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Domingo, 20 de septiembre de 2020. Última actualización: Hoy

CARTA DE LA COMUNIDAD ITALO-VENEZOLANA AL PRESIDENTE CIAMPI

El jueves 7 febrero, 2008 a las 6:12 pm

Habiendo sido confirmada la visita del teniente coronel Hugo Chavez a Italia, pedimos a los ciudadanos apoyar esta carta que se hará llegar al Presidente de la República de Italia Exc. Prof. Carlo Azeglio Ciampi, donde se recapitula la situación transcurrida de los últimos seis años en Venezuela y las consecuencias sufridas tanto por la comunidad italo-venezolana como por el pueblo venezolano. En vista de la represión continua del régimen sufrida por muchos ciudadanos por haber apoyado con firmas la solicitud del referendo revocatorio presidencial, encontramos indispensable mantener la confidencialidad de aquellas personas que decidan apoyar esta carta.

En la carta que se entregará al Presidente italiano, solo aparecerá el nombre y apellido de la persona. Los demás campos colocados son opcionales.

Red Venezuela-Italia

S.E. Prof. Carlo Azeglio Ciampi
Presidente de la República de Italia

Señor Presidente:
Somos ciudadanos italianos residentes en Venezuela, intérpretes del sentimiento de toda la gran familia italo-venezolana, de los hijos y descendientes de italianos de ciudadanía venezolana y de los ciudadanos venezolanos residentes en Italia. En vista de la anunciada visita oficial a Italia del Presidente de Venezuela, teniente coronel Hugo Chávez Frías, nos permitimos elevar a la atención de Su Excelencia los principales acontecimientos que han caracterizado, desde 1998 hasta hoy, su gobierno y que están erosionando las bases de la democracia venezolana y continental, en pro de un inquietante diseño autoritario, extra-constitucional, que pretende imponer el mismo comandante Chávez.
A nivel internacional es ampliamente conocida la situación de polarización ideológica y social provocada en los diferentes sectores de la sociedad por la acción del comandante Chávez, dirigida a la actuación sistemática y progresiva de tal diseño, desde que asumió la presidencia, en 1999.
Desde el principio, en efecto, sus actuaciones han provocado continuos enfrentamientos de gravedad cada vez mayor entre los diferentes sectores de la población, en los cuales se han visto involucrados también ciudadanos de nacionalidad europea e italiana. El gobierno italiano está en conocimiento del caso – denunciado a nuestra Embajada en Caracas – de Cosimo di Biella, emigrante desde muy joven a Venezuela, donde había formado una familia. El primero de marzo del año pasado, un día de fuertes protestas callejeras y de gravísimos enfrentamientos, di Biella fue asesinado en circunstancias que no han sido nunca aclaradas, mientras regresaba en automóvil a su casa, sin que hasta ahora las autoridades se hayan pronunciado sobre las responsabilidades del caso, mientras permanecen como indiciados algunos policías y miembros de la Guardia Nacional.
Todas las manifestaciones de protesta cívica contra este incipiente autoritarismo no han recibido respuesta alguna, sino que más bien han sido puntualmente criminalizadas y castigadas con dureza y obstinación por el régimen del comandante Chávez, quien, lejos de tomar en cuenta sus motivaciones y abrirse al diálogo y a la discusión, ha escogido la vía de la imposición autocrática de su voluntad, fortalecido por los poderes que ya están todos en sus manos, comenzando por la mayoría de la Asamblea Nacional -que en lugar de responder al electorado, actúa según las órdenes del Ejecutivo- hasta las Fuerzas Armadas.
Así sucedió con la manifestación de protesta del 11 de abril del 2002, cuando más de un millón de personas que marchaban pacíficamente por las calles hacia el palacio presidencial, se convirtieron en blanco de francotiradores seguidores del gobierno (algunos de los cuales fueron identificados, enjuiciados y luego absueltos por “legítima defensa”, otros fueron capturados y sueltos un día despues de los hechos), con un saldo de veinte muertos y centenares de heridos. Ante esta protesta, el comandante Chávez reaccionó ordenando a sus generales la activación del llamado “Plan Avila”, un plan que prevé, la intervención del ejército para contener con las armas a los manifestantes. Los generales se negaron a seguir esta orden.
Del mismo modo concluyó el paro de diciembre 2002-febrero 2003, con el despido de 20.000 trabajadores petroleros, la eliminación por retaliación de más de 100.000 puestos de trabajadores de compañías contratistas del sector petrolero, y la imputación de los mayores promotores del paro; en particular, el Secretario General de la CTV (Confederación de Trabajadores de Venezuela), Carlos Ortega, quien, por amenazas de muerte, tuvo que exilarse en Costa Rica. Luego de ingresar clandestinamente a Venezuela, Ortega fue arrestado y encarcelado.
