aumento de la polarización y la radicalización de la sociedad.

De cómo actuemos en este momento va a depender qué camino recorrerá el país: el camino político de la transformación pacífica orientada por un gran proyecto de reconciliación nacional, o el camino violento de una destrucción impredecible, signada por la militarización –y paramilitarización- del Estado y la sociedad.

Las jornadas del Paro Nacional, que ya superaron el primer mes de importantes protestas y manifestaciones, aunque en su mayoría pacíficas, nos dejan un terrible balance de preocupantes brotes de violencia que tienden a escalar, y que incluyen decenas de asesinatos y cientos de graves violaciones a los derechos humanos, cometidos principalmente por algunos miembros de la fuerza pública contra los manifestantes, y en algunos casos en conjunto con civiles irregularmente armados (paramilitarismo urbano); como también de violentas agresiones de algunos manifestantes contra la policía y los bienes públicos.

Además de un delicado aprovechamiento de diferentes estructuras criminales del escenario de las protestas para cometer actos punibles, que van desde delincuencia común, hasta posibles expresiones de grupos armados que, en todo caso, son residuales en lo urbano; y en el marco también de una creciente sospecha de infiltración de las manifestaciones para desprestigiarlas y justificar así la represión brutal de la policía (estrategia ya vista anteriormente y desarrollada por regímenes autoritarios para enfrentar variados levantamientos sociales en el mundo).

Saber separar estos cuatro escenarios y no generalizar los comportamientos ni de los manifestantes, ni de la fuerza pública a la ligera, va a ser importante para avanzar en la búsqueda adecuada y ágil de soluciones a esta situación, pero, sobre todo, va a facilitar el no caer en estigmatizaciones dañinas que socavan aún más la falta de credibilidad entre las partes.

Sin embargo, sí preocupa la ausencia de una condena enérgica y contundente por parte del presidente de la República o el ministro de Defensa sobre las graves violaciones a los derechos humanos realizadas por la policía, y más preocupante aún porque tanto Duque, como Molano, han salido a respaldar sin mayor reparo a la fuerza pública, e incluso a felicitar a la policía, después de jornadas que representan verdaderas masacres de manifestantes, especialmente jóvenes, y acompañadas de peligrosos fenómenos de paramilitarismo urbano, con lo cual se manda un perverso mensaje a quienes parecieran tener una patente de corso para agredir, torturar, violar, desaparecer y hasta asesinar a los manifestantes, bajo un delicado discurso donde la palabra vándalo ha remplazado a la de terrorista, y se ha generalizado además para señalar a todos los manifestantes, en un retorno macabro a épocas pasadas que creíamos ya superadas.

Lo que debe quedar claro es que la desbordada violencia que se vive en las calles es un grave problema que debe solucionar el gobierno, y de inmediato.

Ni la represión violenta, ni el accionar de aparatos criminales son situaciones que debe resolver la gente que protesta, a quien no podemos igualar en responsabilidades al Estado.

Toda actuación estatal debe priorizar el desescalamiento de la violencia, empezando, obviamente por erradicar las acciones de represión brutal y sin control de la fuerza pública y privilegiando el diálogo y la concertación social en su interacción con los manifestantes, pero en Colombia ha sucedido exactamente todo lo contrario.  

El anterior diagnóstico exige crear una oportuna y efectiva alternativa para desescalar la violencia en el marco de las manifestaciones, partiendo en primer lugar del reconocimiento, la debida protección y las garantías que la protesta social debe tener en una sociedad democrática, pero también en la responsabilidad que los manifestantes deben estimar frente a las consecuencias de sus actuaciones.

En segundo lugar, garantizando una debida evaluación e investigación a fondo de las graves actuaciones de la fuerza pública en el marco de la protesta social, bajo los parámetros que la Constitución y la Ley exigen para el control y veeduría del uso de la fuerza y que, a estas alturas de la degradación del conflicto, requiere sin lugar a dudas del respaldo independiente de la comunidad internacional.

