
Decapitar a Belalcázar y otras barbaries.
El atentado contra el patrimonio cultural de la Nación es violentar la memoria colectiva, no se puede justificar las actuaciones vandálicas de quienes se arrogan el derecho de ser los nuevos guardianes de la virtud, destruyendo nuestros monumentos como censores de una moderna inquisición, repudiando nuestro pasado desde conductas antiesclavistas, en una mala imitación del universalismo francés.
Los vándalos que irrumpen la protesta social pacifica para atentar contra la infraestructura urbana y dañar el patrimonio cultural, como es el caso de los Misak, con sus acciones agresoras, obligan a escrutar más de cerca a quienes son honrados por estos monumentos, y esto permite que la historia se vuelva a contar desde el punto de vista de la necesidad de construir una unidad nacional como proyecto político incluyente y participativo.
Al derribar, destruir, grafitear nuestros monumentos y profanar nuestros sitios históricos, resulta necesario redefinir la visión de la memoria colectiva, con una simbiosis que obliga a conciliar el derecho de unas minorías raizales estigmatizadas y una sociedad mestiza que ha ejercido por siglos la autoridad política para embellecer la ciudad y conforma el entorno urbano de ciudad colonial, patrimonio inmaterial de la humanidad.
La posición devastadora de la comunidad Misak, afecta el paisaje urbano de una sociedad multiétnica y pluricultural, cosa que nunca demandaron sus antepasados, tan reprochable actitud, hace urgente implementar nuevas reglas de tolerancia y coexistencia, máxime cuando se promueve el turismo con expresiones culturales clasificadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como «Patrimonio de la Humanidad», de donde surge la obligación moral de cuidar nuestros monumentos y no tolerar que los «bárbaros» que derriban estatuas protesten implícitamente contra los símbolos, bajo el pretexto del rechazo a la esclavitud y el colonialismo.
Las ciudades son cuerpos vivos que cambian de acuerdo con las necesidades, valores y deseos de sus habitantes, y estas transformaciones son el resultado de una culturización social. Derribar monumentos protestando contra una dimensión histórica de racismo y la opresión, es legitima pero injustificada, incluso me atrevería asegurar que es algo más que eso, al incorporar una forma de apostarle a la gentrificación de nuestra ciudad, que supone la metamorfosis del sector histórico, para degradar la ciudad a un rescoldo de un pasado glorioso sin futuro promisorio.
Así como los nuevos magnates de la especulación, que gobiernan y tratan de imponer el nuevo orden de la geopolítica mundial, generando protestas social violenta, arengando en favor de los derechos humanos, rechazan el uso de la fuerza policial, la corrupción, la contaminación ambiental, la pobreza, el desempleo y la injusticia social, para deslegitimar a la autoridad pública; respaldados por ONG’s como la Open Society Fundations, que apoya y financia las acciones de partidos progresistas que le apuestan a la legalización de las drogas, el aborto y la ideología de género, entidades que motiva y estimula la iconoclastia con el argumento sofisticado y perverso de protestar contra el racismo, esclavitud, colonialismo y genocidios, sin considerar que la historia no se puede cambiar, lejos de entender que rememoran el pasado no implica celebrarlo.
Los magnates de los fondos de especulación, no les interesan los monumentos históricos, les interesa es el poder de la economía y los negocios de especulación. De no fortalecerse la unidad nacional y dejarnos dividir con argumentos de raza, género o de lucha de clases, bajo el influjo de movimientos racistas con resentimiento social, bajo el sofisma de distracción anti esclavista, impondrá un nuevo orden mundial aprovechando el descontento y la anarquía por la ausencia de un verdadero liderazgo en favor del dominio de los intereses económicos de los fondos de especulación financiera que usan hasta guerras biológicas, pandemias y vacunas para gobernar el mundo.
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