En diciembre de 2005 fue aprobada en el Congreso la Ley Forestal que generó un fuerte enfrentamiento entre el Gobierno y sectores ambientalistas. La disposición fue criticada también con el argumento de que le daba la oportunidad a los paramilitares de legalizar las tierras de las que se habían apoderado.
Después de una conciliación en Cámara y Senado, la Ley Forestal fue aprobada, momento desde el cual se anunciaron demandas ante la Corte Constitucional por parte de la mayoría de ambientalistas.
En estas condiciones, la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley General Forestal, por no haberse surtido en su expedición el proceso de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas de Colombia, previsto en el Articulo 6º del Convenio 169 de la OIT.
La declaración de inexequibilidad la excluye del ordenamiento jurídico dándole la razón a las autoridades indígenas, según las cuales el Gobierno Nacional había venido omitiendo su deber constitucional y legal de consultarlas sobre las medidas legislativas que afectan directamente sus derechos.