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Sábado, 19 de octubre de 2019. Última actualización: Hoy

Continúa el exterminio sistemático del Pueblo Nasa

El lunes 5 agosto, 2019 a las 9:59 pm
Continúa el exterminio sistemático del Pueblo Nasa

Continúa el exterminio sistemático del Pueblo Nasa

  • Tres nuevos asesinatos ocurrieron en los últimos cuatro días.
  • Las autoridades ancestrales pidieron la salida de estructuras armadas de la región, prohibieron porte de armas y anunciaron un plan autónomo para resolver el problema de los cultivos ilegales.
  • Declararon que los cultivos ilegales son esencialmente un problema del Estado y el Estado debe resolverlo en concertación con las comunidades.
  • La terminación del conflicto del Estado con las FARC ha dejado un panorama más grave que el que había antes de los acuerdos, dijeron en Asamblea Comunitaria.

Frente la crisis humanitaria que se «evidencia en un sistemático genocidio» en contra del Pueblo Indígena Nasa del norte del Cauca, según se concluyó en una gran asamblea comunitaria realizada el domingo pasado luego de que se confirmara el homicidio de Enrique Guejia Meza, 126 autoridades ancestrales del Cric, Cxab Wala Kiwe y Plan de vida proyecto Nasa, tomaron decisiones drásticas de control territorial y anunciaron que quienes las violen serán sometidos a la justicia indígena.

Las diferentes autoridades de Toribio, Tacueyó, San Francisco, Jambaló, la Asociación de Cabildos Indígena del Norte del Cauca-ACIN, el Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC y comunidad en general, se pronunciaron sobre la violencia que ha dejado como resultado el asesinato de 33 personas, la ejecución de 7 atentados dirigidos contra autoridades ancestrales y comuneros y circulación de 38 amenazas colectivas e individuales en diferentes territorios indígenas del norte del Cauca en lo corrido del último año.

“Ante estos hechos denunciamos que la respuesta institucional es insuficiente, el asesinato de líderes ha desbordado la capacidad de respuesta del gobierno y las entidades del Estado que deben velar por la vida de los ciudadanos y comunidades, al tiempo que sospechamos que muchos de estos conflictos suceden con complicidad de servidores y fuerza pública, involucrados en negocios ilícitos y situaciones de pago en contraprestación por tolerancia y omisión de acciones de control y de justicia”.

En consecuencia, las autoridades ancestrales pidieron la salida de estructuras armadas de la región, prohibieron porte de armas y anunciaron un plan autónomo para resolver el problema de los cultivos ilegales hasta lograr su superación definitiva. “Será un plan concertado con las familias indígenas cultivadoras; serán elementos de este plan la autonomía indígena, el reconocimiento de la raíz económica del problema y la progresividad”, dice el comunicado final que la Asamblea expidió el pasado domingo.

“Para nosotros es claro que la proliferación de cultivos utilizados para uso ilícito como marihuana y coca en nuestros territorios tiene como raíz la crisis de la producción agrícola de la región y de todo el país. Los malos precios que han tenido nuestros productos en el mercado los últimos 30 años han presionado a muchas familias a usar sus tierras para cultivar coca con propósitos distintos a los tradicionales, y a incorporar los cultivos de marihuana y amapola. Por eso sostenemos que los cultivos ilegales son esencialmente un problema del Estado y el Estado debe resolverlo en concertación con las comunidades”, exigieron las autoridades indígenas.

Por otra parte, reconocieron que “la terminación del conflicto del Estado con las FARC ha dejado un panorama más grave que el que había antes de los acuerdos, principalmente por los incumplimientos a los excombatientes y a los compromisos en materia de reforma rural. Hoy tenemos decenas de grupos delincuenciales -los llamados disidentes- que operan muy pocas veces como un cuerpo único y en todo caso sin ningún programa político conocido, los mismos que a veces aparece como ELN y otras como EPL, como si fueran marcas que se usan e intercambian. Estos mismos emiten panfletos a nombre de Águilas Negras, Cartel de Sinaloa Nueva Generación, Renacer Quintín Lame, dejando entrever claramente que todo corresponde a una estrategia de inteligencia militar para justificar la guerra sucia en nuestros territorios, mostrar los asesinatos como resultado de choques entre grupos ilegales y vincular a nuestras autoridades y organización con la violencia socio-política, arrojando como resultado el asesinato de 33 personas, la ejecución de 7 atentados dirigidos contra autoridades ancestrales y comuneros, circulación de 38 amenazas colectivas e individuales en diferentes territorios indígenas del norte del Cauca en lo corrido del último año”.

