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Continúa la indignación en todo el país por la decisión del procurador de destituir e inhabilitar a Petro

El miércoles 11 diciembre, 2013 a las 2:44 pm

Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la facultad para anular las decisiones tomadas por el Procurador General si encuentra irregularidades en el fallo sancionatorio: Fiscal General de la Nación

Germán Pabón Gómez: La destitución de alcaldes y gobernadores elegidos por voto popular, no es una discusión de constitucionalidad ni legalidad, ni de menoscabo a convenciones internacionales, sino de límites al poder disciplinario. En esa medida, si el derecho es control del control y control controlado se requiere poner límites al poder del derecho disciplinario.

Néstor Raúl Charrupí Jiménez: Que puedo decir ante un fallo arbitrario, político y temerario, como el del procurador Alejandro Ordoñez, inhabilitando al alcalde mayor de Bogotá, porque pretendió gobernar la ciudad con un esquema político diferente a los dogmas ultra-conservadores que él profesa, sinceramente creo que muy poco, o mucho; total mi opinión en este diseño político tiene muy poca, o ninguna, importancia. Pero si tengo derecho, alcalde Petro, porque hice por estos mismos medios señalamientos al respecto, referidas a Piedad Córdoba, quien advirtió la calidad del troglodita personaje y usted con su voto permitió que este la inmolara, a recordar un poema de Martin Niemoller, aunque atribuido al inmortal Bertolt Brecht: “Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista./ Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata./ Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté porque yo no era sindicalista./ Cuando vinieron a buscar a los judíos, no protesté porque yo no era judío./ Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar”.

Germán Pabón Gómez: El derecho disciplinario y sus sanciones de igual deben obedecer a los postulados de idoneidad, necesidad y en especial de proporcionalidad. En esa medida es disfuncional imponer sanciones desproporcionadas que no correspondan a la infracción de deberes funcionales de que se trate, toda vez que en lugar de disciplinar, lo que por el contrario se impone es la muerte política al servidor público.

Santiago Zambrano Simmonds: ¿Quién inhabilita la prepotencia, la arbitrariedad, la doble moral y la antidemocracia del procurador Ordoñez?

omarOmar Lasso Echavarría: Por supuesto que juzgo desproporcionada la sanción a Gustavo Petro. Una sanción meramente disciplinaria por defectos administrativos, que podía ser temporal o máxime de destitución del cargo, se transforma, en el punto de vista del procurador, en algo semejante a un carcelazo de por vida o al exilio. ¡Qué otra cosa peor puede haber que la muerte política! Aquí hay un exceso de fuerza, un evidente ensañamiento contra un valioso hombre público de izquierda, susceptible de equivocarse como cualquier otro hombre público de derecha. ¡Ojo! No se lo catiga por corrupción, sino por una falla administrativa, corregida a tiempo. En Popayán hubo problemas de basuras, como en tantas otras ciudades, y no se le revocó el mandato al alcalde. ¿Cómo explicar estas inconsistencias? Las normas jurídicas son como resortes: se estiran o acortan, según el sujeto que está en el banquillo.

Rubén Darío Zúñiga Guevara: El único funcionario en todo el país que no es controlado, ni sancionado y menos puede ser destituido es el procurador general de la Nación. ¡Ese poder es inmenso!

Gustavo Petro: “Hoy gobiernos han preguntado qué pasa en Bogotá. Como es posible que el voto popular no sea respetado. No pueden comprender en el mundo cómo un funcionario que no es elegido, que no es juez, le puede decir a más de 700 mil ciudadanos que sus derechos políticos no valen y han quedado anulados”, y tildó la decisión del Ministerio Público de «irresponsable”.

Otras reacciones: Cómo se fraguó un complot para sacar al alcalde Bogotá

Piden investigar a operadores privados de recolección de basuras en Bogotá: Los operadores privados que venían prestando el servicio de recolección de basuras se concertaron para generar el caos que vivió Bogotá el 18 de diciembre de 2012 cuando se implementó el nuevo modelo de aseo en la capital de la República. Igualmente el organismo también presentó una serie de quejas ante la Procuraduría General, la Contraloría General, Superintendencia de Servicios Públicos y la Superintendencia de Sociedades para que se establezcan las faltas relativas al desempeño empresarial y a las normas de prestación de servicios públicos y domiciliarios por parte de contratistas y operadores del servicio de aseo.