A fines del año 2002, la crisis institucional de Venezuela se impuso finalmente a la atención de la comunidad internacional, en particular de la OEA, que después de haber promovido una mesa de negociaciones entre el gobierno y la oposición, también con la mediación del Centro Carter, llevó a las partes en conflicto, en mayo de 2003, a convenir en una solución electoral, prevista en el artículo 72 de la Constitución Bolivariana: el Referéndum Revocatorio del mandato presidencial, que pudo celebrarse finalmente despues de año y medio, a mediados de agosto de 2004.
Infinitos fueron los obstáculos interpuestos por el gobierno y el Consejo Nacional Electoral (CNE) con mayoría oficialista, con el fin abiertamente declarado de boicotear la celebración del referéndum, comenzando por el vejatorio reglamento para la recolección de las firmas, que obligó a más de un millón de ciudadanos a expresar nuevamente, en un indignante “acto de reparación”, la propia voluntad de firmar.
Pero, por haber hecho uso de ese derecho constitucional, los firmantes de la petición de referéndum resultaron y todavía resultan víctimas de un trato discriminatorio y punitivo a causa del uso inconstitucional e inicuo de una lista con sus nombres, que se hizo del conocimiento público luego de su publicación ilegítima en la página web de un diputado chavista, con la complicidad del CNE. Esta discriminación contra los firmantes se ha manifestado en la negación de trabajo en la administración pública o en la imposibilidad de participar en licitaciones públicas, obtener la pensión o enfrentando todo tipo de obstáculos para obtener documentos como el pasaporte, la cédula de identidad e incluso en la distribución de las ayudas a los damnificados de las últimas inundaciones.
Se calcula que entre la convocación del referéndum y su celebración, el 15 de agosto de 2004, el Ministerio del Interior procedió a la identificación o nacionalización e inscripción sumaria en el registro electoral de más de dos millones de personas sin identificación y de emigrantes clandestinos, sobre todo colombianos, muchos de los cuales solicitados por las autoridades judiciales de ese país, como el llamado “ministro del exterior de las FARC”, Rodrigo Granda, quien votó en el referéndum mientras pendía sobre él un mandato de captura internacional “desconocido” a los cuerpos de inteligencia venezolanos.
La oposición había denunciado reiteradamente que las manipulaciones oficialistas del registro electoral lo estaban viciando totalmente, reduciendo la confiabilidad de todo el proceso referendario, pero la confirmación indiscutible de ello se tuvo comparando los desconcertantes resultados anunciados por el CNE con los de los exit pools efectuados por observadores independientes y la oposición. De hecho, tras esos resultados, que sin la mínima transparencia y verificación, reconfirmaron en el poder al teniente coronel, el señor Chávez ha dado un ulterior viraje al régimen en sentido aún más autoritario, que está acelerando su consolidación en el poder, a costa de la demolición del sistema democrático y en clara violación de la Constitución promovida por él mismo.
La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional, violando la Constitución, impuso con mayoría simple la aprobación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que prevé, entre otras cosas, un considerable aumento del número de magistrados que lo conforman y que la misma Asamblea pueda designarlos con mayoría simple. De esta manera, de un solo golpe, Chávez ha sometido a la voluntad del ejecutivo – constituido en su mayoría por los militares que lo acompañaron en su fallido golpe del ’92 y por ex guerrilleros filocastristas – sea tanto el poder legislativo como el judicial, que ya no son más expresiones autónomas e independientes del pluralismo político, sino meros instrumentos de imposición de la voluntad presidencial. El nuevo Presidente del TSJ, en efecto, declaró públicamente ser “revolucionario” y bolivariano; es decir, sujeto a la voluntad del ejecutivo, poniéndole así la cruz al principio de independencia de la magistratura.
Con la aprobación de la nueva “ley sobre la responsabilidad de los medios radiotelevisivos”, que introduce de hecho el reato de opinión, se violenta también la libertad de expresión sancionada por la Constitución, al permitir la intimidación y la persecución judicial de los periodistas más activos en los temas políticos y provocar la autocensura de los medios. En fin, con la reciente reforma del Código Penal se introdujeron nuevos tipos de reatos penales relacionados con la libertad de pensamiento, de reunión y participación política, ahora fuertemente limitadas y fiscalizadas, a fin de poder penalizar cualquier manifestación de disenso.
