Por incumplimiento en la presentación de información ante el ente de control, lo que obstaculiza la gestión fiscal, el contralor general del Cauca, Dumer Cifuentes Piamba, solicitó la suspensión del alcalde de Guapi, Yarley Ocoró Ortiz. La petición fue realizada ante el procurador provincial de Buenaventura, de conformidad con lo planteado en la Ley 42 de 1993, artículo 99 que determina que “los contralores podrán imponer sanciones directamente o solicitar a la autoridad competente su aplicación. La amonestación y la multa serán impuestas directamente; la solicitud de remoción y la suspensión se aplicarán a través de los nominadores”.

Según informó el Contralor, el señor Ocoró Ortiz incumplió sus deberes legales y reglamentarios en tanto no presentó la rendición de cuentas en informes a través del Sistema Integrado de Auditorias -SIA- y tampoco respondió ante requerimientos específicos realizados por el ente de control.

A través del SIA se realiza un control eficiente y una oportuna evaluación de los indicadores de gestión y de resultados, además se hace valoración de los riesgos generados por los procesos auditores; lo que significa que la no rendición de informes entorpece e impide el cumplimiento a cabalidad de las funciones asignadas a la Contraloría, “por eso hice la solicitud de suspensión dando traslado al órgano disciplinario competente para ejercer la función de salvaguardia de los principios de la función administrativa descritos en el artículo 209 de la norma fundamental y los principios de moralidad pública, transparencia e imparcialidad establecidos en el Código Único Disciplinario”, indicó Cifuentes Piamba.

La administración de Guapi, en cabeza de Yarley Ocoró Ortiz, además de incumplir la presentación oportuna de cuentas e informes por más de tres (3) veces consecutivas dentro un mismo período fiscal, ha registrado otras irregularidades en la presentación de cuentas e informes en períodos discontinuos y en diferente vigencia fiscal que ya han sido sancionados con multa o cuya sanción está en trámite, “esta situación se convierte en una clara obstrucción al control fiscal y pone en riesgo los recursos del municipio, trasgrediendo el cumplimiento de los deberes constitucionales y legales”, dijo el contralor departamental.

Otra medida contra Guapi, tomada con anterioridad por el este ente de control, es la petición de investigación disciplinaria contra el contador de la administración pasada y el consiguiente reporte ante la Junta Central de Contadores, lo que busca sentar un precedente para depurar la administración pública y garantizar el adecuado manejo del erario.

«Las acciones tomadas no afectan la decisión de defender ante el Ministerio de Hacienda la posibilidad de que el municipio se acoja a Ley 550, como única opción de salvación del ente territorial», puntualizó Cifuentes Piamba.