Diana Patricia Herrera, Coordinadora de la Agencia Nacional de Tierras, en el Cauca, destacó el ejemplo del municipio de Santa Rosa, en la bota caucana, donde se pusieron de acuerdo tanto indígenas, como afros y campesinos, para delimitar y convivir pacíficamente en el territorio.  Hizo un llamado a seguir el ejemplo en la resolución de “desarmonías territoriales”, como las que se presentan en el norte del Cauca alrededor de la propiedad de la tierra e impiden la paz.  

Informó que una tarea urgente del gobierno, además de permitir el acceso a la tierra a las comunidades, será el garantizarles seguridad jurídica, siempre y cuando la trabajen y cumplan con la función social y productiva.

Informó que este gobierno se propone comprar 73.000 hectáreas en el Cauca, 12.000, en el 2023 y formalizar la propiedad de 153.000 Has, 61.000 Has este año.

Lucy Quiñonez, Directora encargada de la Agencia de Desarrollo Rural, informó que esta oficina estructura y cofinancia proyectos productivos que tengan mayor impacto en las comunidades, mediante convocatorias públicas. También facilitan la asistencia técnica directa en conjunto con las UMATAS y la Secretaría de Agricultura Departamental y virtual. También apoyan proyectos de adecuación de tierras, sistemas de riego para cultivos sostenibles y comercialización por medio de ruedas de negocios, mercados campesinos, y agroferias. Recordó que por ley entidades del estado como hospitales y los contratistas públicos deben privilegiar en las compras de sus productos a las asociaciones de campesinos.

Giovanni Yule, Director de la Agencia Nacional de Restitución de Tierras, informó que desde que abrieron sus puertas en el gobierno de Santos, en el Cauca han logrado 400 sentencias individuales de restitución de propiedades y 12 en beneficio de comunidades étnicas. En este gobierno y con el apoyo de las guardias indígena, cimarrona y campesina y juntas de acción comunal, esperan acceder a regiones del departamento de difícil acceso. Para agilizar procesos de restitución esperan que en el Cauca abran otros juzgados de jurisdicción agraria.

María Palechor, de Suárez, Cauca, una de las 16 veedoras del proyecto del Alto Patia y Norte del Cauca, informó que han tenido dificultades para cumplir su labor en la vigilancia a la ejecución de los proyectos desarrollados en los municipios favorecidos como PDETs, pues “algunos funcionarios y alcaldes se dedicaron a hacer politiquería con los fondos de la paz”.  En la Agencia de Desarrollo Rural, ADR, tuvieron dificultades para vigilar el manejo de los recursos y fueron estigmatizados y amenazados. La universidad Javeriana es la institución que más los ha apoyado en la capacitación y respaldo para que puedan cumplir con la veeduría.

Para mostrar la desarticulación entre instituciones y comunidades, dijo que “Las comunidades decidían unas obras y las instituciones ejecutaban otras”, dándole prioridad a las placas huellas.

Hizo un llamado a que las comunidades se integren para poder hacer seguimiento a la correcta ejecución de las obras para que no interfieran otros intereses y que los veedores sean independientes y no empleados de los alcaldes y los políticos.

“Que los del anterior gobierno aclaren que pasó con los fondos de la paz”.

Los representantes de las comunidades se reunieron en 10 mesas de trabajo para discutir sus necesidades y sistematizar propuestas a presentar a las entidades del gobierno que condensa su política en tres puntos fundamentales: “1. Desarrollar políticas de gobierno que den respuesta a las demandas económicas, sociales, culturales y ambientales de los territorios más vulnerables. 2.Reducir las violencias armadas y de los factores que las generan en aras de generar condiciones para una paz duradera y definitiva. 3. Afrontar la desigualdad y la inequidad desde el enfoque de la seguridad humana y una nueva mentalidad en la fuerza pública y los organismos de seguridad”.

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