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Martes, 23 de julio de 2019. Última actualización: Hoy

CONSULTA ANTICORRUPCIÓN ¿EMBELECO O DESAFÍO SOCIAL?

El lunes 20 agosto, 2018 a las 2:31 pm
CONSULTA ANTICORRUPCIÓN ¿EMBELECO O DESAFÍO SOCIAL?

Imagen de referencia, tomada de: https://bit.ly/2L7LkKF

CONSULTA ANTICORRUPCIÓN ¿EMBELECO O DESAFÍO SOCIAL?

CONSULTA ANTICORRUPCIÓN ¿EMBELECO O DESAFÍO SOCIAL?

La consulta anticorrupción supera el señalamiento de ser un embeleco protagónico de la exsenadora Claudia López; en mi sentir, constituye un deber patriótico de gran responsabilidad social para los colombianos.

El 26 de agosto será el inicio de una sinergia nacional que busca erradicar la cultura mafiosa del imaginario colectivo. La consulta constituye el primer reto político de la administración del presidente Iván Duque, compromiso de gobierno delegado directamente a la vicepresidente Martha Lucía Ramírez, que se encargará de adelantar la política pública de lucha contra la corrupción y liderar los proyectos de reforma en el Congreso de la República.

El suceso costará 310.479 millones de pesos y tendrá éxito si participan 12 millones 261 mil 314 colombianos. Cada pregunta deberá ser aprobada por lo menos con 6 millones 130 mil 658 votos. Por cada punto aprobado el Congreso quedará obligado a acatar el mandato del pueblo para desarrollarlos a través de leyes ordinarias o reformas constitucionales. Como antesala a los comicios el Gobierno Nacional radicó cinco proyectos de Ley y un Acto Legislativo para que surtan trámite ante el Congreso de la República.

La pregunta más polémica es la de reducir la remuneración de los congresistas de 40 salarios mínimos legales vigentes (31 millones 331 mil 821 pesos) a 25 S.M.L.V (19 millones 531 mil 050 pesos) y fijar dicha cifra como tope para los funcionarios públicos de alto nivel. De hacerse, representaría un ahorro anual de 141 millones 609 mil 252 pesos por congresista y, con el tamaño actual del Congreso, el ahorro sería cerca 213 mil millones de pesos, valor del presupuesto del Sistema Estratégico de Transporte Público de Popayán.

El mecanismo más expedito para reformar leyes o artículos constitucionales es el referendo y no la consulta popular, pues ésta sólo otorga un mandato al Congreso para que  modifique leyes y normas constitucionales. Sin embargo, para incorporar la consulta a nuestro ordenamiento jurídico se requiere de ocho debates en el Congreso. Verbigracia que los corporados tengan un límite máximo de tres periodos en el Senado, la Cámara, Asamblea Departamental, Concejo Municipal o distrital o Junta Administradora Local, igual para modificar el salario de los congresistas y funcionarios de alto nivel sin que implique violación a los derechos laborales adquiridos por ellos.

Tengo dudas frente a las audiencias públicas para decidir las partidas presupuestales de departamentos y municipios, dando derroteros al gasto público de la nación. Mi inquietud se sustenta en el hecho de que si un comité asesor especializado de diez personas difícilmente se pone de acuerdo, no me imagino un grupo de 300 ciudadanos con intereses encontrados y sin conocimientos técnicos, tratando un tema tan complejo como el de la prioridad de inversión en las obras públicas.

Votaré porque los condenados por corrupción cumplan la totalidad de las penas en la cárcel sin beneficios ni rebaja, los delincuentes de cuello blanco no pueden seguir gozando de subrogados ni mecanismos sustitutivos de la pena.

Será de gran utilidad votar para que los corporados públicos rindan cuentas de su gestión con relación al número de proyectos presentados y aprobados, debates de control político en los que participen, así como los índices de ausentismo en las comisiones y plenarias.

Me gusta se contrate con pliegos tipo sin formatos sastre a la medida del proponente que financia campañas electorales, prefiero las licitaciones públicas objetivas, claras y transparentes que garanticen la participación plural de oferentes para arrebatarles el botín de la contratación a las grandes mafias de la contratación pública.

Superado el  umbral y al triunfar el Sí, el Congreso tiene que aprobar las medidas en el primera legislatura del 2019, y si no lo hace, el presidente las adoptará por un decreto con fuerza de ley, por lo que se conjugan  la voluntad política del Gobierno y del Congreso para incorporarla a nuestro ordenamiento jurídico. Dónde surge la pregunta para los Constitucionalistas: ¿Puede un Decreto Ley reformar la Constitución? Creo que no.

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Otras publicaciones del autor https://www.proclamadelcauca.com/tema/noticias-proclama-del-cauca/opinion/alvaro-jesus-urbano-rojas/

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