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Miércoles, 22 de mayo de 2019. Última actualización: Hoy

Corinto, una masacre a cuenta gotas

El martes 2 abril, 2019 a las 7:10 pm

Corinto, una masacre a cuenta gotas

Corinto, una masacre a cuenta gotas

Corinto vivió una relativa etapa de convivencia cívica en paz por un período de unos dos años cuando después de la firma de los Acuerdos de Paz a finales del 2016, llegó el optimismo y la implementación de nuevos proyectos productivos y turísticos y nuevas formas de vida que permitirían el progreso social.

Los habitantes de municipios vecinos del Cauca y Valle del Cauca pudieron volver a recorrer con tranquilidad la “Ruta Bolivariana”, como se denominaba la carretera que desde Florida, en el Valle, conduce a Santander de Quilichao, pasando por los municipios de Miranda, Corinto y Caloto.

También se pudo volver a re-conocer la ruta alterna que desde la Bolivariana, a partir del corregimiento El Palo, jurisdicción de Caloto, permite subir al corregimiento de Tacueyó y a los municipios de Toribío, Jambaló, Caldono y Silvia, para disfrutar de la gastronomía autóctona, de los encantos que proporcionan esos paisajes y climas excepcionales de la cordillera central en ésa área y de la gentileza de la gente que despreocupada y segura recibía a sus paisanos que hace rato no podían visitar sus viviendas para avivar amistades interétnicas. Además se reactivó el comercio y el intercambio de productos agroindustriales, sobre todo del Proyecto Nasa, emblema o ícono de la producción y agro-industrialización indígena en el norte del Cauca.

Y como ha sido una región que también se especializó en el cultivo y comercialización de la marihuana ilegal, primordialmente en el municipio de Corinto, también hubo gran ilusión cuando se promulgó la Ley 1787 de 2016, y los decretos reglamentarios del año 2017. Era la oportunidad dorada para que Corinto, y la región, se convirtieran en uno de los mayores proveedores del mundo del cannabis o marihuana legal para fabricación de insumos y productos con propósitos medicinales.

Corinto fue la sede nacional de la legalización y la presentación del cannabis medicinal. Vinieron casi todos los ministros, congresistas, empresarios nacionales e internacionales. La nueva normatividad legal fue el detonador para que entre 20 y 30 empresas grandes y medianas construyeran la hoja de ruta científica, legal, tecnológica y comercial para que este negocio germinara.

Pero después de la euforia, volvimos a la cruda realidad del abandono y la estigmatización. Una vez se dimensionó la magnitud del negocio, las principales empresas que se habían comprometido en contribuir en la generación de empleo y de riqueza, se trasladaron a sembrar marihuana legal en Antioquia, Tolima, Quindío, Huila, Boyacá y Cundinamarca, entre otras zonas, donde se implementaron las fases de producción del cannabis, líneas de refinación de la flor con el uso de maquinaria de alta tecnología y personal calificado. Pocas veces se ve en la agroindustria colombiana tal nivel de sofisticación, ni una carrera frenética por conseguir las licencias y permisos necesarios para cultivar, fabricar, distribuir y vender productos derivados de la marihuana.

En consecuencia, no hubo la prometida implementación de un centro de investigación avalado por Colciencias, la Gobernación del Cauca, el Ministerio de Salud y la Universidad Nacional, tampoco la asistencia técnica para montaje y funcionamiento de un banco de semillas certificadas; no llegaron los famosos proyectos de sustitución de cultivos, ni el programa de formalización de la propiedad, y menos, la implementación de los acuerdos de paz.

Corinto, y los demás municipios nortecaucanos, entonces, regresaron a la estigmatización y a la injusta condena del aislamiento por parte del gobierno central. Renació forzadamente la comercialización de la marihuana criminal, la violencia asociada al tráfico ilegal de la coca y la clandestinidad de nuevos actores armados de toda especie.

Y regresó el terror de la criminalidad, nuevamente incontrolada, violencia de que han sido víctimas las mismas autoridades militares y de policía. Regresó el desplazamiento y las confrontaciones entre disidentes de las FARC, Los Pelusos, EPL, y bandas narcotraficantes

Comenzó entonces una masacre a cuenta gotas

Hagamos un somero resumen de lo acontecido en estos tres primeros meses de año 2019:

El sábado 19 de enero, Carlos Alberto Arias Zapata, de 53 años, fue asesinado en el barrio La Paz, por dos hombres que se movilizaban en moto. Unos días antes lo habían hecho con la humanidad de Julián Felipe Vargas Redondo, de 26 años, miembro de la Policía Nacional, oriundo del municipio de Balboa, sur del Cauca.

Finalizando el primer mes, los habitantes del municipio de Corinto tuvieron que padecer los enfrentamientos que se presentaron en las veredas El Crucero, La Laguna y Quebraditas, donde fallecieron Warner Keops Petey, conocido con el alias de ‘Warner’, de 37 años, integrante de la columna móvil Dagoberto Ramos y José Adán Salgado Vega, alias ‘Ramiro’ quien era desmovilizado de las Farc. Los cadáveres fueron dejados abandonados en una cancha, ubicada en la vereda San Pedro.

