Actualmente en nuestro país existe la Ley 1098, el famoso Código de Infancia y Adolescencia, que se fundamenta en la filosofía de la protección integral del niño, recogida por la Convención Internacional de los Derechos de los Niños de 1991 y la Constitución Política de 1991, normatividad vigente que nos hace reflexionar… ¿será que la aplicación de las normas legales en Colombia están fallando?

Vemos con tristeza y preocupación cómo el Estado colombiano dejó a un lado el bien llamado tejido social, que es la inversión en la persona como sujeto de derechos sociales; es decir, buscando la necesidad del bien común, desde la familia como núcleo fundamental de la sociedad, donde se comienzan a inculcar los principios y valores. Pero toda esta cuestión teórica se materializa, de verdad, a través de una excelente educación, cultura, deporte y desarrollo personal, como dice la ley, a partir de una protección integral desde la base, complementado una estabilidad económica de las familias colombianas. La realidad de nuestro país es que los rubros para la formación integral de una persona son mínimos. Por eso, se están perdiendo nuestros niños y jóvenes, por eso, tenemos embarazos a temprana edad y unos padres irresponsables en hogares donde no hay estabilidad familiar, que es lo que necesita una persona en formación. También afrontamos la deserción escolar de manera colectiva.

Santander no es ajeno a estos brotes de descomposición social. Esto es consecuencia de la falta de conocimiento, de educación, de un acompañamiento permanente por parte del Estado en las edades más criticas. Para nadie es secreto que el mundo está en movimiento y por consiguiente, en evolución; pero nosotros avanzamos a paso lento. A manera de ejemplo: Brasil se fijó la meta de pasar de un computador por cada 40 niños a un computador por cada 20 niños para el año 2020. En Singapur la meta para el 2010, diez años antes, es que cada niño tendrá su computador; en Colombia, infortunadamente, se piensa como en Brasil y no como en Singapur, llegando a los resultados que estamos viviendo hoy por hoy; por eso, me atrevería a decir que antes de pedir cadena perpetua, deberíamos tratar de resolver los conflictos sociales que vivimos, ya que de ninguna manera estamos atacando los problemas de raíz y de ninguna manera actuamos de manera preventiva, que es como lo expresa la Ley de Infancia y Adolescencia.

Quiero decir que las políticas publicas están fallando. Se quedan taxativamente en el papel y con supuesta buena imagen ante las organizaciones internacionales. Es preocupante, pero hay que decirlo: poca inversión social; indicio de lo que puede suceder si el Estado no se preocupa por sacar adelante políticas públicas claras y realizables con planifica inversión social.

“Construyamos futuro”