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Alarma en el norte del Cauca y sur del Valle por sanción a ingenios azucareros.

El lunes 12 octubre, 2015 a las 1:36 pm

“Es una pena de muerte para el sector azucarero”: Néstor Humberto Martínez

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En lo que se constituye como la más cuantiosa multa jamás impuesta a empresas y personas de cualquier sector de la economía nacional, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una sanción de $324.000 millones a la Asociación de Cultivadores de Caña, Asocaña, al igual que a las empresas Ciamsa y Dicsa, a 12 ingenios azucareros y a 14 directivos del sector, a quienes sindica de haber obstruido importaciones del granulado desde Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica.

La decisión del Gobierno Nacional desató una ola de indignación entre empresarios, trabajadores, dirigentes políticos y beneficiarios indirectos de la industria azucarera que desde ya comenzaron a planificar reacciones, pues se considera que “es una pena de muerte para el sector azucarero”, principal soporte económico y social del Cauca, Valle y Risaralda.

La Superintendencia inició las investigaciones contra la industria azucarera regional luego de que en el 2010 la Compañía Nacional de Chocolates, Noel, Casa Luker, Nestlé, Bimbo, Meals de Colombia S.A., Coca-Cola, Bavaria, entre otras, presentaron quejas ante la entidad por el precio del azúcar. El resultado, cinco años después, fue la exorbitante multa, por una presunta “cartelizción” empresarial.

Reacciones iniciales

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El abogado y exministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, apoderado de varios de los ingenios, quien calificó las elevadas multas como “confiscatorias”, dijo que pese a ello “apelamos a la sensatez y el sentido de la justicia del superindentente porque en realidad es una pena de muerte que se le impone al sector azucarero nacional”. Aseguró que la multa que se le impuso a Ciamsa equivale al 50 % de su patrimonio y la de Asocaña supera cuatro veces el patrimonio. Martínez Neira, evidenció que frente a las utilidades que la industria azucarera colombiana reportó en el 2014, necesitaría varios años de trabajo dedicada solo a amortizar el pago de las sanciones, lo que posiblemente la llevaría a la quiebra y al cierre de sus operaciones.

A esta voz se unió José Roberto Concha, director del Consultorio de Comercio Exterior de la Universidad Icesi, quien opina que la multa es “absurda, pues supera las ganancias del sector; no conozco una sanción de ese tamaño, además me parece que es un golpe al mayor sector productivo del Valle del Cauca”. El académico aseguró que el tamaño de esa multa es una estocada en el corazón de esta industria y para la región que vive y ha crecido de la caña de azúcar.

El gerente de la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, seccional Valle, Gabriel Velasco, dijo que las multas “sí pueden llegar a sobrepasar el 100% de las utilidades de algunas compañías, hecho que significaría un golpe importante a la economía regional”.

El ingenio Riopaila Castilla, a través de un comunicado resaltó que “durante el proceso se han cometido fallas graves procesales y se nos ha violado el debido proceso, el derecho legítimo a la defensa”.

Por su parte, el abogado Pablo Cáceres, apoderado de Asocaña, afirmó que “las acusaciones de la Superintendencia son falsas. En el caso de Asocaña quedó demostrado “hasta la saciedad que las importaciones nunca se obstruyeron” y añadió que “en la investigación nunca se mencionaron importaciones procedentes de Guatemala y El Salvador, por lo cual es abiertamente ilegal una sanción sobre hechos que no figuran en la investigación”.

Diego Martínez, director de Información de El País, planteó que los ingenios no se unieron para evitar la importación de azúcar como lo afirmó la resolución sancionatoria de la SIC, y añadió que “el tal pacto para obstruir las importaciones del azúcar no existió. La prueba es que en los últimos diez años han entrado al país 1.6 millones de toneladas de azúcar importada».