La solicitud de investigación penal, disciplinaria y fiscal busca determinar si las empresas Ciudad Limpia Bogotá E.S.P; Aseo Capital S.A. E.S.P.; Limpieza Metropolitana (Lime) S.A. E.S.P.; y Aseo Técnico La Sabana (Atesa) S.A. E.S.P incurrieron en fallas durante la ejecución del sistema de recolección de basuras.

«Han derivado ingentes y evidentes fallas en los procesos de contratación, su planeación, y el beneficio directo de intereses privados de contratación, su planeación, y el beneficio directo de intereses privados en detrimento de los derechos e intereses colectivos a la moral administrativa, la transparencia, y la defensa del patrimonio público», precisa uno de los apartes de la denuncia de 16 páginas.

Igualmente se señala que con estas acciones se afectaron los «principios nodales del estado social de derecho rectores de la contratación pública, como los de la economía, transparencia y responsabilidad, publicidad, legalidad, así como a los fines esenciales cuales son la ‘continua, eficiente prestación de los servicios públicos, y a la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines’.

La Red de Veedurías Ciudadanas pidió que se tengan en cuenta como pruebas documentales las declaraciones de Emilio Tapia publicadas en la edición impresa de este miércoles en El Espectador. Igualmente se piden las declaraciones del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego; el exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB), el exgerente encargado de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Henry Romero: y el abogado, Manuel Sánchez.

Ante la Fiscalía General, la Red de Veedurías Ciudadanas radicará una denuncia en contra de los cuatro operadores privados que prestan el servicio de recolección de basuras en la capital de la República por su presunta participación en los delitos de contaminación ambiental, estafa agravada y concierto para delinquir.

La acción jurídica radicada ante el despacho del fiscal General, Eduardo Montealegre tiene como base las declaraciones entregadas por Emilio Tapia a El Espectador, en las cuales denunció la forma en cómo se fraguó un complot para sacar al alcalde Bogotá, Gustavo Petro de su cargo.

Fiscalía realiza inspección a la Procuraduría tras fallo contra Gustavo Petro

fiscal montealegre

El fiscal General, Eduardo Montealegre manifestó que es hora de hacer un debate académico y jurídico frente a las facultades que tiene el procurador general de la Nación, ya que el modelo que se aplica en la actualidad no ofrece las suficientes garantías para los procesados por faltas disciplinarias.

Para el jefe del ente investigador, es menester aplicar una “filosofía de control” frente a los poderes que tiene el procurador general con el fin de fortalecer la figura del Estado Social de Derecho.

“¿Cómo puede ser posible que en el derecho administrativo sancionatorio y en el derecho disciplinario el mismo funcionario abre la investigación, hace la apertura, formula el pliego de cargos, realiza la audiencia, dicta la sentencia en primera instancia y la misma Institución falla en segunda instancia?», precisó Montealegre.

“La Procuraduría General es un modelo medieval e inquisitivo”, reseñó el Fiscal General al indicar que el jefe del Ministerio Público no tiene funciones de juez para sancionar disciplinariamente (con destitución e inhabilidad) a una persona que fue elegida por voto popular.

Finalmente explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la facultad para anular las decisiones tomadas por el Procurador General si encuentra irregularidades en el fallo sancionatorio.

La inspección a la sede de la Procuraduría

El Fiscal General anunció que en las próximas horas se realizará una inspección a la sede de la Procuraduría General, en el centro de Bogotá, con el fin de recolectar y analizar los elementos materiales que tuvo en cuenta el Ministerio Público a la hora de sancionar con destitución e inhabilidad por 15 años para ejercer cargos públicos al alcalde de Bogotá por las irregularidades que rodearon la planeación y ejecución del modelo de aseo.

«En este momento todas las investigaciones que había en contra el alcalde Petro con ocasión a las basuras, todas fueron radicadas en el despacho del vicefiscal (Jorge Fernando Perdomo), quien va a trabajar intensamente en el fallo (…) van a ordenar nuevas pruebas, verificar la decisión del Procurador», explicó.

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