Por su parte, el Gobierno del presidente Álvaro Uribe estudia la posible declaración del estado de emergencia económica para manejar la crisis social causada por las oficinas que captan dinero ilegalmente.

El equipo jurídico de la Presidencia ya estudió la posibilidad de decretar dicho estado especial, que está previsto por la Constitución colombiana para permitir al Ejecutivo dictar medidas con fuerza legislativa en casos especiales por un plazo inicial de 30 días.

El presidente Uribe ha tenido varias reuniones con sus asesores desde el viernes y en las próximas horas se reunirá de nuevo con todo el gabinete para adoptar la decisión.

El fenómeno de las «pirámides» entró en crisis la semana pasada cuando comenzaron a desaparecer los responsables de varias oficinas que recibían dinero en metálico a cambio de pagar intereses de hasta el 300 por ciento.

Según el Gobierno, en los últimos tres años funcionaron en el país al menos 240 de esas compañías piratas que pudieron recaudar unos 800 millones de dólares ofreciendo triplicar los fondos.

El pasado miércoles se registraron disturbios en varias ciudades colombianas, en las que se decretó el toque de queda para contener las protestas, que dejaron dos muertos, mientras que un tercer ahorrador defraudado se suicidó.

Entre tanto, el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, le pidió a las autoridades regionales que «colaboren para identificar dónde se está haciendo esa captación» de dinero. El ministro explicó que «se van a endurecer las penas y se va establecer un nuevo tipo de delito que no va a ser excarcelable».

El presidente Uribe afirmó que las «pirámides» son parte de la «cultura mafiosa» y la ambición de ganancia fácil y rápida. Como consecuencia de esta crisis, el viernes renunció el superintendente financiero, César Prado.