Carlos Eduardo Umaña Lizarazo

Según el comunicado de prensa 073, expedido el pasado 10 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación solicitará ante los jueces competentes audiencia de formulación de imputación contra el señor Carlos Eduardo Umaña Lizarazo, en su condición de contralor delegado para el sector social, por el delito de prevaricato por acción.

Según el ente fiscalizador, Umaña Lizarazo, quien tenía a su cargo la investigación por el carrusel de pensiones, “habría investigado a varias personas naturales dentro de un proceso de responsabilidad fiscal, sin que las mismas ejercieran gestión fiscal, otras no tuvieran relación alguna con el respectivo proceso y, además, ordenando sobre ellas recopilar información que tendría el carácter de reservada, actuaciones que resultan arbitrarias y caprichosas, excediendo las atribuciones investigativas conferidas al máximo ente de control fiscal del país”.

Entre las pruebas de la Fiscalía se encuentra un oficio firmado por Umaña Lizarazo, en el que le pide a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) que le entregue información sobre un grupo de personas entre las que se destacan cuatro magistrados y exmagistrados del Consejo Superior de la Judicatura que habrían promocionado el denominado cartel de megapensiones en 2012 con supuestos nombramientos irregulares, entre ellos Henry Villarraga, Julia Ema Garzón, Temístocles Ortega y José Ovidio Claros.

En el documento, la Contraloría pidió información de bases de datos de los magistrados, en lo relacionado con CIFIN, Datacrédito, información bancaria, registros notariales, vehículos, divisas e inversiones.

Los cálculos de la Contraloría sobre el presunto daño patrimonial eran de $3.421 millones, pero para la Fiscalía fue un exceso rastrear personas que tenían fuero constitucional; solo podían ser procesados por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Por esta razón, la Corte Suprema de Justicia en 2013 ordenó cesar las pesquisas que adelantaba el contralor delegado para el Sector Social, Carlos Umaña. Fue entonces cuando la Fiscalía comenzó una investigación por supuesto prevaricato.