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Martes, 7 de febrero de 2023. Última actualización: Hoy

CAÍDA LIBRE (ll).

El lunes 12 diciembre, 2016 a las 6:18 pm
José López Hurtado

JOSE LOPEZ HURTADO / Analista Internacional, colombiano.

La disyuntiva siempre ha estado ambientada por los partidarios de lado y lado: el predominio de la justicia como pilar fundamental de las sociedades modernas, o el perdón u olvido, así este involucre los crímenes mas horrendos, con tal, presuntamente, de asegurar el restablecimiento del sistema democrático (!).

La amnistía universal, dicen sus defensores a ultranza, es necesaria como elemento sine-qua non para lograr la pacificación y reconciliación nacional entre los sectores enfrentados, como lo han estado en Colombia, el Estado y el terrorismo.

Pero cuando esas leyes han traspasado la sensible frontera de los delitos de lesa humanidad, lo cual ha sido de común ocurrencia, como se ha visto en Argentina, El Salvador, Chile, Uruguay; la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado la evidente incompatibilidad de esas normas y las leyes internas, y con la propia Convención Americana, según la línea jurisprudencial desarrollada desde 1992 por ese organismo.

Ha estimado la Corte que las disposiciones de borrón y cuenta nueva, priva a las víctimas del derecho a obtener una investigación judicial en sede criminal, que permita individualizar y castigar a los responsables, y lo más importante, dice, les ha coartado el inalienable derecho a la reparación integral por parte de sus victimarios.

Los tribunales de Ruanda, la ex- Yugoslavia y el propio Estatuto de Roma, prohíben las amnistías generales para los casos de crímenes graves que atenten contra el derecho internacional humanitario (DIH), la Convención de Ginebra de 1949, y su Protocolo Adicional I (genocidio, esclavitud, deportación, tortura, etc.), cuando su violación sea sistemática, generalizada y dirigida contra la población civil.

Por eso, esas leyes de amnistía, con el paso de los años se han «caído», porque han privilegiado la impunidad, por encima de los derechos de las víctimas, así la figura esté consagrada como una facultad de los Estados dentro del consuetudinario Derecho Internacional Humanitario.

Como acaba de ocurrir en El Salvador en julio del presente año con la ley que impidió la investigación y el juzgamiento de los crímenes cometidos durante 12 años que duró la guerra civil, y que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de ese país.

O como en Surinam, asolado por la ola de sangre traducida en inenarrables asesinatos y torturas contra la población civil que desató el golpe militar entre 1980 y 1988, y que la CIDH fue enfática en declarar frente al perdón y olvido que «la amnistía no es defensa a las violaciones alegadas» y que «el Estado no puede invocar sus leyes internas para evitar sus obligaciones internacionales”.

Con todo y eso, seguros estamos de que asistiremos a otros eventos de similar naturaleza muy pronto, y por lo tanto, lejos todavía de asistir a » El fin del eufemismo», como llamó alegremente el periodista argentino Horacio Verbistky (2001- Diario «Pagina 12»), a las amnistías que en América Latina han sido.

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