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Un corto análisis de las propuestas más polémicas de Uribe al acuerdo de Paz

El miércoles 12 octubre, 2016 a las 1:42 pm

Uribe, mediante un comunicado, dio a conocer las propuestas de modificación del acuerdo de paz que se realizó en La Habana, Cuba.

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La impunidad total a los mayores responsables de delitos atroces, que se convierte en mal ejemplo, creador de nuevas violencias, además de generar incertidumbre jurídica futura. Insistimos en la reclusión efectiva, pena privativa de la libertad, entre 5 y 8 años, no obstante que sea en sitios alternativos como granjas agrícolas” fue la primera propuesta, sin embargo, la propuesta ya se encontraba incluida en los acuerdos, lo único que cambia es el trabajo en las granjas agrícolas.

En el primer acuerdo, aparte de las condenas privativas de 5 a 8 años y el servicio comunitario, se acordó desminar los suelos del país.

El narcotráfico, en las circunstancias de Colombia, no debe ser calificado como delito político” como segundo punto. Lo que da pie a que políticos vinculados con el narcotráfico sean juzgados jurídicamente, pero sin el agravante de que sean inhabilitados para ejercer cargos políticos, lo que trae como consecuencia que mandatarios y líderes políticos, estén en proceso de investigación y al mismo tiempo, sigan ejerciendo su cargo.

Delito político: rebelión, sedición, atentados contra la autoridad y sus agentes, desordenes públicos, terrorismo, propaganda ilegal.

Se suelen considerar delitos políticos aquellos del Código Penal bajo el título de delitos contra el régimen constitucional y legal en el cual se agrupan los tipos de rebelión, sedición y asonada, como lo reconoce la Sentencia C-986 del 2010”: Ámbito Jurídico

Tercer punto “Los privilegios al partido de la FARC y la elegibilidad de responsables de delitos atroces. De no excluirse, debería meditarse en el efecto sobre quienes no gozan de derechos políticos como condenados por proceso 8 mil y parapolítica, los paramilitares, aquellos que han perdido investiduras de representación y los 140 mil presos”, lo que puede traer como consecuencia que todos los judicializados e investigados por procesos mencionados en los acuerdos del No en este párrafo, tengan derecho a lo que se dice en el artículo 40 de la Constitución Política, lo que puede ser confuso, porque en este punto se insinúa una ligera inclinación hacia beneficios particulares y no colectivos.

 “Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:
1. Elegir y ser elegido.
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.
3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.
4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.
5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.
6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.
7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.
Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública”.
Constitución Colombia

Cuarto punto “Hicimos múltiples observaciones al Tribunal Transicional, que entre sus facultades exorbitantes tiene aquella de definir qué conductas son delitos. Estamos de acuerdo con el Fiscal General de aplicar la Ley de Justicia, Paz y Reparación. O proponemos crear en la Corte Suprema la Sala Transicional y la doble instancia, retroactiva por cierto”, esta modificación corre el riesgo de dilatar los procesos en el tiempo.

Quinto, “Es urgente el trámite en el Congreso de una norma de alivio judicial para nuestros soldados y policías, el Centro Democrático ha presentado varios proyectos, alivio sin impunidad y sin igualarlos a FARC”. Según Luz Edilia Palacio, madre de Jáder Andrés Palacio, “él está untado con la muerte de los falsos positivos de Soacha”, reacciones que se generaron al conocer este punto de modificación del acuerdo, ya que se corre el riesgo de que miembros de la fuerza pública procesados e implicados en delitos atroces como falsos positivos, queden en impunidad.

Madres victimas por la matanza de sus hijos en Ocaña por falsos positivos, rechazaron la propuesta de Uribe, ya que “nosotros, las víctimas, necesitamos una verdad, necesitamos justicia” y agregaron “que nos respeten a las víctimas”.

Sexto, “Se debe privilegiar la erradicación manual de drogas ilícitas, sin que el Gobierno pierda la facultad de fumigar cuando lo estime conveniente, siempre con el cuidado de no hacer daño al ser humano, a los animales ni a otros recursos naturales”, recordemos que en el acuerdo de paz, se pretende que las familias realicen la erradicación de manera manual y voluntaria, donde el Gobierno Nacional, les brinda alternativas para la producción de otros cultivos, con proyectos que equivalen a subsidios por un millón de pesos mensuales de uno a dos años. Con la aclaración de que si las familias inciden y desacatan el acuerdo voluntario se entraría a erradicar de forma manual.

