Es de destacar, que en la actualidad no existe una reglamentación clara que prohíba la entrega en concesión o en administración y gestión del cobro tributario a empresas o particulares, quienes finalmente terminan beneficiándose con los recursos de los pueblos, municipios o departamentos de una manera exuberante.
Por su parte el representante Santiago Castro destacó: «Este es un gran logro que le permite al país tener herramientas legales para asegurar que la función pública indelegable de la administración de los recursos provenientes del recaudo de impuestos, no pueda bajo ninguna circunstancia ser llevada a cabo por un particular».
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