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¿Cuáles fueron los acuerdos entre Cumbre Agraria y Gobierno Nacional?

El lunes 13 junio, 2016 a las 8:29 pm

Minga Nacional

Con la firma de diez actas específicas y una general entre el gobierno y las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, este domingo 12 de junio en Santander de Quilichao, finalizaron 14 días de movilizaciones y concentraciones de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular del año 2016.

Dentro de la ruta a seguir se acordó la instalación de una mesa integrada por organismos especializados en la defensa de los derechos, para continuar midiendo los avances del cumplimiento de los acuerdos, tanto de indígenas, campesinos y afros; así como la instalación de una mesa temática de negociación que se hará el próximo 17 de junio entre los voceros de la Cumbre Agraria y los jefes de cartera del interior, y funcionarios de los ministerios de agricultura, medio ambiente, vivienda y de planeación nacional para abordar el tema de la relación campo-ciudad. Esta Mesa Única Nacional, será el escenario donde se discutirán los puntos restantes del Pliego Único de la Cumbre.

Estos son los principales puntos de lo acordado entre el gobierno y las comunidades:

Minga Nacional 2

Eje de garantías

El gobierno reconoce la protesta social como un derecho y se compromete brindar plenas garantías al ejercicio del derecho a la protesta social y a hacer un llamado a la no estigmatización y vinculación de la Cumbre y la Minga con grupos armados al margen de la ley.

El Gobierno impulsará investigaciones por violaciones a los derechos humanos e irregularidades que se hubiesen cometido durante la Minga: “Se acordará un mecanismo especial de impulso y seguimiento a las investigaciones penales y disciplinarias por las presuntas violaciones”.

El documento se refiere también a la libertad de los detenidos y judicializados a nivel nacional en el marco de las movilizaciones del paro nacional agrario y las mingas de 2013, 2014 y 2016, cuyos casos “serán abordados con urgencia en reunión de alto nivel del Comité de alternatividad penal. Para ello el Gobierno Nacional se compromete a garantizar la convocatoria, asistencia de funcionarios de alto nivel y la continuidad de sus sesiones”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -OACNUDH- y la Defensoría del Pueblo harán el proceso de seguimiento, monitoreo y verificación a las garantías de seguridad y protección a las comunidades movilizadas en el territorio nacional.

Eje de Paz, Participación y Derechos Humanos

El gobierno se compromete a combatir, investigar y judicializar las estructuras paramilitares y a ofrecer garantías de protección a los líderes de organizaciones sociales.

Se realizará una audiencia pública en el Congreso para abordar la reforma tributaria y seguir con audiencias regulares para presentar la Agenda de País desde el movimiento social.

Las partes concertarán la creación de un mecanismo de participación efectiva e interlocución directa cuyo diseño y desarrollo se realizará en un plazo de 3 meses.

Eje de Tierras

El gobierno se compromete a explorar la “viabilidad jurídica del reconocimiento de otras figuras territoriales campesinas” no incluidas en la ley 160 de 1994, que solo reconoce las Zonas de Reserva Campesinas. El plazo máximo será de 30 días calendario para conformar el equipo y otros 30 para “la formulación del instrumento jurídico, incluyendo la financiación de la ruta”.

Realizar una “identificación física y jurídica de las tierras productivas (…) con fines de redistribución a campesinos sin tierra y poca tierra”.

Reconocimiento político del campesinado por parte del Estado. El ministerio de Agricultura se compromete a gestionar con el DANE “la inclusión de la categoría ‘campesino’ en el censo nacional”.

Eje minero energético

Se conformará una comisión conjunta entre la Cumbre Agraria y el Gobierno para para verificar el cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional referidas a las actividades mineras, revisar los títulos minero energéticos, contratos de concesión y asociación y otras autorizaciones ambientales relacionadas, otorgados en territorios indígenas, afrocolombianos, campesinos y de comunidades urbanas, para verificar que cumplan con los requisitos legales vigentes y revocar títulos y autorizaciones ambientales que no cumplan con los requisitos legales y constitucionales.

Guardia Indígena

El Gobierno Nacional se compromete a trabajar con las autoridades indígenas en un mecanismo para el reconocimiento jurídico, definición de competencias para garantizar el ejercicio de la Guardia Indígena como institución de autonomía del Gobierno Propio, en el marco de la Jurisdicción Especial Indígena. Lo anterior deberá formularse en un plazo de seis meses, con una ruta metodológica concertada y financiada por la Alta Consejería para el Postconflicto.

Recuperación de Armonía Territorial

El Gobierno Nacional apoyará la implementación de tres experiencias para la recuperación de la armonía territorial en el marco del post acuerdo, en el caso de las comunidades indígenas y afros. Mientras que para las comunidades campesinas, el compromiso es garantizar experiencias de Territorios Campesinos de Paz. La construcción de las propuestas a implementar será concertada con los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos en el marco de la Cumbre Agraria, en un plazo de cuatro meses.

Sistema General de Participación – SGP

Se acordó una asignación especial del Sistema General de Participaciones, como resultado del fin del periodo de transición establecido en el Acto Legislativo 04 de 2007. De acuerdo con la propuesta de los Pueblos Indígenas, el porcentaje que se destina a los resguardos indígenas estará entre el 1% y el 2%, que se presentará en el marco de la Mesa Permanente de Concertación, con el objeto de presentar y defender la modificación de la Ley 715 de 2001 al Congreso de la Republica, órgano que tomará la decisión en cumplimiento de los trámites previstos en la Ley 5ª de 1993.

CONPES Decreto Ley 4633 y 4635

El Gobierno Nacional, en cabeza de la UARIV, se compromete a formular un CONPES para la implementación integral de los decretos ley 4633 y 4635 de 2011. Este proceso deberá concertarse con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, en el marco de los escenarios legítimos de cada sector, y deberá ser formulado en un plazo máximo de cuatro (4) meses a partir de la firma de este acuerdo. La UARIV se compromete a elaborar un plan de financiamiento anual, que especifique el esquema plurianual de inversiones para la ejecución del año 2017, y formular de manera concertada un proyecto de inversión específica para el cumplimiento de los decretos ley 4633 y 4635 de 2011, respectivamente, para la vigencia 2018.

La UARIV se compromete a crear una Coordinación Nacional Étnica, para incorporar el componente diferencial y garantizar los derechos de los grupos étnicos en los procesos de implementación, ajuste y reformulación de la Política Nacional de Atención y Reparación de Víctimas. También facilitará los espacios necesarios para construir, revisar y adecuar los protocolos de participación, asistencia y atención; reparación integral, retorno y reubicación que se aplican a grupos étnicos.

De igual manera, la UARIV, como coordinadora del SNARIV, se compromete a direccionar a las entidades para que los programas cuenten con enfoque diferencial étnico, y concertar con los grupos étnicos participantes en la Cumbre Agraria una ruta de comunicación y difusión de la información.

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