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Domingo, 5 de diciembre de 2021. Última actualización: Hoy

Consejo de Estado tumbó sanción del procurador Ordóñez a la senadora Piedad Córdoba.

El martes 9 agosto, 2016 a las 2:08 pm
  • La senadora fue sancionada en el 2010 con destitución e inhabilidad de 18 años por ‘Farcpolítica’, con pruebas ilegales recaucadas por la Procuraduría.
  • A pesar del fallo del Consejo de Estado, la dirigente no podrá reanudar su vida política, por culpa de una segunda destitución por 14 años que también le impuso Ordóñez en el 2012, por supuesta participación indebida en política.
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Foto: Elpais.com.co | Archivo Colprensa

La Sala Plena del Consejo de Estado (17 votos contra 6) tumbó este martes 09 de agosto de 2016 una de las sanciones impuestas por la Procuraría General de la Nación, a la senadora Piedad Córdoba Ruiz, por presunta colaboración con la Farc, que nunca fue demostrada.

Según el alto tribunal, Córdoba Ruiz, abogada antioqueña de la Universidad Pontificia Bolivariana, fue sancionada con pruebas ilegales y, por tanto, se debe revocar la sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 18 años.

Para tomar la decisión se demostró que las pruebas recolectadas por el procurador Ordóñez se basaban en los computadores de Luis Edgar Devia, ‘Raúl Reyes’, muerto tras un bombardeo ejecutado por el Estado colombiano en un campamento que la guerrilla de las Farc tenían en Ecuador. Dicho material no podía ser utilizado como demostrativo del supuesto nexo entre la senadora y la guerrilla, debido a que la Corte Suprema había declarado ilegales todos los elementos allí recopilados. El principal argumento del magistrado ponente fue que la cadena de custodia del computador de Reyes se había roto y no había garantía de que los archivos fueran verídicos. Además, que no eran correos sino archivos de Word que podían modificarse fácilmente.

Es importante recordar que la Procuraduría tiene en contra de la líder en la defensa de los derechos humanos, las minorías étnicas, sexuales y sociales, otra inhabilidad por 14 años, impuesta en 2012, por una contribución de 25 millones de pesos a la campaña de Ricardo Antonio Montenegro Vásquez, candidato a la Cámara de Representantes por el Atlántico en 2010, lo que según el ente de control fue participación indebida en política.

En estas condiciones, el regreso a la contienda electoral de la exsenadora vocera de Colombianas y Colombianos por la Paz tendrá que esperar un tiempo más, pues el Consejo de Estado la citó para el próximo 14 de septiembre, dentro de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso contra el segundo fallo de destitución e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por 14 años que le impuso el procurador Alejandro Ordóñez.

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