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Miércoles, 2 de diciembre de 2020. Última actualización: Hoy

Alerta roja por grave riesgo de la industria azucarera

El domingo 21 junio, 2015 a las 12:50 am

Alerta roja en el norte del Cauca por posibles decisiones del Gobierno nacional

Azucareros 2

La institucionalidad colombiana pretende tomar decisiones en contra del sector azucarero, justificadas a primera vista como una defensa de los derechos del consumidor y el libre comercio, pero que en realidad responden a orientaciones de agencias internacionales, con el fin que el Estado desmonte instrumentos de protección de la producción nacional, fue una de las conclusiones que arrojó una reunión realizada este sábado 20 de junio en el Club Los Andes, de Santander de Quilichao, Cauca, coordinada por los senadores Luis Fernando Velasco y Jorge Enrique Robledo, a la que asistieron el gobernador del Cauca Temístocles Ortega y los representantes a la Cámara Crisanto Pizo y Carlos Julio Bonilla; delegados de la Cámara de Comercio de Cali, la directora de la Cámara de Comercio del Cauca, Oriana Mendoza y la directora regional de la ANDI Cauca, Yolanda Garcés. También estuvieron presentes Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajo CGT y Mauricio Ramos, coordinador general de Sintrainagro, además de industriales, empresarios, alcaldes, cultivadores, proveedores de insumos y trabajadores.

Azucareros 1

El foro tuvo como objetivo analizar las consecuencias que puede tener en el sector agropecuario nacional la posibilidad que el Gobierno elimine regulaciones que antes contaban con todo su apoyo y sospechosamente ahora recibirían su rechazo.

Azucareros 3

Como se sabe, todo se desencadenó desde cuando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación formal (año 2012) contra los ingenios azucareros Riopaila Castilla, del Cauca, Manuelita, Providencia, Mayagüez, La Cabaña, Pichichí, Risaralda, San Carlos, Carmelita, Central Tumaco y María Luisa, como también contra Asocaña, entidad que los representa y otras entidades del sector (Ciamsa, Comercializadora Internacional de Azúcares y Mieles y Dicsa, Desarrollos Industriales y Comerciales), por realizar, presuntamente, prácticas contrarias a la libre competencia, como la distribución de cuotas de exportación según la capacidad de producción, obstrucción de la participación del azúcar importada en el mercado doméstico y planeación estratégica de precios, entre otras conjeturas.

Temistocles Ortega

Temístocles Ortega Narváez, gobernador del Cauca

El origen de este proceso que hoy tiene a los ingenios azucareros defendiéndose comenzó con una queja de la Asociación de Agroindustriales del Bocadillo Veleño, Asoveleño, Comestibles San Antonio y una más en conjunto de Coca Cola, Bavaria, Ajecolombia, Nestle, Bimbo, Compañía Nacional de Chocolates, Galletas Noel, Meals de Colombia, y Casa Luker, que solicitaron a la SIC investigar el comportamiento del mercado de azúcar en Colombia, para establecer si se estaba actuando como cartel para subir los precios.

Juan Cristobal Romero

Juan Cristobal Romero, Ingenio La Cabaña

Salvaguardias a las importaciones, mecanismo que blinda del ingreso masivo de productos agropecuarios y de la reevaluación, en la mira del Gobierno Nacional

Luis Fernando Velasco

Senador Luis Fernando Velasco

Consecuentemente, se detectó que lo que buscan los denunciantes con las acusaciones es que se elimine el llamado FEPA, Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar, cuyos objetivos son de estabilización, procurar un ingreso remunerativo, regular la producción nacional e incrementar las exportaciones, y la Franja Andina de Precios, que garantizan el mantenimiento de más de un millón de empleos, la ocupación lícita de 230 mil hectáreas y la estabilidad de un sector que ha sido el motor de desarrollo social y económico en los cinco departamentos de su influencia: Valle del Cauca, Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío. Son pues, los instrumentos con que el Estado protege la producción agrícola en Colombia de una feroz competencia mundial por nuevos mercados, fuentes de materias primas y mano de obra barata, mientras que las potencias económicas sí mantienen su producción altamente protegida. De ahí que sea innegable el comportamiento dominante y en ocasiones agresivo, que las multinacionales tratan de imponerle al país pero presionándolo para que el Gobierno elimine sus instrumentos de protección a cambio de nada o de algunas prerrogativas. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, llamado el club de los países ricos), por ejemplo, tiene aranceles promedios del 94%, pero recomienda a Colombia que tiene un arancel promedio de 39%, la eliminación de subsidios y la totalidad de los fondos de sustentación, a cambio de seguir vendiendo lo mismo.

