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COMO EN PIÑATA

El viernes 29 enero, 2016 a las 10:23 am
José López Hurtado

José López Hurtado (x)

Resulta claro que todas las negociaciones que procuran la paz, con grupos armados irregulares al interior de los Estados, que han golpeado seriamente su legitimidad, dejando una estela irrecuperable de pérdida de vidas humanas y de bienes materiales, conlleva el sacrificio recíproco de valores, si así pudieran llamarse, de unos y otros, dentro de los límites que aconsejan el respeto por los derechos fundamentales de la dignidad humana, la equidad, la justicia y la ponderación. Postulados al fin y al cabo que reposan en los tratados y normas internacionales, desde la Carta fundacional de la ONU de 1945, de la OEA de 1948, de los Convenios de Ginebra de 1949, con sus protocolos adicionales, y en los propios postulados erigidos en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros.

A ese escenario hace tres años le apostó Colombia, para dejar atrás una guerra interna de 50 años. Sin embargo, hoy al conocerse parte de los acuerdos definitivos, pareciera que la proporción y la razonabilidad que debe presidir lo convenido no aparecen por parte alguna, y el gobierno colombiano en su afán de obtener la paz, a cualquier precio, se ha despojado de su majestad institucional que le permite imponer condiciones, para entregarla a la contraparte, llevándose por delante toda la tradición jurídica que Colombia ha honrado a través de su historia. Como lo sostienen avezados expertos, verbigracia, la justicia transicional acordada, aplicable a los guerrilleros, no consulta, ni de lejos, normas escritas, ni mucho menos las del derecho internacional consuetudinario, aceptadas como un catálogo axiológico con validez absoluta y universal, que no depende, se ha dicho, de su consagración en el ordenamiento positivo de los pueblos, para su aplicación. Al punto tal que existe el riesgo de que la Corte Penal Internacional (CPI), pueda en un momento determinado ante el exabrupto, reclamar jurisdicción, particularmente en lo que tiene que ver con los delitos de Lesa Humanidad.

Y ese ha sido el espíritu bonachón del gobierno del presidente Santos, en otros sensibles temas de la agenda desarrollada en La Habana, como el del resarcimiento de las víctimas, para lo cual las FARC argumentan no contar con los medios disponibles para hacerlo, no obstante descubrirse en los últimos días rentas y bienes millonarios de su propiedad, producto del negocio del narcotráfico, en manos de testaferros radicados en otros países. La Resolución 2261 del Consejo de Seguridad de la ONU, que decide el establecimiento de una Misión Política de ese organismo para designar a países de la CELAC, que hagan seguimiento a la etapa relacionada con el eventual cese al fuego bilateral y de hostilidades y a la dejación de armas, refrendada por los países miembros de la Comunidad Latinoamericana y Caribeña en días pasados en Quito, al “expresar su disposición…”, para cumplir ese cometido, no alcanza, sin embargo, a atenuar el espíritu extraordinariamente dadivoso y arbitrario, con el que se han manejado los diálogos por parte del gobierno colombiano, frente a una ciudadanía absorta y estupefacta, cada vez más numerosa.

(x) Analista Internacional, colombiano.

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