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Martes, 23 de julio de 2024. Última actualización: Hoy

Autonomía escolar y libertad de cátedra

El martes 18 junio, 2024 a las 11:44 am
Autonomía escolar y libertad de cátedra
Autonomía escolar y libertad de cátedra / Imagen: https://www.unicauca.edu.co/
Álvaro Morales Sánchez
Por Álvaro Morales Sánchez
Exdirectivo Nacional de FECODE

De los muchos aspectos positivos de la Ley General de Educación que conquistó el magisterio colombiano hace 30 años, uno de los más destacados es la autonomía escolar, respecto de la cual el artículo 77 de esta Ley estableció: “Autonomía escolar. Dentro de los límites fijados por la presente ley y el proyecto educativo institucional, las instituciones de educación formal gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional.”; el Ministerio de Educación puede establecer unos lineamientos, pero no puede definir los contenidos de las áreas fundamentales de conocimientos definidas por la ley ni introducir áreas optativas, ni imponer métodos de enseñanza, porque estas facultades quedaron en manos de las instituciones educativas, en desarrollo del principio de autonomía escolar; las instituciones educativas y sus órganos de gobierno deberán tener en cuenta las necesidades y características regionales para adaptar a ellas las áreas del conocimiento que estimen necesarias; al igual que las áreas obligatorias, sus objetivos también están establecidos en esta Ley y dentro de ellos debe moverse la autonomía escolar.

Aparejada a la autonomía escolar existe la libertad de cátedra. Éste es un derecho consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política Nacional, aplicable a todos los niveles educativos y garantiza la autonomía de los profesores para impartir conocimientos y expresar sus opiniones en el ámbito académico, sin interferencias ni censuras; el único requisito que se exigible a los docentes para aplicar este principio es que lo desarrolle en consonancia con los contenidos del Proyecto Educativo Institucional, definido por los órganos de dirección del plantel en desarrollo de la autonomía escolar. De acuerdo con este derecho, el sistema educativo en general y los planteles educativos en particular deben respetar la diversidad de ideas y promover el desarrollo de un pensamiento crítico.

Durante los treinta años de vigencia de la Ley 115/94, las autoridades educativas de todos los gobiernos han puesto cortapisas a la autonomía escolar, intentando eliminarla, para regresar al sistema de imposición de los contenidos, la metodología y todo lo relacionado con la definición del currículo de las instituciones educativas. Por la vía de reglamentación de la Ley, mediante decretos, circulares, directivas ministeriales y toda suerte de actuaciones administrativas, se entronizaron conceptos como educación por competencias, estándares básicos de competencias, lineamientos curriculares, promoción automática y otros cuantos que conspiran contra la autonomía de las instituciones educativas y sus integrantes para definir su Proyecto Educativo Institucional.

Todos estos atentados contra la autonomía escolar se han desarrollado bajo gobiernos neoliberales que siguieron a pie juntillas las orientaciones del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE y toda suerte de organismos internacionales que

intervienen en la soberanía educativa del país con el fin de adecuar nuestro aparato productivo a los intereses y planes de expoliación de las grandes corporaciones multinacionales. Por eso resulta todo un contrasentido que sea bajo el control del que se define a sí mismo como “el gobierno del cambio”, que prometió reformas sustanciales en varios aspectos cruciales de la vida nacional, como salud, educación, pensiones, trabajo etc., esté a punto de aprobarse hoy una reforma a la educación que, como lo explican los docentes agrupados en FECODE, diversas organizaciones de jóvenes y los instructores y alumnos del SENA, define una política educativa que causa profundo deterioro a la educación pública, fortalece las propuestas de privatización de los sectores más retardatarios, castiga a los docentes con la evaluación punitiva, elimina la obligatoriedad del preescolar de tres grados en la educación pública, entre otras muchas definiciones retardatarias.

Una de las consecuencias más lesivas del acuerdo al que llegaron los partidos afines al gobierno con los sectores políticos que siempre han sido enemigos de la educación pública, es la eliminación definitiva de la autonomía escolar y la libertad de cátedra, al definir como política de Estado, ordenada por una Ley Estatutaria, la educación basada en competencias y estándares y trazar el camino expedito para la imposición del currículo único.

La movilización de los maestros colombianos, iniciada el 12 de junio y liderada por FECODE, consiguió una primera victoria: obligó a los congresistas más cercanos al gobierno, los del Pacto Histórico, a recular frente al acuerdo al que habían llegado con los partidos de la oposición para aprobar el proyecto en tercer debate en la Comisión Séptima del Senado de la República y a redactar una ponencia diferente para llevar a la plenaria de esa corporación, mientras que los congresistas de la derecha presentarán otra ponencia. Pero el pleito no termina aún, porque en la plenaria podría ser aprobada una Ley que conserve varias de las propuestas lesivas la educación pública y para los docentes. La última palabra sobre el destino de este proyecto la tiene el gobierno, con el antecedente de las afirmaciones de la ministra de Educación, Aurora Vergara, y del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que dijeron no estar dispuestos a retirar el proyecto, que es la petición central de los maestros y los demás sectores que se movilizan en su contra. De esta manera, la decisión está en manos del presidente Gustavo Petro, a sólo dos días de vencerse el plazo para el fin del actual período legislativo.

En el país retumba la voz de los docentes: “Presidente, retire el proyecto de Ley Estatutaria de la educación!!!”

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