Según lo aprobado por el Congreso, en ningún caso serán objeto de amnistía o indulto los delitos de lesa humanidad, el genocidio, “los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación de grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual”, entre otros.

El objetivo de la ley es conceder amnistías e indultos por los delitos políticos y conexos, así como adoptar tratamientos penales especiales diferenciados para agentes del Estado “que hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado».

El presidente del Senado, Mauricio Lizcano destacó que, de esta manera, “5.700 guerrilleros comenzarán a bajar del monte y entregar sus armas. Ellos gozarán de este beneficio que trae la paz, porque no son investigados por delitos de lesa humanidad”; agregó que dicho listado será entregado por las Farc y verificado por la Justicia.

Esta no es la primera vez que en Colombia se implementa la figura de amnistía. En los gobiernos de Belisario Betancourt, Virgilio Barco, César Gaviria y Ernesto Samper, se otorgaron beneficios a integrantes del M-19, el Epl, el Eln y las Farc. Bajo la Ley 418 de 1997 los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez también concedieron este tipo de beneficios con algunas diferencias.