Las autoridades capturaron a diez personas investigadas por su presunta participación en la agresión a comunidades de desplazados y a funcionarios del INCODER en medio de una invasión violenta a un predio ubicado en la vereda San Antonio, zona rural del municipio de Popayán.
El procedimiento judicial fue adelantado por funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía, y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal (CTI) de la Fiscalía, quienes recibieron información, a través de una fuente humana, sobre la ubicación de las personas que en el mes de marzo de 2014 agredieron a un grupo de desplazados y funcionarios del INCODER cuando se iba adelantar la posesión de la finca La Esperanza, ubicada en la localidad mencionada anteriormente.
Recurriendo a la violencia, los hoy investigados habrían desplazado a esta población y a los funcionarios, además invadieron el predio, impidiendo así la actuación de las autoridades.
Es de recordar que el pasado 4 de marzo de 2014 se habría presentado además el delito de invasión de tierras o edificaciones, en este conflicto entre los beneficiarios de la finca y los campesinos de la vereda San Antonio, ya que la Fiscalía General de la Nación convocó a un espacio de conciliación, el cual fue negativo pues no se llevó a cabo ninguna diligencia, el caso se abrió nuevamente el día 22 de julio de 2014, luego de que algunos campesinos nuevamente habrían ingresado de manera violenta e invadieron el predio La Esperanza.
Por tal razón, la autoridad competente adelantó la correspondiente investigación para sancionar penalmente ese comportamiento, considerado delictivo. Fue de esta manera que mediante información suministrada por fuente humana, los funcionarios de la Sijín y del CTI de la Fiscalía ubicaron a 10 personas, quienes están solicitadas mediante orden de captura por el delito de invasión de tierras, secuestro y tortura, emanada por el Juzgado Promiscuo Municipal con Función Control de Garantías del municipio de Rosas.
Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien los cobijó con medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario San Isidro de Popayán, mientras avanza el correspondiente proceso penal.
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