Por: Felipe Solarte Nates.
El cúmulo de problemas pendientes por resolver en la sociedad colombiana, sin duda que no desaparecerán con la firma de un acuerdo con las Farc, para alcanzar su desmovilización definitiva como grupo armado de gran poder destructivo, tal como lo ha demostrado durante cinco décadas a lo largo y ancho del intrincado territorio nacional. Pero será un paso significativo para que avancemos en el prolongado camino de construir ladrillo a ladrillo una democracia real, más equitativa y moderna, donde los problemas y modelos socioeconómicos no se diriman por presión de las armas, sino en la confrontación de ideas y programas de los diferentes grupos políticos que en las urnas aspiren a gobernarnos.
Con el silencio de los fusiles del grupo más organizado de la guerrilla, automáticamente no cesará la criminalidad de la delincuencia cotidiana que azota ciudades y campos de nuestra país, ni la acción de las bandas de narcotraficantes, mineros ilegales, extorsionistas, etc., que hoy abundan nombrándose como ‘Bacrim’, ‘Águilas Negras’, ‘Urabeños’, ‘Rastrojos’ y otras bandas integradas por ex guerrilleros y paramilitares, dominando ricas regiones donde no hace presencia el Estado. Pero sin duda que las Fuerzas Armadas, sin el temor a emboscadas, atentados y voladura de caminos, puentes y torres de energía, verán facilitada su labor constitucional y las comunidades que desprotegidas habitan esas regiones apartadas tendrán acceso vial, a la educación, salud, apoyo técnico y financiero para desarrollar proyectos productivos eco-sostenibles, en coordinación con las entidades públicas y privadas.
Ya la sociedad colombiana iniciando la década de los 90’s, se ‘tragó sapos’, como la firma de acuerdos para la desmovilización del Epl, el Prt, Quintín Lame y el M-19, grupo este, cuyos dirigentes fueron amnistiados y no pasó lo que temían los agoreros de desgracias que anunciaban el ascenso dictatorial de comunistas al poder. Entonces los desmovilizados del M-19, ganaron numerosos escaños en la Asamblea Nacional Constituyente y en conjunto con dirigentes como Álvaro Gómez Hurtado, Horacio Serpa, Humberto de la Calle, Lorenzo Muelas y Antonio Navarro, entre otros de los partidos tradicionales liberal y conservador y otros nuevos creados por los guerrilleros desmovilizados y los indígenas, redactaron la Constitución del 91, que hoy nos rige y aún sin legislativamente desarrollar en temas importantes como el del Ordenamiento Territorial y con algunas modificaciones y vacíos, que sin duda serán estudiados, discutidos y votados por los legisladores que los afronten.
Mean fuera del tiesto, quienes dicen que con la firma del acuerdo de paz, con las Farc, el país será entregado al ‘castro-chavismo’ y los colombianos padeceremos la carencia de alimentos, drogas y la dictadura de un gobierno que absorbió a todos los poderes del Estado incluida la Justicia y las Fuerzas Armadas. Colombia no es Venezuela, ni la influencia de los militares es tan poderosa como en el vecino país. Después de la elección popular de alcaldes y gobernadores, por la vía electoral dirigentes de la izquierda desmovilizada han gobernado departamentos y ciudades, algunos con más éxito y acogida que otros, pero ninguno se ha atornillado en el poder. Ahí están ejemplos exitosos como los de Antonio Navarro Wolf, en la alcaldía de Pasto y la Gobernación de Nariño, el de Petro, en Bogotá, que aunque no salió bien calificado en la ejecución de obras públicas, en programas de inclusión social dejó la vara por lo alto y entregó la administración a Peñalosa.
Sin duda que a quienes se apoderaron de miles de hectáreas de tierras fértiles y las legalizaron con la complicidad de notarios, registradores de Instrumentos Públicos, alcaldes, funcionarios del Incoder, etc., etc., todos comprados, no les gustarán puntos acordados en La Habana, sobre asuntos como el reconocimiento y restitución a las víctimas de parte de los guerrilleros, militares que abusaron de su función constitucional, paramilitares, empresarios y políticos que aprovecharon del río revuelto de la violencia para masacrarlos y quitarles sus tierras y bienes. Ahí están los amigos del matrimonio perfecto de la ultraderecha, Lafaurie, adalid de los ganaderos y su esposa la senadora Cabal con el estandarte de los grandes propietarios de la agroindustria cañera, respaldados por el Procurador Ordóñez y lo más granado del uribismo que creció con las Convivir y después con las AUC, de los Castaño y Mancuso, cuando su jefe fue gobernador de Antioquia. Ahí están unidos los cultivadores de palma aceitera que quisieron apoderarse de extensos territorios en el Chocó y muchos ricos empresarios que le apuestan al modelo económico que intentó implantar Uribe, basado en despojar de su territorio a comunidades afrodescendientes, indígenas y a humildes colonos para abrirle trocha al gran capital que simplemente los utilizará como mano de obra, sin propiedad y con salarios miserables, sin prestaciones, ni horas extras, según la reforma laboral que impuso Uribe en su Gobierno y contratados por las famosas ‘cooperativas de trabajo asociados’ inventadas por los patrones para eludir el pago de cesantías, prestaciones, salud y pensión.
Es el prototipo del neoliberalismo depredador de los recursos naturales con una Plan de Desarrollo enfocado a la minería salvaje que impulsó Uribe en sus dos períodos otorgando sin mayores requisitos, títulos mineros a poderosas compañías y a particulares, sin tener en cuenta a las comunidades, poblaciones y estudios de impacto ambiental y a que a la larga terminaron favoreciendo la peste de la minería ilegal que tanto año ha causado en estos años.
Es el pataleo histórico del capitalismo salvaje impulsado por la ultraderecha de los Republicanos norteamericanos, a la que tanto acude Uribe en su socorro, quienes niegan el Cambio Climático y siguen empeñados en promover el modelo de desarrollo depredador de la vida en el planeta, impulsado por la industria petrolera, la Asociación del Rifle y los fabricantes de armas.
Este es el trasfondo de la férrea oposición del Centro Democrático y los ultraconservadores del país, al proceso de paz en La Habana, escudándose en reticencias éticas, legales y de diverso tipo, que se tragaron sin ningún reato de conciencia, cuando negociaron la desmovilización de los paramilitares en El Ralito y para sus creadores y patrocinadores era impresentable el seguir alcahueteándoles sus crímenes y despojos de lesa humanidad, más cuando habían ganado la Presidencia de la República que tanta nostalgia les producía y no convenía tener ahijados tan ‘boletas’ como los que después de masacrar a los habitantes de humildes caseríos, tomando ron como caballos y a ritmo de vallenato se distraían jugando fútbol con las cabezas de sus víctimas.
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