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Jueves, 22 de febrero de 2024. Última actualización: Hoy

Corte Suprema de Justicia estaría infringiendo la Constitución

El domingo 11 febrero, 2024 a las 10:35 pm
Corte Suprema de Justicia estaría infringiendo la Constitución
Corte Suprema de Justicia estaría infringiendo la Constitución
Imagen: https://www.asuntoslegales.com.co/
Alfonso J Luna Geller

A propósito de las manifestaciones del pasado jueves 8 de febrero provocadas por la falta de celeridad de la Corte Suprema de Justicia para elegir a la fiscal general de la nación, no es cierto que la protesta cívica legítima sea una amenaza grave y fuente de ruptura para la institucionalidad democrática, argumento con el cual algunos medios masivos al servicio del poder económico siguen engañando a los colombianos.

Para excitar la indignación publica, se sumaron otras voces, inclusive de la CSJ, afirmando que exigir o presionar la citada elección era un atentado contra la autonomía e independencia judicial, una conspiración contra la separación de poderes.

Menos mal que sobre esta tergiversación, que se volvió discusión nacional, el abogado huilense William Alvis Pinzón, escritor y columnista, defensor permanente de la justicia, hizo claridad con un importante análisis en el que demuestra que nada tiene que ver el principio de la autonomía e independencia judicial con la gestión administrativa-electoral que debe realizar la CSJ, como es la elección de la fiscal general de la nación.

Alvis explica que en este caso la CSJ no está actuando como juez, sino como autoridad administrativa-electoral, y que por tanto está sujeta a los principios de la acción administrativa, en concordancia con el artículo 209 de la Constitución, que contempla, entre otros, el principio de la celeridad, de obligatorio cumplimiento.

William Alvis Pinzón
William Alvis Pinzón

Es que desde el 26 de septiembre de 2023 el presidente Gustavo Petro presentó la terna definitiva, pero la CSJ ha venido actuando con tanta laxitud, que dejó vencer el periodo del fiscal, evidenciando la defensa de intereses poco claros, que preciso, son los que atentan contra el normal funcionamiento de las instituciones democráticas. Citó a nueva ronda de votaciones para el 22 de febrero, aunque este lunes 12 de febrero se terminó el periodo constitucional del fiscal Francisco Barbosa.

En cuanto a este personaje, por sus ambiciones políticas, y no obstante sus funciones legítimas, se convirtió en jefe de la oposición política al Gobierno Nacional y abusó de sus facultades judiciales para perseguir y estigmatizar dirigentes del movimiento social, y promover la impunidad de sus amigos y de algunos sindicados a quienes admira y sigue. Desinstitucionalizó la Fiscalía.

Para mayor desprestigio y pérdida de credibilidad, la CSJ con su actitud permitirá furtivamente, que entonces, de manera ilegítima asuma el cargo la vicefiscal Martha Mancera, cuestionada e impedida moral y políticamente para ocuparlo, así sea de manera transitoria, igual que la persona que llegaría a la Vicefiscalía, Gabriel Jaimes, coordinador de fiscales delegados ante la Corte, “defensor” del expresidente Uribe, quien continuará con la clara estrategia: la prescripción de la acción penal.

La señora Mancera, con cuestionamientos serios por supuesto favorecimiento a mafias del narcotráfico, comenzará entonces a ejercer como nueva jefa de las cuotas burocráticas familiares que algunos magistrados tienen en la Fiscalía.

No soy abogado, ciertamente, pero he escuchado que cuando los servidores públicos (magistrados, en este caso) omiten o retardan el cumplimiento de sus funciones, podrían cometer el delito de prevaricato, lo cual sería más “trabajo” para la “famosa” Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, otra “majestuosa” institución del Estado colombiano.

Pero, es más: la “ruptura de la institucionalidad democrática” creada por la inadmisible actitud de los magistrados, está reforzada por los congresistas que contribuyen a mantener en el limbo al país pues tampoco han querido elegir contralor general de la república. Esto merece un análisis posterior.

Parece entonces que a los nominadores les interesa más mantener las interinidades y el desgreño administrativo. Por eso es que las instituciones colombianas atraviesan un momento duro, no porque los ciudadanos ejerzan su legítimo derecho a la protesta.

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