A comienzos de febrero, en esos enfrentamientos entre ‘Los Pelusos’ EPL y disidentes de las Farc de la columna Dagoberto Ramos, fue ultimado alias ‘El Grandote’ o ‘El Paisa’, segundo cabecilla de ‘Los Pelusos’. La muerte de este sujeto se produjo en la vereda El Playón del municipio de Corinto.

Y finalizando el mes fueron asesinados en un establecimiento de diversión del casco urbano Leandro Bonilla Zúñiga, de 21 años, y otra persona que no fue identificada en aquel momento. En los mismos hechos resultaron heridos a bala Gilberto Jesús Herrera León y Luz Elida Alzate Velásquez.

El día 9 de marzo, una patrulla de la Policía Nacional fue atacada con ráfagas de fusil, mientras realizaba labores de inspección en el casco urbano. Hombres fuertemente armados que se desplazaban en una camioneta de alta gama, dispararon contra los uniformados, causándole la muerte al subintendente Luis Alfonso López Barón y dejando herido al patrullero Víctor Cortés Flor.

El terror continuó dos días después cuando un nuevo ataque sicarial se registró en la vereda La María, por el sector conocido como ‘EL Mirador’. La víctima del atentado fue identificada como Jonathan Alexander Mejía Bedoya, de 22 años.

Luego, el 13 marzo, hubo una masacre de cinco personas. El primer caso se registró con el hallazgo del cadáver de una persona degollada, dejado en una calle del barrio El Jardín, casco urbano de esta localidad. Más tarde, otras dos personas fueron asesinadas con armas de fuego y sus cadáveres dejados en el Crucero de Miravalle. Las víctimas no fueron identificadas. Y horas después, en este mismo sector, otras dos personas fueron asesinadas con arma de fuego cuando se movilizaban en una motocicleta. Las víctimas fueron Jhoanny Pineda y Diego Ramírez, de 21 y 17 años, oriundos del municipio de Zarzal, Valle del Cauca.

Dos días después, en el barrio El Samán, fue encontrado un cadáver. La víctima, que había sido acuchillada, no portaba ningún documento que ayudara a facilitar su identidad y por ese motivo fue ingresado al sistema como Cuerpo no Identificado, CNI.

Por otra parte, el 17 de marzo, en horas de la noche, otras tres personas fueron ultimadas de varios impactos de arma de fuego. Los crímenes se presentaron, otra vez, en la vereda Miravalle por la vía que comunica con la zona de El Tablón. Los cuerpos estaban tirados en la carretera. La masacre continuó con el asesinato de John Jairo Noscué, de 18 años, integrante de la Guardia Campesina que trabajaba en el punto de control del sector El Tablón.

Al otro día, a orillas del río La Paila, habitantes de la zona, hallaron el cuerpo de Harvey Chocué asesinado con machete, quien residía en el barrio El Jardín.

Para completar la tragedia, mientras el patrullero de la Policía Nacional Fabio Andrés Chávez Martínez, de 31 años, toma la trágica decisión de quitarse la vida el día 25 de marzo, cuando se encontraba en uno de los alojamientos de la unidad policial de Corinto, dos hombres fueron ultimados con armas de fuego en un ataque sicarial se presentó en la noche en la vereda Miraflores. Una de las víctimas era el señor César Montoya quien residía en la vereda El Palmar; “la otra persona no sabemos quién es, al parecer no es de la región porque nadie lo distingue” dijo uno de los testigos.

El viernes29 de marzo, continuó la masacre a cuentas gotas que padece Corinto: Jhonier Prado fue atacado con arma de fuego; algunos proyectiles le causaron graves lesiones en órganos vitales por lo que se tuvo que llevar de manera inmediata a un centro asistencial de la ciudad de Cali, su estado de salud es reservado.

Ayer, en el comienzo del mes de abril, otros tres ciudadanos fueron hallados muertos en el sector de El Guanábano, con signos de tortura y con heridas producidas presuntamente por disparos de fusil. Los cadáveres fueron trasladados a la morgue del municipio para las respectivas labores de identificación.

Este triple homicidio se suma a los hechos ocurridos recientemente en los que un joven identificado como Cristian Orlay Pequi fue asesinado y Deybison Camayo Campos gravemente herido con disparos de arma de fuego en el sector de Miravalle. Este último falleció cuando recibía atención en una clínica.

Esta es apenas una radiografía de lo que sucede en sólo un municipio del norte del Cauca, que no agota las estadísticas, pero que permite concluir que la violencia renació tras la actitud del Gobierno Nacional de desconocer la implementación de los acuerdos de paz y del hacer cumplir fielmente la Constitución Nacional en lo referente al derecho a la vida, que es inviolable, como también garantizar que todos los ciudadanos recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación.

En consecuencia, el Estado debe promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y debe adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados. En Corinto, parece que rigiera otra Constitución Política, por eso, el municipio que sigue luchando por su reconstrucción, representa un reto vital para el Gobierno Nacional.

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