Viernes, 9 de junio de 2023. Última actualización: Hoy
Archivos y Suspicacias
Por Alfonso J. Luna Geller
Toda la documentación, escrituras de predios, certificados de tradición y libertad, que son sometidos a continua utilización y consulta administrativa en las oficinas de registro de instrumentos públicos, es decir, los archivos de gestión cotidiana de Popayán, Santander de Quilichao, Caloto, Puerto Tejada, El Bordo, Silvia, en el Departamento del Cauca, y de otras regiones del país (en total son 16, incluyendo a Cartagena e Ibagué), serán trasladados a una bodega en Funza, Cundinamarca, por disposición de laSuperintendencia de Notariado y Registro, que le dio por asumir la delicada tarea de custodiar directamente la memoria documental de estos pueblos, según “un contrato con un operador en gestión y digitalización documental, con el objeto de realizar dicha labor…”
Esto indica que el ciudadano que tenía que padecer trámites, demoras, incomodidades, idas y venidas de la notaría a la oficina de registro, de aquí al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), pasando por las oficinas de planeación municipal y de catastro, de ésta a la tesorería y a otra oficina de recaudo de impuestos para la Gobernación, y muchas veces, siempre, regresar por correcciones, certificados, recibos y otros documentos, enfrentando malgeniados y prepotentes funcionarios pero en su misma ciudad, de ahora en adelante tendrá que entenderse con un desconocido operador que despachará, se imagina uno, desde Funza, en Cundinamarca, quien decidirá préstamos y envíos de escrituras públicas y otros documentos que hasta hoy estuvieron disponibles en la ciudad de origen. Si en estos pueblos nuestros donde todo queda relativamente cerca, donde se puede ejercer el control cívico directo, era un verdadero viacrucis formalizar un inmueble ¿cómo será ahora que imponen un nuevo centralismo colonialista? ¿Cómo será buscar un documento archivado en una bodega junto con los de todo el país? ¿Administrados por unos desconocidos, pues la Súper no informa quién es el famoso operador? El enredo multiplicado al máximo en un país donde se ha demostrado que la corrupción en la administración pública es directamente proporcional al incremento de los trámites. Buena contribución.
Sí, corrupción. En Colombia no se ha salvado de este flagelo ninguna institución. Y el servicio registral de la propiedad inmobiliaria, lógico, tampoco.
Ahora, los ciudadanos afectados todavía no han entendido por qué si la Superintendencia de Notariado y Registro, que tiene funciones de inspección, vigilancia y control sobre las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país, descubrió (tarde, porque Vélez García, el superintendente, lleva 7 años en el cargo) que esas 16 oficinas de registro “no cuentan con los sitios de bodega de archivo que cumplan con las condiciones y la normatividad emanada por el Archivo General de la Nación…”, lo cual no es cierto en la mayoría de los casos, y por eso hay que desmantelarlas, pues ha debido disponer su “Intervención” de manera oficiosa y reorganizarlas en su sitio, no en Funza, como lo dispuso, despojando a estas ciudades de su memoria histórica.
Director técnico de registro, Libardo R. Sierra Pacheco.
Entonces surgen las “suspicacias”, como calificó las inquietudes de los ciudadanos y de autoridades locales el director técnico de registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, Libardo Rafael Sierra Pacheco, en entrevista con este servidor; declaración que se publica abajo. Es que las “suspicacias” son naturales y obligatorias en el ejercicio del periodismo.
El aseo y reorganización de archivos se puede hacer mejor “in situ”, como es de sentido común, inclusive la digitalización y la indexación, en el marco de las políticas y regulaciones del Gobierno en Línea que se aplica en la Administración Pública. ¿Por qué en Funza, si con mecanismos debidamente soportados en las tecnologías vigentes, se pueden remitir expedientes electrónicos? Es más, se puede establecer la interoperabilidad entre procesos notariales y registrales, el seguimiento electrónico de procesos, etc. Pero nada de esto, hay que llevarse todo para Funza. Las intenciones siguen veladas.
¿De dónde surge la suspicacia? Estudiando las numerosas monografías y ensayos sobre la dinámica de tierras y el acontecer socioeconómico del Cauca fácilmente puede colegirse que en los últimos 50 años de historia, que coinciden con el conflicto armado que aquí se ensañó, son inmensas las extensiones de tierra dedicadas a la agroindustria, a la explotación minera, a la ganadería o los cultivos intensivos que por el despojo, el desplazamiento y la redistribución forzada no han podido ser legalizadas, y resulta que, coincidencialmente con el aseo que le dio por hacer a Vélez García, el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera dispone en el Punto 1 la “Reforma Rural Integral”, que se deben regularizar los derechos de propiedad, desconcentrando y promoviendo una distribución equitativa de la tierra, para lo cual el Gobierno creará un Fondo de Tierras de distribución gratuita, tierras que provendrán de la extinción judicial de dominio a favor de la Nación, las recuperadas a favor de la Nación, es decir, baldíos indebidamente apropiados u ocupados; las recuperadas mediante procesos agrarios, sin perjuicio de los campesinos que puedan ser beneficiarios del programa de formalización; las provenientes de la actualización, delimitación y fortalecimiento de la Reserva Forestal; las recuperadas mediante la aplicación del actual procedimiento de extinción administrativa de dominio por incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad; las adquiridas o expropiadas por motivos de interés social o de utilidad pública y las adquiridas para promover el acceso a la propiedad rural, con la correspondiente indemnización.
¿Saben quiénes pegaron el brinco? Se imaginarán. Están aterrorizados de que haya justicia social. Entonces, interviene la Superintendencia de Notariado y Registro para trasladar toda la memoria de tierras a Funza en Cundinamarca, con el inédito interés del superintendente de hacer aseo en las oficinas de registro y custodiar personalmente, por intermedio de un desconocido operador, todas la escrituras públicas y el registro de la tradición de tierras de una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado.
Acepto mis suspicacias y las que me han testimoniado muchos ciudadanos, incluyendo a lapersonera municipal de Santander de Quilichao, Carmenza León Larrahondo, quien en sus declaraciones para Proclama del Cauca reconoce que “no somos competentes para intervenir el convenio celebrado con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID”, entidad que a su vez celebró el contrato con el desconocido operador. Por eso acudió a denunciar lo que está ocurriendo a la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Dirección General de Archivo, a la Alcaldía de Santander y al Concejo Municipal.
La personera León L., también fue significativa al manifestar que “el archivo de Santander de Quilichao se trasladará contrariando normas legales sobre archivos” y que le pidió al superintendente de notariado y registro suspender el proceso hasta que se llenen todas las formalidades legales”.
Es importante recordar que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santander de Quilichao en simultánea gestiona y archiva lo correspondiente a los municipios de Buenos Aires, Suárez, Caldono, Villa Rica y Jambaló que también serán perjudicados con la absurda decisión de la Superintendencia con motivaciones no claras para los intereses de todos los ciudadanos del norte del Cauca.
Ojalá nos demuestren lo contrario, que las suspicacias están mal orientadas y que todo se hace en beneficio de la paz estable y duradera, y de una alegre convivencia entre todos los colombianos. Aclaradas todas las intenciones, acompañaremos al presidente Santos en su anuncio: “La corrupción es la otra guerra que tenemos que ganar”.
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