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Martes, 11 de agosto de 2020. Última actualización: Hoy

A prisión miembros de las Fuerzas Militares involucrados en tráfico de armas para las Farc

El miércoles 6 mayo, 2015 a las 12:42 pm
Tráfico de armas

Foto: Apoyo.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de garantías de Bogotá envió a la cárcel La Picota de esta ciudad, con medida de aseguramiento, a los 19 presuntos integrantes del cartel de “Los Pixelados”, integrado por miembros del Ejército Nacional, policías activos y civiles que traficaban con armas de la Fuerzas Militares con destino a grupos armados ilegales como las Farc, las bandas criminales (Bacrim) y la delincuencia común.

Los hechos se registraron desde el 2012 hasta el 29 de abril del 2015, cuando fueron capturados, por la venta de armas de corto y largo alcance, granadas manuales y de fragmentación, municiones y explosivos con destino a los frentes VI y X del Bloque Oriental de las Farc.

Entre los procesados se encuentran 7 militares activos y 2 retirados y un policía activo de la seccional de Cundinamarca, a quienes les fueron imputados los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y explosivos agravado por la coparticipación criminal, que contempla una pena de mínimo 22 años de prisión.

Tráfico de armas

Al mismo tiempo fueron señalados del delito de financiación al terrorismo, cuya pena oscila entre 13 a 20 años de cárcel, y peculado por apropiación que tendría una condena entre 6 y 12 años de prisión, por tratarse de servidores públicos.

“El armamento era sacado de las guarniciones militares en Bogotá o Neiva (Huila) y luego llevado por medio de correos humanos a municipios del Cauca y otros departamentos para abastecer al terrorismo”, afirmó la fiscal delegada en el caso, al sustentar la necesidad y urgencia de la medida de aseguramiento.

La Fiscalía advirtió que se trata de una conducta grave de los uniformados toda vez que, tienen un deber constitucional de proteger a los ciudadanos colombianos y no defraudar la confianza pública.

“Deben proteger la vida y honra de los ciudadanos, pro en cambio abastecían a los grupos terroristas, bacrim y como si fuera poco a la delincuencia común, todos ellos enemigos de la fuerza pública”, concluyó la Fiscal Tercera de la Dirección Nacional Especializada contra el Terrorismo, encargada del caso.

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