Jorge Robledo

Senador Jorge Robledo

En estas circunstancias, la Asociación Nacional de Industriales de Colombia –ANDI– había emitido un comunicado en el cual se resaltó la importancia que el sector azucarero ha tenido para el desarrollo de la agroindustria en Colombia y especialmente en el Valle del Cauca, donde ha sido “ejemplo de pujanza y responsabilidad”. Igualmente, hizo un llamado para que las investigaciones se cumplan sin señalamientos a priori sobre la conducta de las empresas comprometidas y además solicitó que “no se califique de manera precipitada a las compañías del sector como un cartel, como ha ocurrido en algunos medios de comunicación. No podemos condenar a priori a los investigados, práctica que ha hecho carrera en nuestro país», dice el señalado escrito.

Julio Roberto Gómez

Julio Roberto Gómez Esguerra, presidente CGT

Al destacar la importancia del sector azucarero en el Valle del Cauca y el país, el gremio de los industriales hizo también un llamado a la objetividad y la justicia, con el fin de construir un ambiente de competitividad y de seguridad jurídica para todos los actores de la cadena “que permita que Colombia sea un líder mundial no solamente en los primeros eslabones de la misma, sino en sus etapas de mayor valor agregado, como es el caso del sector alimentos».

Carlos Julio Bonilla Soto 2

Representante a la Cámara Carlos Julio Bonilla Soto

“Pensar en eliminar los instrumentos de protección de un sector industrial que enfrenta fenómenos adversos como sobre-oferta, reevaluación, especulación e importaciones, es poner en peligro la existencia del mismo, a pesar de que este es el renglón de la economía que más empleo genera en el suroccidente colombiano y tiene la más alta participación en el PIB agrícola de esta región, además de que puede llegar a ser el punto de partida de una crisis social mayúscula, pues por cada empleo directo, se crean 28,4 empleos indirectos” sostuvo el representante Carlos Julio Bonilla Soto a Proclama del Cauca.

German Lozano

En resumen, la puja entre proveedores y transformadores de azúcar se está dando en un contexto de fuertes presiones por parte de agencias internacionales para eliminar las ayudas al sector agroindustrial. Por consiguiente, es muy probable que el Gobierno y la Superintendencia fallen a favor de los intereses foráneos y en contra de las industrias nacionales.

En este sentido, el senador Luis Fernando Velasco comparte la idea que se debe llegar a un acuerdo con el Gobierno, y enfatiza en que se debe hacer dentro del marco del Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP) y del Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (FEPA). Pero advirtió que si no hay solidaridad del Gobierno con el sector azucarero, los industriales, trabajadores, académicos, estudiantes, deben cerrar filas para que se mantenga la protección del trabajo, la industria y por ende, de la soberanía nacional, asunto que se hará con una gran movilización que se realizaría en la ciudad de Cali.

Por su parte, el senador Jorge Enrique Robledo le reiteró al presidente Santos y al Ministro de Agricultura que “esos mecanismos son necesarios para la estabilidad social y económica de los sectores panelero y agroindustrial de la caña de azúcar, y que el país no puede, por favorecer a unas pocas empresas del subsector de los dulces y la chocolatería, afectar a seis millones de personas que derivan su sustento de la panela y la agroindustria de la caña de azúcar. Creo que no tiene sentido este tipo de decisiones, mucho más si se evalúa el costo-beneficio, especialmente desde el punto de vista social”. Cuando John A. Santa María Otazua, director general de Femsa, la embotelladora más grande de Coca-Cola en el mundo, justificó el aumento en el precio de sus productos con el supuesto alto costo del azúcar en Colombia, el senador Robledo se preguntó: “si la Coca-Cola es más cara por el costo del azúcar, según Femsa, ¿por qué la Coca-Cola es entre 54 y 100% más cara que la gaseosa Big Cola? Malo que Coca-Cola presione con falacias el desmonte del sistema que protege, del azúcar extranjero, la producción y el empleo nacional”.

El senador Robledo evidenció que no son los precios del azúcar los causantes del aumento en los precios de la Coca-Cola, como lo muestran las diferencias de precios de Coca-Cola y Big Cola en tiendas y supermercados, al contrario, para Robledo, la campaña en contra de la protección al empleo que genera el sector azucarero nacional obedece a la implementación sistemática de la política del libre comercio y a los desarrollos ulteriores de los TLC, entre ellos el firmado por Colombia con los Estados Unidos. Para Robledo “es inaceptable que Coca-Cola pretenda aumentar sus grandes ganancias en Colombia a partir de hacerle daño al azúcar y a la panela nacional”.

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