Por Alfonso J. Luna Geller / Dos años después de la tragedia ocurrida la noche del 30 de abril del 2014, en la mina ilegal Agualimpia de la vereda San Antonio, Santander de Quilichao, cuando 13 mineros resultaron muertos al quedar sepultados por un alud de tierra provocado por las máquinas retroexcavadoras que explotaban el área, se confirmó oficialmente que otros cinco mineros fallecieron en este mismo sitio el día viernes primero de abril de 2016, tras el desplome de uno de los túneles abiertos para seguir sacando oro.

Como ha informado oportunamente este medio de comunicación, la explotación minera ilegal continuó en San Antonio desde pocos días después del primer siniestro, esta vez por el sistema de “cúbicos”, es decir, sin retroexcavadoras, pero igual, sin condiciones de seguridad y sin control de ninguna autoridad, a pesar de las advertencias y de que ya estaba anunciado el nuevo accidente.

De acuerdo con la información suministrada por Luis Gabriel Chica Bolaños, director de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres del Cauca, y por el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santander de Quilichao, capitán Víctor Antonio Claros Medina, en el sitio de los acontecimientos fueron rescatados sin vida los cuerpos de Camilo Catarán, de 23 años; Brayan Portilla, de 20; Yerlin Castro, de 24 años y Francisco Anaman, de 22 años. Al día siguiente, sábado 2 de abril, falleció en el hospital Francisco de Paula Santander, el joven Albeiro Pantoja, quien había llegado herido a esa institución de salud tras el derrumbe, según informó a Proclama del Cauca, Graciela Tobar, directiva de la Defensa Civil de Santander de Quilichao. Eran jóvenes aventureros llegados de Nariño, especialmente del municipio de Samaniego.

Antecedentes

Sobre este asunto, a raíz de los acontecimientos del 30 de abril de 2014, habíamos previsto en un editorial de este medio de comunicación: “…los periodistas bien pueden tener un formato listo con la noticia para cuando se vuelva a presentar, en el cual sólo deben llenar el número de víctimas, el día de ocurrencia, el sitio, las lamentaciones oficiales y privadas, y otros detallitos como la oportunidad con que responden los organismos de socorro, y las funerarias… Pero en Colombia todo seguirá igual”. Dicho y hecho.

Un rápido sondeo de los nefastos antecedentes de esta nueva tragedia puede deducirse también de las noticias sobre minería ilegal que ha documentado Proclama del Cauca: una persona muerta y siete más heridas, dejó un desplome de un socavón en la mina de San Miguel, en Suárez, el martes 2 de diciembre del 2008; cuatro meses antes otra persona había fallecido en ese mismo yacimiento también por un desprendimiento de tierra. El 13 de octubre de 2007 otro derrumbe mató a 21 humildes mineros artesanales, también en Suárez. Otras dos personas de una misma familia fallecieron el sábado 18 de enero de 2014, en la vereda El Palmar, de Santander de Quilichao, tras el colapso de otra explotación de oro. En la misma mina Agualimpia de San Antonio, otras personas –por lo menos ocho- habían sido víctimas mortales ocultadas por quienes se lucraron de la explotación de manera indebida.

Total ineficacia del Estado

Las tragedias anunciadas llegan y pasan con la sepultura de las víctimas y el Estado se queda esperando la próxima, porque todos saben más o menos cuándo, en dónde y por qué va a ocurrir, pero nadie hace nada, incluyendo a la supuesta “autoridad” ambiental.

Recuerdo que tras el entierro de las 13 víctimas del 2014, se realizaron más de 20 reuniones entre mayo y junio de ese año, se firmaron más de 15 actas con los acuerdos entre el Gobierno nacional y la Mesa Interétnica e Intercultural permanente, en busca de erradicar la minería ilegal, revisar los títulos mineros otorgados sin consulta previa, fortalecer la minería ancestral de las comunidades afrocolombianas, implementar el auto 005, compra y titulación de predios, protección de la vida; programas de emergencia, como de generación de empleo y empresas productivas, para mitigación del daño social y ambiental en la vereda San Antonio; investigaciones tanto a los responsables individuales como institucionales por las omisiones administrativas, judiciales, policiales, de control, que permitieron la comisión continuada de los delitos ambientales, proyecto de reforma al Código de Minas, etc., asuntos en los que todos se comprometieron, incluyendo a los ministros del Interior y de Minas y Energía, a la Gobernación, al Comando de la Regional 4 de Policía y del Departamento de Policía Cauca; al coordinador de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación, al defensor del pueblo Cauca, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI; al director general de la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC, alcaldes y personeros de Buenos Aires, Santander de Quilichao, Caloto, Puerto Tejada, los comandantes de la III Brigada y Batallón Pichincha, la Agencia Nacional Minera, políticos de todas las graduaciones, Procuraduría, Contraloría General de la Nación, el Departamento para la Prosperidad Social, DPS, todos, firmando papeles que nadie cumplió, y por eso, llegó la nueva tragedia y llegarán las que siguen. Es más, se instalaría una Mesa de Garantías bajo la coordinación de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, con el propósito de determinar y ejecutar un plan integral de garantías: tampoco funcionó.

“No puede ser que con los mineros enterrados, también se quede enterrada la impunidad”, dijo en aquella oportunidad el ministro de minas Amilkar Acosta Medina. Nadie, absolutamente, le paró bolas, ni a él ni al otro que también vino a pronunciar frases de consolación, como esta: “a la minería con vínculos con la criminalidad el Gobierno no le dará tregua en el combate por su erradicación”. Todos se olvidaron de todo al otro día, por eso, la explotación minera ilegal y la mortandad en el norte del Cauca siguen campantes.