Un asunto delicado es la afirmación según la cual “a las autoridades indígenas nos resulta claro el papel de la fuerza pública en este contexto por su conducta cómplice, omisiva o negligente”.

Se concluye que estas actuaciones “se realizarán con total autonomía, sin coordinación alguna con la fuerza pública y teniendo como enlace con la institucionalidad únicamente a la Defensoría del Pueblo”. Es más, en el comunicado se expresó: “No aceptar ninguna decisión por fuera de las asambleas comunitarias, consejo territorial de autoridades indígenas ancestrales y congresos territoriales, las únicas instancias legítimas donde se orientan y definen las políticas organizativas”.

Estas decisiones se tomaron el mismo domingo 4 de agosto luego de que Enrique Guejia Meza, de 25 años, médico tradicional y autoridad de la comunidad indígena, fuera asesinado en la vereda La Luz, corregimiento de Tacueyó, municipio de Toribío, por delincuentes que se movilizaban en una motocicleta.

Continúa el exterminio sistemático del Pueblo Nasa
Enrique Guejia Meza / Fotografía suministrada

En la Asamblea se concluyó que aunque no existían amenazas contra Guejia Meza, la muerte podría estar vinculada al llamado «plan pistola» que ejecutan los criminales para el homicidio selectivo de líderes indígenas, el cual coincide con los asesinatos de José Eduardo Tumbó, defensor de derechos humanos que había participado en las movilizaciones indígenas de marzo pasado, quien fue acribillado el sábado en El Jagual y el del guardia indígena Gersaín Yatacué en una zona rural de Caloto, el jueves primero de agosto.

Frente a estos hechos también se pronunciaron la ONG Somos Defensores, según la cual los asesinatos de defensores de derechos humanos aumentaron casi un 50 % en 2018 en medio de la impunidad, ya que en tres de cada cuatro casos ni siquiera se establece la autoría del crimen y el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) que sostiene que ya son más de 700 líderes sociales y 135 excombatientes de las FARC los asesinados desde 2016, año en el que se firmó el acuerdo de paz con esa antigua guerrilla.

Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, hizo un fuerte llamado al Gobierno Nacional para que detenga el asesinato de los guardas indígenas y garantice su vida e integridad física.

Consejo de Seguridad establece acciones para combatir criminalidad

gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo Hurtado

Por otra parte, el gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo Hurtado, lideró un Consejo de Seguridad, con la finalidad de establecer acciones conjuntas que permitan neutralizar el accionar de las estructuras criminales que operan en la zona como el ELN, EPL y Grupos Armados Organizados Residuales (Gaor).

En este consejo se destacó “la labor que la Policía Nacional y el Ejército Nacional vienen liderando en la zona, quienes han logrado, en lo corrido del 2019, la incautación de cerca de 75 toneladas de marihuana en la región, de las cuales, 38 toneladas han sido incautadas en el departamento del Cauca”.

El boletín oficial dice que “a esto se le suman los golpes suministrados a las estructuras criminales como la Jaime Martínez, la Carlos Patiño y la Estiven González, que han permitido la captura y neutralización de varios de sus miembros y cabecillas”.

Pero también destaca “la labor de las comunidades a través de su Guardia indígena, quienes gracias a su accionar han posibilitado la captura de delincuentes y la incautación de sustancias ilícitas”.

En esta reunión, realizada este lunes 5 de agosto, se acordó enviar una misiva al presidente Duque Márquez, solicitando ampliar el número de efectivos de la Policía y del Ejército en el norte del Cauca; así como también, un mayor número de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

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