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Amenazas, crímenes y suspicacias

El jueves 19 septiembre, 2019 a las 5:47 pm
Amenazas, crímenes y suspicacias

Amenazas, crímenes y suspicacias

Amenazas, crímenes y suspicacias

Lo que más produce suspicacias sobre la masacre del municipio de Suárez, ocurrida el domingo primero de septiembre en horas de la noche, en la cual fue asesinada Karina, su madre, y otras cuatro personas, es la inmediatez con que el Gobierno Nacional, sin mediar ningún tipo de investigación sistemática sobre los acontecimientos ocurridos, indicó quiénes fueron los asesinos, descalificando el accionar de otros actores armados antes de establecer técnicamente las pruebas que permitieran la certeza.

Luego de que el ministro Botero acusó a la columna disidente Jaime Martínez del hecho, anunció una recompensa de $100 millones por información que permitiera la captura de Leider Johani Noscué, Mayimbú, jefe de la disidencia. La cifra luego aumentó a $1000 millones.

Suspicacias, porque contradijo alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo: “La incertidumbre es una característica fundamental dentro de este escenario, toda vez que la población civil, que había logrado sobrevivir con un grupo armado ilegal en su territorio, se ve enfrentada ahora a varios grupos armados ilegales, que al parecer se encuentran desprovistos de elementos políticos e ideológicos, y están volcados sobre el control de las economías ilegales”. Además, la Defensoría advirtió que las amenazas registradas eran atribuidas tanto a las disidencias de las Farc, como a las Águilas Negras, a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC; y a otros grupos criminales sin identificar.

Suspicacias, porque las autoridades indígenas del norte del Cauca desde meses anteriores venían denunciando ataques contra la vida e integridad de los habitantes de esa región, incluso señalando que actores armados como las disidencias de las Farc, el Eln, bandas criminales y carteles de droga mexicanos, eran los responsables de las amenazas e intimidaciones.

Suspicacias, porque a finales de abril pasado el mismo ministro de Defensa se tuvo que retractar de haber afirmado que la muerte de Dimar Torres, excombatiente de las Farc, había sido un accidente, «un forcejeo», para luego tener que confirmar que se trató de un asesinato por parte de un militar.

Lo mismo ha ocurrido con casos similares. Recuerden, por ejemplo, que a principios de Julio el señor Botero en una entrevista en Blu Radio, dijo que en Colombia ya no existe el paramilitarismo, que solo “hay gente mala matando gente buena, esa es la verdad”. Antes, había tenido que rectificar su error sobre el responsable del crimen de María del Pilar Hurtado Montaño, la mujer que fue asesinada en Córdoba frente a uno de sus hijos, pues lo primero que dijo era que el responsable de este homicidio había sido el Eln, sin embargo, en el mismo Ministerio aclararon que el funcionario se estaba refiriendo a otro caso. Ante la equivocación, el ministro señaló que “quiero aclarar que continúan las investigaciones por homicidio de María del Pilar Hurtado. Aún no se ha determinado con total certeza el autor de este execrable hecho. Toda la determinación para dar con los responsables”.

Suspicacias, porque desde el 11 de agosto empezaron a aparecer los afiches de campaña de Karina con su rostro manchado de color negro. Es más, la estigmatización política, las amenazas y advertencias se multiplicaron en los dos días anteriores a su asesinato y ninguna autoridad se dio por enterada o quiso ejercerla.

Suspicacias, porque Orlando García, padre de Karina, dijo a varios medios de comunicación dos días después de la masacre que los “responsables de crimen de mi hija son sus contendores políticos”. Lo cual merecía la apertura de una investigación, pero ya había sido desviada desde el comienzo.

Suspicacias, porque según Ariel Ávila, politólogo subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, en el “Tercer informe de violencia y dinámica electoral 2019”, demostró que “hay políticos que están ordenando asesinar a sus competidores” por lo cual sugiere que “se debería investigar a los actores políticos del departamento del Cauca”.

También sostuvo el citado informe que “no existe, hoy, un tipo de organizaciones criminales asesinando o amedrentando a candidatos. En su mayoría se trata de sicarios contratados para quitar a competidores políticos del camino”.

“La Fundación Paz y Reconciliación ha encontrado que en algunos casos, como en el Cauca, un candidato publicita un panfleto diciendo, por ejemplo, que su contrincante político apoya las fumigaciones aéreas. Esto, en muchas zonas, significa ponerle una lápida al candidato señalado”. ¡Preciso! Claro está que más adelante señala Ávila: “Para nosotros, los responsables son de un grupo disidente de las Farc. También debo decir que las investigaciones nos indican que este asesinato habría sido instigado y pagado por alguien”… “Esto sucede porque el sistema político está diseñado para que funcione de manera mañosa o corrupta”.

¿No merece todo esto una investigación penal seria, sistemática, definitiva y rápida, antes de dar declaraciones sin fundamentos técnicos a los medios de comunicación?

En resumen, las amenazas y los crímenes están en el orden del día de la actual campaña política y no debería el Gobierno Nacional descartar de plano ninguno de los factores que están incidiendo en “este clima que termina envalentonando a los políticos regionales y dándoles una justificación a los homicidios”, y al contrario, esperamos las decisiones que tome para garantizar la culminación de la jornada electoral sin más amenazas, ni crímenes, ni declaraciones que den origen a las suspicacias.

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