En el día de ayer, lunes 19 de enero de 2009, en la Asamblea Departamental, la veeduría ciudadana “por la salud y la educación del Cauca”, discutió sobre las investigaciones que se adelantan por el caso del depósito de más de 11 mil millones en la empresa Probolsa S.A. y cuyas transacciones se efectuaron desde la tesorería del Departamento.
Los integrantes de la veeduría, entre los que se encuentran líderes políticos de diversas corrientes de la región, indicaron que la situación presentada en la tesorería es muy grave, y que por tanto, deben darse las soluciones del caso para no ir en detrimento de las finanzas públicas del Cauca, sobre todo ahora que existe una evidente crisis de carácter social en todo el país.
Para el diputado Wilson Narváez, uno de los integrantes de la veeduría ciudadana “es grave la situación presentada con Probolsa S.A. porque no es una empresa vigilada y autorizada por la Superintendencia Financiera, a lo cual hay que agregarle que hubo plata que fue invertida a través de programas de la Gobernación del Cauca a esa firma, por lo cual debió ser aprobada por la Asamblea, por eso estamos investigando”.
Y añade que “si bien es cierto, como lo indica el propio gobernador que hubo una extralimitación de funciones por parte de la ex tesorera del Cauca, nos parece que tanto él como el Secretario de Hacienda también tuvieron conocimiento de estos hechos, y por eso tienen que aclararse estos procedimientos, hacia allá tienen que llevar las investigaciones”.
A su turno la representante a la Cámara, Gema López de Joaquí argumentó que “no es justo que la plata de la educación y la salud se esté yendo para otros lugares, es que hay que tener en cuenta que se delegan las funciones pero no las responsabilidades y el Gobernador debía conocer esa situación, por eso no se puede decir que eso se desconocía”.
Incluso, asegura la parlamentaria, “que quien decide para dónde se va el dinero es el ordenador del gasto, entonces cómo afirmar que no se conoce nada al respecto, y sino dónde está el control jerárquico en la Gobernación del Cauca. Eso es lo que se debe aclarar para establecer las responsabilidades y que los dineros perdidos se devuelvan totalmente al Cauca”.
Pero además la veeduría ciudadana considera que la pérdida de millonarios recursos del Departamento “es un grave atentado contra el interés público y constituye conductas posiblemente delictivas contra el patrimonio económico, la administración pública, la administración de justicia, la fe, la integridad y la seguridad pública”.
Para los veedores, “el Contralor del Cauca, ocupó un alto cargo directivo en la campaña electoral del actual Gobernador… y que estas relaciones de subordinación o parentesco no garantizan la imparcialidad, objetividad, independencia y autonomía de los organismos de control y de investigación por cuanto se constituyen en claras causales de impedimento”. Y agregan que por eso, “el Contralor, Álvaro Urbano debe declararse impedido para actuar dentro de la investigación del caso Probolsa S.A.”. Así mismo solicitan que sea el mismo Contralor General de la República quien asuma por parte de ese ente de control la investigación de los hechos relacionados y los procesos de responsabilidad fiscal correspondientes.
Por último piden al Gobernador del Cauca la convocatoria a sesiones extras de la Asamblea Departamental para efectuar el correspondiente control político frente a los hechos denunciados y “a la necesidad urgente de fortalecer los esquemas financieros y de control de la Gobernación sobre los recursos que son propiedad de todos los caucanos”.

El Contralor Departamental del Cauca dijo que “eso lo define la ley no la veeduría y si dentro del análisis legal yo me tendría que declarar impedido pues lo haría, pero en el momento considero que no existe ningún tipo de inconveniente o de inhabilidad para declararme impedido”.
Por su parte, el Secretario Privado de la Gobernación, Darío Fernando Daza afirmó que quien “fue el propio Gobernador el primero en pedir a los organismos de control investigar el caso de Probolsa S.A. y que la primera acción que se tomó fue solicitarle a la Tesorera que se retirara del cargo para facilitar la investigación al respecto. Por eso es importante pedir también mucha responsabilidad a los líderes de la veeduría y tener cuidado con las declaraciones que hacen por ejemplo, la parlamentaria Gema López de Joaquí y el diputado Wilson Narváez quienes han dicho cosas que nada tienen que ver con la realidad de la situación. Por ejemplo, se ha dicho que el Gobierno Departamental ha invertido recursos en una pirámide cuando eso es totalmente falso”.

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