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Capturan al alcalde de Buenaventura y otros funcionarios por corrupción

El lunes 31 agosto, 2015 a las 4:53 pm

Bartolo Valencia Ramos, alcalde de Villa Rica

Junto a siete personas más, fue capturado Bartolo Valencia Ramos, alcalde de Buenaventura, por pagar doble precio por contratos de educación y otras irregularidades.

La Fiscalía General de la Nación capturó al alcalde de Buenaventura (Valle del Cauca), Bartolo Valencia Ramos, un secretario del despacho, el exsecretario de Educación de la época y cinco contratistas, por presunta corrupción.

La operación se efectuó en el puerto sobre el Pacífico, luego de que labores investigativas permitieran establecer que al parecer ocurrieron irregularidades en la ejecución de seis contratos suscritos el año 2012 para cubrir la insuficiencia educativa en esta localidad vallecaucana.

Según la Fiscalía, dichos contratos habrían sido otorgados sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional y habrían sido otorgados directamente; pero, a su vez, los contratistas subcontrataron con instituciones educativas de las que ellos hacían parte. El valor de los contratos es de 3.070 millones de pesos.

Jorge Fernando Perdomo - vicefiscal general de la Nación

El vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, manifestó que esta operación es “consecuencia de la intervención que hicimos el año pasado en Buenaventura. De allí surgió la denuncia por esta corrupción”.

El funcionario explicó que el CTI hizo efectivas las capturas, luego de que un juez de control de garantías diera las respectivas órdenes ante solicitud de la Fiscalía.

Los capturados quedaron a disposición del fiscal del caso y serán trasladados a la ciudad de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), donde se llevarán a cabo las audiencias preliminares de legalización de capturas, formulación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

Perdomo dijo que para el año 2012, la Alcaldía de Buenaventura presentó un estudio donde decía que aproximadamente 48 mil alumnos no tenían cupo en Buenaventura. Como consecuencia de eso, el Ministerio de Educación Nacional, a través del Sistema General de Participaciones, autorizó 21.000 cupos.

Así, la ciudad contrató a 97 operadores bajo la modalidad de contratación directa para que prestaran el servicio de educación en la ciudad. Y allí aparecieron las denuncias. La Fiscalía, informó el vicefiscal, después de recibirlas, hizo las primeras revisiones a seis contratos y halló que en ellos se decía que cada uno de los 3.845 menores favorecidos en esos seis casos le costaba un millón de pesos al municipio.

Curiosamente, los seis operadores hicieron subcontrataciones con 33 operadores para prestar ese mismo servicio por la mitad del valor que ya había pagado el municipio. Es decir, mientras el municipio pagó el servicio a un millón de pesos por cabeza, estos contratistas pagaron solo 500 mil pesos.

Los seis operadores vinculados a la investigación son la Fundación Perla ONG, Fundación Etnoeducativa del Pacífico, Fundación Cooperativa del Pacifico, Corporación Mujeres del Pacifico Defendiendo la Pobreza, Corporación Héroes del Saber y Corporación Gimnasio Cooperativo del Pacífico.

Algunos de los contratistas son empresas creadas pocos días antes de la firma de las convenciones para prestar este servicio educativo y no poseen al menos los tres años de experiencia que la ley exige. Los investigadores hallaron, dijo Perdomo, que se subcontrató con 33 operadores la prestación del servicio a la mitad del precio que pagó el municipio.

Asimismo, aparecieron niños clonados y niños fantasma. Los mismos menores fueron hallados en varias listas y en varios colegios, Además, surgieron nombres de servicios prestados para menores de edad que nunca nacieron, “es decir, eran niños fantasma”, explicó Perdomo. Además, los contratos se suscribían a 8 meses, cuando la ley decía que debían hacerse por lo menos a diez meses.

Perdomo explicó que los delitos que la Fiscalía les formulará son contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación.

La gravedad de la situación llevó a la Fiscalía a revisar los otros 91 contratos que se suscribieron para superar la emergencia educativa.

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