El presidente de la Confederación General del Trabajo, Julio Roberto Gómez, dijo que la medida es “una mortal estocada que sumirá en su peor crisis económica al sector azucarero colombiano y que afectará los puestos de trabajo de miles de operarios”. Al solicitar la revocatoria de la sanción, advirtió que el titular de la SIC pasará a la historia como el liquidador de la industria azucarera colombiana en momentos en que el país afronta una grave crisis económica y amenaza con llevar al fracaso las políticas de generación de empleo.

Cómo se afectará la región

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Según un estudio de Fedesarrollo la caña de azúcar genera 188.500 empleos entre directos e indirectos en la región. Además destaca que los empleos rurales generados por la agroindustria de la caña son formales, pues los corteros de caña tienen contrato laboral con las prestaciones de ley y seguridad social vigentes.

Según el mismo estudio, en educación, la agroindustria azucarera apoya 20 instituciones educativas, 15 de ellas públicas, que cubren 12.591 niños, niñas y adolescentes en educación básica y media. Adicionalmente, el trabajo se articula con programas de formación técnica y tecnológica.

Otra de las acciones del sector tiene que ver con la protección al medio ambiente, pues Asocaña coordina la conservación de 20 cuencas hidrográficas a través del Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad.

En impuestos el sector aportó en el 2014 $30.000 millones en impuesto de renta; $15.300 millones en predial e impuestos locales y $7.200 millones en retenciones y aportes de nómina.

Bancada parlamentaria abre debate sobre sanción a los azucareros

Teniendo en cuenta estas circunstancias, además, que la sanción estaría equivocada y desproporcionada, que se afectarían 188.000 grupos familiares en una región que busca consolidarse como escenario para el posconflicto, y que llevaría a la quiebra a todas las cooperativas y pequeñas empresas que prestan servicios a los ingenios, la bancada parlamentaria del Pacífico, conformada por más de 10 senadores y casi 25 representantes, se reunirá para sentar una posición unificada sobre esta situación.

Trabajadores, sindicalistas y patronos

Raul Vergara

Raul Vergara

En Guacarí, Pradera, Florida, Candelaria, Palmira, La Paila, Miranda, Corinto, Puerto Tejada, Guachené, Villa Rica, inclusive Caloto y Santander de Quilichao, además de otros municipios del Valle e inclusive de Risaralda, la sanción va a repercutir negativamente, por lo cual este lío del azúcar logró unir a trabajadores, sindicalistas y patronos en una sola consigna de defensa.

Por lo anterior se anunciaron marchas, previo un llamado al presidente Juan Manuel Santos: «le estamos pidiendo muy comedidamente, desde la clase obrera, con la mano en el corazón, que por favor no nos vaya a masacrar laboralmente, no nos vaya a quitar el pan de la boca», dijo Raúl Vergara, presidente del sindicato del Ingenio La Cabaña.

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Hace pocos meses, en un hecho sin precedentes, la CUT, la CGT, la CTC, el gremio de los empresarios, el gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, alcaldes y congresistas, se reunieron en Santander de Quilichao y coincidieron en el clamor que le han venido planteando al presidente Santos sobre las consecuencias que traería desmontar el Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP), que permite estabilizar el costo de importación de unos productos agropecuarios, que se caracterizan por una marcada inestabilidad en sus precios internacionales, y el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (Fepa), que genera un ingreso rentable a los productores de azúcar, consiguiendo que se regule la producción nacional, y manteniendo y haciendo crecer la oferta de producto para los diferentes mercados.

Foto Santiago Saldarriaga EL TIEMPO

Foto Santiago Saldarriaga EL TIEMPO

Es más, el senador Jorge Enrique Robledo también había expresado su temor por la intencionalidad del Gobierno de hacer parte del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), una iniciativa del Gobierno estadounidense para impulsar la liberación del comercio antes del 2020. “Tenemos que unirnos; verán una movilización enorme. Esta lucha se puede ganar”, dijo el senador.

Alerta azucar

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