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Aquí no pasa nada

El miércoles 25 marzo, 2015 a las 3:01 pm
Diogenes Diaz Carabalí

Diógenes Díaz Carabalí

Nada pasa. A pesar de los escándalos. Pese a la gravedad de los hechos. Es como si hubiéramos perdido nuestra capacidad de asombro, como si el límite de la normalidad social careciera de importancia, como si no nos importara la afectación que los actos causan al resto de nuestros connacionales, como si la vergüenza hubiera desaparecido de los rostros.

De alguna manera, por lo menos la mayoría de los colombianos, depositaban su confianza en los jueces. Imaginábamos que por allí reposaba la ética, la moral, que sus decisiones estaban ajustadas a derecho, que su imparcialidad era garantía para el sostenimientos de unas estructuras que aunque mínimas defendían a los ciudadanos. Muchos éramos capaces de meter la mano al fuego por defender a los impartidores de justicia, desde los jueces de pueblo pasando por los tribunales regionales y las altas cortes, aunque muchos fallos derivaran en leyes, usurpando la función legislativa del congreso como representante del legislador primario.

Lo ocurrido en las altas cortes, con magistrados vinculados con graves delitos, no solo muestra la crisis del sistema, sino que desmotiva a los ciudadanos y profundiza el deseo de aplicar, como se ha vuelto tradición, la justicia por mano propia. Agreguemos que el sistema carcelario se ha convertido en ineficiente, ha hecho agua para reprimir el delito, aspecto que no padece solo nuestro país, es crisis global, por lo que sociólogo y analistas consideran que debemos ventilar otros medios para castigar y regenerar al delincuente, pues en los códigos del reprimido la cárcel aparece como lugar de descanso, asueto, vacaciones, de donde salen con nuevos bríos para continuar su carrera delictiva, aunque otros van más allá, para considerar que se trata de la crisis del modelo de gobierno, que impide la regeneración y vinculación social de quien comete un delito. Mucho se atreven a proponer que debemos regresar a sistemas medievales: castrar a los violadores, amputar una extremidad al ladrón, marcar con mecanismos evidentes a quien cometa delitos públicos, aislar en colonias a los asesinos.

Lo cierto es que el estado social de derecho, que define las relaciones judiciales de nuestra democracia, se encuentra en graves crisis. Han fallado las personas; han fallado los sistemas de control; fallan los códigos; fallan los sistemas de formación de los profesionales del ramo; fallan los mecanismos logísticos de elección de los funcionarios encargados de aplicar las leyes, y desde atrás fallan quienes están encargados de su designación. Lo ocurrido con el magistrado Pretelt es solo un ejemplo del estercolero que cunde en la rama desde hace muchos años, desde cuando nació el dicho de que “la justicia es para los de ruana”, lo que significa que el problema viene desde la introducción de esta querida prenda en nuestras tradiciones y costumbres.

Esperemos que el país reaccione sin demagogia, sin favorecimientos particulares, porque estamos acostumbrados que las leyes, en este país, se hacen de acuerdo a las conveniencias de un individuo (caso la reelección presidencial, por citar un caso) y no por el interés general y de las mayorías.

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