Popayán sufre una sobrecarga vehicular, según la base de datos de matriculados en la Secretaría de Tránsito Municipal, hay 73.552 vehículos, 42 mil motos y 18 mil automóviles, 7 mil camionetas y 2 mil camperos.  Como masa flotante circulan entre 140 mil y 300 mil vehículos, es decir, el 80% están matriculados en otras ciudades, a esto se suman las 5 o 7 mil motos de otros municipios, dedicadas al mototaxismo, servicios domiciliarios o a realizar trabajo informal.

Es urgente la renovación de la flota con buses confortables y ecológicos, ojalá acompañado del transporte público gratuito para la población estudiantil, debidamente matriculada en los colegios y universidades de la ciudad, pasajes financiados con la sobretasa a la gasolina, subsidios del gobierno, o con descuentos tributarios por donación de bonos a entidades educativas, sin poner en peligro la sostenibilidad financiera del transporte público sustentada en una mayor inclusión social y desincentivar el uso excesivo del vehículo particular.

Los nuevos vehículos, deberán ser eléctricos o híbridos, con capacidad para movilizar entre 24 y 36 personas sentadas y una autonomía diaria de 25 kilómetros, con sistemas de plataforma automática para personas con movilidad reducida, con monitores para pagar con tarjeta prepago, tiquetes gratuitos para estudiantes, programación de rutas, control de accidentalidad y con bajas emisiones de Dióxido de Carbono (CO2). El corredor para la nueva flota de buses necesita al menos unas 34 rutas, para cubrir la demanda de viajes del casco urbano, con frecuencia entre cinco y ocho minutos, diseñadas con los agentes operadores del transporte público de la ciudad.

Por mandato del artículo 18 de la Ley 336 de 1996, el permiso para prestar el servicio público de transporte es revocable, y obliga a su beneficiario a cumplir lo autorizado bajo las condiciones en él establecidas; a su vez, conforme al numeral 5º del artículo 3º de la Ley 105 de 1993, el otorgamiento de permisos o contratos de concesión a operadores de transporte público particulares, no genera derechos especiales diferentes a los permisos para operar cerca de 130 buses que necesita la ciudad para atender  los viajes de los ciudadanos.