Por Jaír Villano @VillanoJair

Las afectaciones socioambientales suscitadas por la dilación del Fenómeno del Niño deberían despertar discusiones más amplias sobre lo que está pasando en Colombia en materia ambiental. Culpar a la naturaleza sobre los actuales agravios que padecen numerosas poblaciones es un equívoco que esconde las profundas causales sobre la triste condición a la que los ecosistemas se han visto sometidos.

La sapiencia popular dice que llorar sobre la leche derramada es inocuo, sin embargo, cuando de dicho llanto deviene una reflexión, es posible que se logre evitar que el mismo se pueda reiterar.

¿Qué es lo que realmente ocurre en Colombia? ¿Por qué este fenómeno, ampliamente advertido, no se contrarrestó con medidas más adecuadas que las elegidas por autoridades nacionales y locales?

Un elemento clave para entender las razones ocultas por los discursos oficiales es el modelo de desarrollo que se viene implementando en Colombia hace harto tiempo. La explotación de los recursos naturales sin una legislación medioambiental sólida en su práctica hace que los sistemas bióticos sean altamente vulnerables ante actividades que podrían llevarse a cabo de manera sustentable. La débil institucionalidad estatal y la permisividad de los altos mandos hacen que territorios de alta fragilidad sean penetrados por proyectos económicos a los cuales no les inmuta destruir la riqueza natural. Eso, y una política económica afanada porque la inversión foránea aproveche las materias primas sin importar si ello está en desmedro del entorno, es un incitador de la actual condición en que sobreviven poblaciones donde la ‘Magia salvaje’ hace parte de una ficción. Las sequías en la Guajira, los Llanos Orientales y la falta de agua potable en Chocó no obedece  a la inclemencia del fenómeno del niño, sino a un sistema donde a la corrupción se suma la negligencia de los agentes del Estado y la falta de cultura ambiental por parte de la población civil.

En Colombia no existe una ethos ambiental que conlleve a que los ciudadanos se conmuevan por la dureza con que el desarrollo mina la biodiversidad. De ahí que los mandatarios hagan de esta un botín que sí, ha financiado algunas políticas públicas con algunas mejorías, pero que en el largo plazo es generador de flagelos naturales como los que hoy padecen cientos de compatriotas.

Tan exigua es la atención a los asuntos medio ambientales que, como recuerda el sociólogo Hernando Uribe, los ministros de la cartera que debería velar por el entorno verde no son personas idóneas para el cargo, sino políticos que trabajan a merced de particulares intereses. Esa condición hace que el modelo de progreso resulte lacerante para fuentes de vital importancia para la humanidad como las cuencas hidrográficas, ejemplo de ello es lo que pasa en Cali, donde la expansión urbana estuvo y está en perjuicio de las siete cuencas de los ríos (Ver: http://elpueblo.com.co/cali-ciudad-de-los-siete-rios-sedienta-y-agonizante/).

La protección de la biodiversidad colombiana ha sido un asunto de tercera, incluso viene siendo advertido como un óbice para empresas que, al igual que el estrafalario Trump, estiman al cambio climático cual tontería de apocalípticos, y no un propósito de una gravedad tan colosal que hasta un representante alejado de estas problemáticas, como el papa, dedica una encíclica entera a observar a expensas de qué se está implementando el desarrollo mundial.

Ahora bien, retomando el asunto central, el facilismo con que se manejan los desastres naturales ha sido una característica del jefe de Estado colombiano. Hace unos años atrás exclamó que los menoscabos ocasionados por las fuertes lluvias, también anticipadas, eran culpa de la maldita Niña; y ahora que se acercan tiempos de racionamiento de agua y de incendios forestales el responsable de todo resulta que es el Niño.

¡No!

Nadie pone en duda que el niño golpea fuerte, pero también es innegable que estos golpes serían menos lesivos si en este país las mafias salvajes no se dedicaran a socavar la riqueza natural.

Se requiere con urgencia un modelo que detenga los sistemáticos atropellos al medio ambiente, pero antes que nada se necesita reconocer las culpas y las fallas que como Estado hemos tenido. En últimas, reconocer y reparar antes que culpar a la naturaleza de tragedias que por acción u omisión hemos buscado.