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Defensoría pide claridad frente a secuestro del General Alzate y compromiso con el proceso de paz

El martes 18 noviembre, 2014 a las 10:30 am
Jorge Armando Otálora Gómez

Jorge Armando Otálora Gómez

El Defensor, Jorge Armando Otálora Gómez, insistió en la urgencia de pactar un acuerdo humanitario para reducir la violencia y generar confianza en las negociaciones

A propósito de la suspensión de los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc tras el secuestro del brigadier general Rubén Darío Alzate y otras dos personas en el departamento del Chocó, el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, considera que:

  1. Es necesario y urgente que el Gobierno, las Fuerzas Militares y fundamentalmente las Farc le ofrezcan al país toda la claridad sobre los hechos que rodearon la privación de la libertad del Alto Mando y sus acompañantes, pues las versiones que hasta el momento se conocen sólo generan confusión e incertidumbre.
  2. Sea cualquiera el motivo para privar de la libertad al general Alzate, las Farc tienen la obligación que les impone el Derecho Internacional Humanitario de respetar su vida e integridad personal.
  3. Teniendo en cuenta que la libertad inmediata de los secuestrados es un imperativo y un deber impostergable, es menester que las Farc a través de una misión conformada por organismos humanitrarios, realicen la entrega de las personas secuestradas en el Chocó y los soldados privados de la libertad en el departamento de Arauca, para lo cual la Defensoría del Pueblo ofrece su concurso, si así lo consideran.
  4. Una vez se produzca la liberación de todas las personas secuestradas, es necesario que el Gobierno y las Farc reanuden lo más pronto posible los diálogos de paz en La Habana, pues ellos mismos deben honrar el compromiso de cumplir con el mandato que los colombianos les dieron para avanzar en la búsqueda de una solución negociada al conflicto.
  5. Exigimos a las partes que tan pronto se restablezcan las conversaciones, pacten de manera urgente un acuerdo humanitario mínimo que permita dejar por fuera de las hostilidades a la población civil y proscriba ciertos actos, que como los ocurridos en estos últimos días, degradan la confrontación, generan desconfianza y ponen en peligro el proceso de paz.
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