Por: Felipe Solarte Nates

Hacía falta control por parte del Estado a la proliferación de ‘institutos tecnológicos’ y ‘universidades de garaje’, que impunemente, durante años, han esquilmado los sueños y bolsillos de miles de jóvenes y sus familias que ven en la educación, el camino para superarse.

Según el informe publicado el 17 de diciembre, por  El Tiempo: “Antes de perder su investidura como congresista y de ir preso, como coautor de la masacre de Segovia, Cesar Pérez García se encargó de dejar asegurado el futuro de sus herederos. Como presidente de la Cámara, votó la aprobación de la Ley de Educación Superior (la 30 de 1992) y específicamente del artículo 132.

Este obliga a que por lo menos la mitad de los recursos previstos para educación, deberán invertirse en programas ofrecidos por instituciones de economía solidaria, como su Universidad Cooperativa.

Este ‘articulito’ ayudó a robustecer la institución educativa que maneja su familia desde hace 35 años, que es la tercera con más estudiantes del país -47.712- y que está en la mira de las autoridades.

La senadora Claudia López ya les pidió a las autoridades revisar el patrimonio de la Cooperativa para establecer nexos con sus fundadores e indagar sobre un posible enriquecimiento ilícito.

“Es un solo ‘holding’, manejado por los Pérez –afirma la senadora- Si el patrimonio de la familia se deriva de la universidad, se debería evaluar si con este tendría que resarcir a las víctimas de la Unión Patriótica que murieron en la masacre de Segovia”.

En la actualidad, uno de sus hijos es rector de la institución, su esposa maneja la sede de Medellín y es del Consejo Directivo de la Fundación Universitaria María Cano; el sobrino de Cesar Pérez es directivo de la sede de Bogotá y Cesar Augusto Pérez, su otro sobrino, director de la sede en el Meta; mientras Colombia Pérez Muñoz, es directora del Instituto de Economía Social y Cooperativismo INDESCO, vinculado a la Cooperativa. Su esposo fue condenado.

Casos similares de familias que se están enriqueciendo con las universidades de dudosa reputación, programas académicos sin acreditación, incumplimientos laborales con trabajadores y docentes, manejos turbios y baja calidad académica, se presentan en otras instituciones, como la Corporación Universitaria Rafael Núñez, de Cartagena, controlada por la familia de Miguel Ángel Henríquez López, su rector. También es cuestionado Jaime Leal Afanador, el reelegido rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, la de mayor cobertura en el país, con 77.500 estudiantes y el caso más aberrante es el de la familia de Mariano Alvear Sofán, dueño y fundador de la Fundación Universitaria San Martín y quien hoy es acusado por estafa, fraude a resolución judicial y enriquecimiento ilícito, contratando para su defensa, al exfiscal Mario Iguarán y al expresidente de la Corte Constitucional Antonio Barrera. Esta universidad facturaba por matriculas $120.000 millones anuales y sólo invertía $40.000 millones. Por ser Fundación no paga impuestos.

La Universidad Incca de Colombia y el Instituto Remington también son investigados.

Bienvenida la Superintendencia de la Educación, creada por la ministra Gina Parody, pues no puede jugarse con las esperanzas y el patrimonio de miles de familias y jóvenes colombianos que hacen enormes sacrificios para acceder a la educación superior con la mira de tener menor futuro en una sociedad tan incierta como la colombiana, donde aún graduándose en centros educativos de dudoso nivel académico o de reconocida idoneidad, no tienen seguridad de obtener un empleo remunerado de acuerdo a un profesional y cuentan con escaso apoyo para crear empresas por su cuenta. Por eso hay tanto profesional manejando taxis.