El altisonante debate que han generado las solas menciones a los proyectos de ley para reformar el actual sistema de salud, el marco jurídico que regula la vida laboral y el sistema de pensiones, tan solo tres de los casi 20 proyectos de reforma, es una muestra contundente de que la clase política tradicional de derecha, aún tiene un inmenso poder para impedir que las voces de las mayorías planteen alternativas de cambio a un modelo político, económico y social que beneficia a pocas personas; tal y como lo señalan recientes indicadores de inequidad y de pobreza.

Este inmenso poder que tienen los políticos tradicionales se debe básicamente a tres fenómenos: 1- Son patrocinados por los poderosos miembros de los gremios de la producción y de empresarios de los servicios públicos domiciliarios y de la salud. 2- La corrupción y la manipulación clientelista de la pobreza y del desconocimiento del funcionamiento del estado colombiano y 3- Las multitudinarias protestas de los últimos años no se tradujeron en los votos necesarios para cambiar la actual composición del congreso de Colombia, el principal escenario de debate, pero sobre de todo, de definición política.

Enfundados en el poder otorgado por la falta de coherencia entre las protestas y las elecciones de congreso y poseedores de un inigualable oportunismo, los líderes y lideresas de el partido de la U, el Liberal oficialista y el Conservador, presionados por sus propios intereses (los de Dilian Toro) y por los intereses de sus patrocinadores (los de Gaviria y Cepeda), lo mismo que por los dueños de los medios tradicionales de comunicación, rápidamente pasaron de ser convenientes compartidores del poder a reclamarlo nuevamente, vía chantaje; actividad en la que tienen histórica experiencia.

A nadie le causó extrañeza que, ante el respaldo popular que aún tienen las propuestas de reformas del programa de gobierno del Pacto Histórico y al ver en riesgo las groseras ganancias que han obtenido las principales aseguradoras de salud (EPS), lo mismo que algunas empresas privadas de servicios públicos domiciliarios, la orden hacia sus voceros políticos (U, Cambio Radical, Liberal, Conservador, Centro Democrático y uno que otro infiltrado en la coalición del Pacto) fuera la de endurecer el Chantaje: Burocracia (así sea en los mandos medios), perdonarle la vida al negocio de las EPS y bajarse del control de los servicios públicos o atenerse a la parálisis de sus reformas y la Peruanización del ambiente político colombiano.

Tampoco es raro que ante el desconocimiento aterrador que tiene la mayoría de la sociedad colombiana de cómo funciona el estado y contando aún con valiosos aliados en las alcaldías y gobernaciones, este Chantaje también esté encaminado a reforzar el poder regional de los partidos tradicionales de derecha, por medio de la inclusión de sus candidatos y candidatas en las coaliciones locales del Pacto, por medio de la figura del Frente Amplio.

Como sea que resulten estos intentos de acomodo de fuerzas a nivel nacional y local; lo único cierto es que el chantaje es el sello indeleble que señala el talante utilitarista y hasta inmoral de la política tradicional colombiana.

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