Señaló que «las autoridades competentes deben colaborar y sumar voluntades para adelantar una investigación especial, integral y oportuna, que llegue a la verdad sobre el delicado episodio».

«La Corte rechaza categóricamente estos hechos que, de comprobarse, constituyen un nuevo atentado contra la independencia judicial, se solidariza con los periodistas, oficiales y funcionarios objeto de la vulneración de sus derechos fundamentales».

Además, la Corte pidió protección para los denunciantes y ratificó que «ningún acto de seguimiento o intimidación contra alguno de sus magistradas o magistrados detendrá los expedientes judiciales a su cargo».

Las denuncias de la revista Semana indican que en el último año, dentro del Ejército se habría ordenado realizar múltiples interceptaciones de comunicaciones sin ningún tipo de orden ni justificación legal. Entre las víctimas estarían Roy Barreras, senador del Partido de la U; Camilo Romero, exgobernador de Nariño, y Cristina Lombana, magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Las interceptaciones ilegales se habrían realizado desde dos guarniciones: una en Catam y la otra en el Cantón de Comunicaciones de Facatativá.

Sobre la existencia de un micrófono en el despacho del magistrado César Reyes, quien tiene en sus manos el proceso por el caso Uribe, en el que se investiga al senador del Centro Democrático por presuntamente haber incurrido en manipulación de testigos, señalan que el tema (la existencia del micrófono) fue dejado en manos de la Fiscalía General de la Nación, organismo competente para investigar el caso.