Por ejemplo, la Gobernación de Sucre celebró el 31 de marzo de 2020, un proceso de Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) con el objeto de realizar campaña comunicacional – pedagógica para la contingencia del Covid-19, e identificar y disminuir factores de riesgo. Como se puede apreciar en el Secop I, el 28 de abril, las partes firmaron acta de terminación anticipada y bilateral, atendiendo nuevas consideraciones de hechos “analizados en contexto” y surgidos con posterioridad de la celebración del contrato.

También en Arauca, nuestra organización conoció diálogos para importantes negociaciones precontractuales que buscaban promover campañas de difusión en medios de comunicación del departamento. Sin embargo, sorpresivamente este proceso no continuó.

En virtud de las interpretaciones tanto del comunicado generado por la Procuraduría General, publicado el 8 de abril en la web de la entidad, así como también de la Directiva 16, del 22 de abril de 2020, la Federación Colombiana de Periodistas, manifestó que:

1. Las recomendaciones de la Procuraduría pueden impactar gravemente la libertad de expresión por cuanto limita a que se informe a la población solo a través de algunos medios y excluye el material publicitario impreso, radial, fotográfico o virtual.
2. Catalogar la publicidad asociada al COVID-19 como “innecesaria si es dirigida a población con acceso a televisión e internet”, lesiona el derecho a la ciudadanía a conocer sobre este virus a través del medio de su preferencia o de su alcance, con mayor razón cuando persiste incertidumbre sobre la pandemia, y en consecuencia los esfuerzos en comunicación resultan absolutamente necesarios.
3. Al no precisar los criterios que los ordenadores del gasto deben considerar para establecer que la publicidad ”no resulte necesaria”, se pueden generar distintas interpretaciones que evitarían la contratación de pauta oficial.
4. En la práctica, esta directiva puede llegar a vulnerar el derecho fundamental al trabajo de periodistas por cuanto la publicidad es la herramienta de mayor ingreso para el sustento de los medios de comunicación y la financiación del trabajo de periodistas autónomos/independientes.
5. Efectivamente es necesario que la contratación de publicidad no sea utilizada para resaltar la imagen del alcalde, gobernador o partido político. Por esto los ordenadores del gasto deben asegurarse que el contenido principal de la publicidad tiene especialmente información de utilidad para la ciudadanía, evitando la excesiva mención de funcionarios de la entidad.

Finalmente, la Fecolper que agremia a periodistas y trabajadores de los medios en el país y cuya directora es la comunicadora Adriana Hurtado, evidenció a la Procuraduría la importancia de los medios locales y periodistas independientes que tienen como principal ingreso la publicidad oficial y solicitó respetuosamente que la Procuraduría General de la Nación ajuste el numeral 4.1 de la Directiva 16, para evitar las afectaciones mencionadas.