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Capturan a Santiago Uribe por presuntos nexos con paramilitarismo

El lunes 29 febrero, 2016 a las 2:12 pm
Santiago Uribe Vélez

Foto: www.lafm.com.co

Agentes del CTI de la Fiscalía capturaron en la tarde de este lunes a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, en el marco de la investigación que se adelanta por la conformación y expansión del grupo paramilitar conocido como «Los 12 Apóstoles» en el municipio de Yarumal (Antioquia) en los años noventa.

Uribe Vélez fue detenido en el barrio El Poblado de Medellín, es investigado por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. En abril de 2014 rindió indagatoria ante la Fiscalía General de la Nación. En dicha diligencia negó haber financiado o apoyado la creación de dicho grupo señalado de asesinar en un grupo de personas en dicho municipio acusándolas de apoyar a guerrilleros.

El 23 de mayo de 2010 se conoció el testimonio del mayor (r) Juan Carlos Meneses Quintero en el que acusaba a Santiago Uribe Vélez de haber creado y mantenido en los años 90 una estructura paramilitar, conocida después como la de “Los 12 Apóstoles”, la cual cometió varios crímenes con la complicidad con la Policía en el departamento de Antioquia.

Meneses, quien era el comandante de policía de Yarumal, aseguró que Santiago Uribe Vélez, junto a otros ganaderos de la región, tuvo la idea de conformar un grupo armado para proteger a los negociantes que eran víctimas de extorsiones por parte de grupos subversivos que delinquían en la zona. Para esto entregaron dinero para comprar el armamento suficiente.

Dentro del testimonio el oficial narró que en 1993 cuando llegó a Yarumal le advirtieron que existía “un grupo de personas que hace limpieza, o sea limpieza social, o sea desaparecer a las personas que se identifican como guerrilleros, como ladrones, como secuestradores, extorsionadores, o sólo expendedores de vicio, o viciosos, usted lo único que tiene que hacer es cuando ese grupo vaya a hacer un trabajo usted tiene que colaborarles».

«Le pregunto ‘cómo es esto, capitán’, y me contesta: ‘vea, el grupo tiene un jefe que se llama Santiago Uribe Vélez, que es el hermano del (entonces) senador Álvaro Uribe. Él es un ganadero de la región que tiene la hacienda cerca de Yarumal, la hacienda La Carolina. Él es el jefe de este grupo paramilitar”, precisó el mayor en su declaración.

En su testimonio Meneses aseguró que cuando le presentaron a Santiago Uribe este le manifestó que cada mes le iba a entregar una suma de dinero “por colaborarle”, señalándole que la actividad que ellos adelantaban en dicho municipio tenía el visto bueno y el apoyo de las autoridades departamentales y nacionales.

Durante sus tres meses como comandante, Meneses aseguró que “suscitaron unos incidentes” en los cuales un grupo de personas fueron asesinadas “y yo le presté a Santiago la colaboración para que el grupo del cual él era el jefe pudiera cometer sus asesinatos”.

«Así empezamos en enero de 1993, estuve febrero, marzo, a principios de abril me sacaron porque el escándalo fue a nivel nacional con medios de comunicación, se destapa el mal llamado grupo de los Doce Apóstoles. En el tiempo que yo estuve nunca se llamó Doce Apóstoles. Son los medio los que empezaron a usar ese nombre porque supuestamente había un sacerdote metido en ese grupo, que era el padre Palacios”, precisó.

La defensa del ganadero había señalado que las acusaciones son parte de un complot y de hecho denunciaron a Meneses por el delito de falso testimonio.

El 3 de marzo de 2015, a Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia le negó una tutela a Santiago Uribe, en la que pedía que se le ordenara al fiscal décimo delegado ante la Corte Suprema que definiera su situación jurídica.

En la acción de tutela Uribe afirma que se le «están vulnerando sus garantías fundamentales al debido proceso». Uribe sostiene que aunque desde el 22 de diciembre de 1995 se abrió una investigación penal en su contra por una declaración de Albeiro Martínez Vergara, desde entonces el caso no ha avanzado ni la Fiscalía ha definido si le imputa cargos o archiva el proceso en su contra.

La Corte Suprema negó la tutela al considerar que «no es procedente» porque la justicia constitucional no puede «inmiscuirse» en trámites judiciales en curso, o ya terminados, «para interferir, modificar o sustituir las determinaciones allí pronunciadas».

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