En materia de Derechos Humanos, en el informe de Amnesty International del año 2004 se cita a Venezuela por el hostigamiento del gobierno contra los medios de comunicación y los periodistas, además que por la impunidad de la cual gozan todavía los responsables de la matanza del 11 de abril de 2002, por el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos policiales y por el papel de justicieros que han asumido arbitrariamente algunas policías regionales contra presuntos delincuentes y por las reiteradas denuncias de tortura. Hace pocos días, el Parlamento Europeo hizo un llamado al gobierno de Venezuela para que «tome medidas efectivas contra las torturas y matanzas perpetradas por las fuerzas policiales», así como para «garantizar la libertad de expresión y el libre acceso a la información. Actualmente 248 ciudadanos están bajo juicio por delitos de carácter político y se prevé a dentro de poco la lista de procesados por las mismas razones llegue a 800, acusados en su mayoría de haber promovido manifestaciones de la oposición, como la del 11 de abril de 2002, o por haber demostrado abiertamente su disenso.
En cuanto al desempeño económico del gobierno de Chávez, la deuda publica aumentó de 2.3 millardos de bolívares en 1998 a 23.3 millardos en 2003 (474% en US$), no obstante que en los últimos años Chávez haya recibido ingresos petroleros por 120.000 millones de US$, los más elevados en absoluto. Además, la política económica de corte estalinista promovida por el coronel Chávez ha provocado la desaparición de casi el sesenta por ciento de pequeñas y medianas empresas privadas existentes en Venezuela, muchas de las cuales creadas y manejadas por ciudadanos italianos, con un aumento considerable del desempleo y de los empleados en la economía informal, solo parcial y temporalmente incorporados en los costosos programas de emergencia (las llamadas “misiones”), con un saldo en términos de desocupación total de aproximadamente 19%, el aumento de los empleos precarios dependientes del Estado de casi 100%, la subida del índice de pobreza a 73% y un incremento de 8% de la pobreza critica, es decir, de la población que vive con menos de un dólar al día (Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas-INE).
El señor Chávez, en definitiva, lejos de haber creado riqueza y promover su justa distribución, está utilizando a fondo perdido los recursos del erario público para ganarse el consenso de las clases marginales de la población, obteniendo así un apoyo efímero, pero llevando el país hacia la quiebra, como hace prever la última reciente devaluación, único caso de devaluación en el continente, incluyendo Cuba. También el derecho fundamental a la propiedad privada está en vilo, a pesar de las normas constitucionales que lo consagran. En efecto, son toleradas y hasta promovidas las invasiones de propiedades en nombre de un demagógico fin igualitario que no resuelve, sino más bien aumenta, los gravísimos problemas de desigualdad social existentes en Venezuela.
Finalmente, los confusos incidentes en que el gobierno ha resultado involucrado por haber actuado, por decir poco, con demasiada indulgencia hacia terroristas buscados internacionalmente vinculados con la narcoguerrilla colombiana, como en el citado caso Granda, la ambigüedad oficial ante la comunidad internacional que esperaba una toma de posición clara del gobierno venezolano en esta materia, los constantes ataque verbales contra el presidente Bush y su gobierno, contra la vecina Colombia, la carrera armamentista y la pretendida organización paramilitar de un millón y medio de milicianos, son todos hechos que generan serias dudas sobre la naturaleza democrática y los proyectos continentales del señor Chávez.
En tal contexto, la población venezolana, amenazada y sin tutela legal, ya no se atreve a manifestar más su disenso y ello se percibe de modo preocupante también en la comunidad italo-venezolana.
Nos despedimos con la esperanza de que en las futuras relaciones entre Italia y Venezuela, Su Excelencia, cuya pasión democrática y gran respeto por la libertad y los derechos humanos son bien conocidos por todos, invocará siempre como condición de cualquier acuerdo entre los dos países los principios del respeto democrático, la defensa de los derechos humanos y la promoción del estado de derecho, incluso cuando se traten las también importantes relaciones bilaterales de tipo económico-comercial.
De usted muy respetuosamente,
Subscriben,
http://www.petitiononline.com/colombia

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