Y, en tercer lugar, con la conciencia de la urgente necesidad de aislar y dejar sin margen de actuación a las estructuras criminales que pretenden aprovechar los escenarios de las manifestaciones, que podría convertirse en un primer punto de encuentro para el trabajo conjunto o articulado de manifestantes y fuerzas del Estado para avanzar en el desescalamiento de la violencia.  

Deliberar las calles

La política es el arte de saber vivir en las diferencias, de estar juntos en la pluralidad a través de la gestión pacífica de los conflictos; por eso Hannah Arendt decía que lo contrario de la violencia no era la no-violencia, sino la política. De ahí que no es difícil deducir lo que pasa en Colombia, donde está degradada la política por nuestra imposibilidad de estar juntos, de convivir en la diferencia.

Convivencia en la pluralidad que se logra con las herramientas idóneas de la política: el diálogo, la concertación y la deliberación, instrumentos estos que, cuando faltan, determinan la irrupción de la violencia, como esa negación que anula la política, a través de la eliminación del otro, del diferente, y la negación de los conflictos.

Colombia, una nación pluriétnica y multicultural, fraccionada económica y socialmente, de lo que sufre hoy es de un cúmulo de conflictos no tramitados históricamente, y represados hasta llevarlos a la explosión social; descontento ciudadano que, en un círculo vicioso es nuevamente negado, anulado con el señalamiento de vandalismo y excluido de una posibilidad real de diálogo y mucho menos de concertación.

Por eso urge una propuesta de debate y concertación social que transforme los escenarios de violencia que se han desarrollado, especialmente en los espacios donde se efectúan los múltiples bloqueos a vías, por escenarios de diálogo y escucha para que los manifestantes puedan deliberar autónomamente, realizar una importante catarsis, avanzando del descontento social y hasta la rabia, hacia la búsqueda de alternativas: un proceso que lleve al país movilizado de la indignación a la esperanza.

Un diálogo descentralizado para deliberar sobre las problemáticas de la comunidad frente a los tres niveles del gobierno: el municipal o distrital, el departamental y el nacional, para posteriormente recoger las inquietudes y propuestas e ir a una Mesa de Concertación de Políticas Sociales para la Reconciliación, donde es clave la presencia protagónica de los jóvenes a través de sus combos, parches u otras formas de organización; las organizaciones sociales y comunitarias y el acompañamiento de las diferentes iglesias y congregaciones religiosas para la realización de un diálogo comunitario y ecuménico; las juntas de acción comunal, y los miembros del Comité del Paro Nacional.

Abrir escenarios de diálogo y deliberación en parques, salones comunales, iglesias, colegios, universidades y crear un emblema, un símbolo que identifique el ejercicio de transformación que se geste.

Además, es de la mayor importancia que en este esfuerzo sean involucrados activamente los medios de comunicación locales, regionales y nacionales (radio, prensa, televisión, y redes sociales), para que cubran los diversos puntos de diálogo y deliberación social, y que, ante todo, les den la palabra a los jóvenes, a los líderes comunales, a los ciudadanos de a pie, y no a los funcionarios o a los líderes políticos y sociales tradicionales.

Esto para cambiar la lógica de los discursos hegemónicos en este diálogo plural e incluyente, para dar la palabra a los que no la han tenido nunca, para comenzar a vencer la exclusión que es el centro de toda esta protesta, y de todos nuestros males y violencias.

Han sido días difíciles, duros y dolorosos, pero esto no debe arrebatarnos la posibilidad de soñar, de imaginar un país diferente y mejor; donde la igualdad y la equidad no sea tan solo artículos constitucionales, sino realidades sociales y materiales; donde el derecho a la vida, a la vida digna, a la libertad y a la paz sean el norte donde debemos enfocar nuestros esfuerzos, nuestra indignación y nuestra esperanza.

Es hora de no más bloqueos al diálogo sincero y la concertación social efectiva, es hora de liberarnos de la violencia que nos tiene secuestrada la razón, es hora de liberar el camino hacia la reconciliación, es hora de la deliberación nacional.

Santiago de Cali, 1 de junio de 2021.

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