En el punto de Uribe y el Centro Democrático representantes de los votantes del “No”, no se habla de los beneficios a las familias que erradicarían y además, con un agravante que es el uso de glifosato que según la OMS (Organización Mundial de la Salud) produce cáncer, afectando la vida humana y los ecosistemas que lo rodean.

La información divulgada mundialmente indica que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por su sigla en inglés, dependiente de la OMS) ha incorporado el glifosato a la lista de sustancias probablemente carcinógenas para humanos (grupo de sustancias 2A de la IARC). Censat.org

Séptimo, “Los acuerdos no deben afectar propietarios o poseedores honestos, cuya buena fe debe dar presunción, no desvirtuable, de ausencia de culpa. El apoyo al campesino no implica desconocer la necesidad de la empresa agropecuaria transparente”. Este punto es uno de los más críticos en el proceso de negociación, ya que puede beneficiar a personas que se valieron de terceros como grupos armados para amenazar y desplazar a propietarios de tierras y comprarlas a precios bajos.

Según Joaquín Robles Zabala, en la revista Semana afirma que uno de los opositores a la restitución de tierras es el exprocurador Ordoñez, uno de los defensores del “No”, lo que deja una enorme duda de objetividad en estas modificaciones, además, la honestidad es algo ambiguo para ser tomada en algo coyuntural para el país, con este punto se limitaran las formas para investigar a los responsables de violencia por tierras.

Alejandro Ordóñez, ese señor que Cecilia Orozco Tascón definió en una de sus columnas de El Espectador como “un politiquero abusador de los recursos estatales”, recorra el país en una campaña irrestricta para que las tierras arrebatadas por los hombres de Castaño y Mancuso no regresen a manos de sus verdaderos dueños, que se opone por igual a que los miembros de la guerrilla tengan asiento en el Congreso, el mismo recinto que ha albergado a paramilitares y a sus descendientes, a dinastías enteras de saqueadores de los recursos del Estado, es una vergüenza para Colombia”: Joaquín Robles Zabala.

Y agrega:

Estas fincas, que hoy reclaman sus dueños con documentos en mano y que les obligaron a traspasar a otras manos bajo la amenaza de quitarles la vida, son las mismas fincas en las que aparecen como propietarios personas tan cuestionadas como el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt, a quien el procurador Alejandro Ordóñez ha defendido a capa y espada desde que fue acusado de recibir coimas para favorecer con sus fallos a una de las partes en un pleito sumamente publicitado”.

Para finalizar un punto controversial, “las consultas a comunidades podrán ser limitadas en el tiempo por decretos reglamentarios del Gobierno, a fin de que no entorpezcan el desarrollo equilibrado de la Nación”, lo que nos viola el derecho a la democracia, en pocas palabras no se colocaría a prueba un nuevo plebiscito para avalar los nuevos acuerdos, sino que se nos impondrían por decreto.

Mi pregunta:

¿Esto, es lo que realmente estaban buscando los votantes del “No”, o qué esperaban, están de acuerdo?

¿Qué pasa con los votantes del No que no se sienten representados ni con Uribe, Ordoñez o Pastrana, necesitaran una nueva representatividad?

¿Qué va a pasar con las denuncias que se realizaron a Uribe por utilizar publicidad engañosa en la campaña política, confesada por Juan Carlos Vélez Uribe?

Nota: el uso de publicidad engañosa para engañar y meter miedo a las personas, se considera delito político y se clasifica como una acción de terrorismo.

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duvian-sanchezAutor: Duvian Sánchez, profesional en comunicación social con énfasis en comunicación organizacional, analista político, est. administración y dirección de empresas en Madrid, España, con cursos en marketing digital, gerencial y social media. Asesor en marketing político y comunicación.

Fuente:
Ámbito Jurídico
Constitución Política
El Espectador
Semana
Álvaro Uribe Vélez

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