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Domingo, 7 de marzo de 2021. Última actualización: Hoy

8 spoilers de la cuestión étnico-campesina en 2021

El martes 23 febrero, 2021 a las 1:06 pm

8 spoilers de la cuestión étnico-campesina en 2021

Estos son los 8 temas clave en cuestiones étnicas y campesinas que emergerán, o continuarán su desarrollo, a lo largo de este año que acaba de empezar.

Carlos Duarte
Carlos Duarte

He decidido, por su complejidad inherente, dividir este ejercicio de anticipación a los principales tópicos que afectaran la cuestión étnico-campesina a lo largo del 2021, en dos entregas:

  1. Spoilers.
  2. Cargas de profundidad al sistema multicultural.

En esta primera entrega nos focalizaremos en los spoilers, fenómenos de superficie, que están compuestos por procedimientos y coyunturas de las discusiones rurales (afrocolombianas, indígenas y campesinas).

Spoiler es una palabra que se ha vuelto de moda en esta época de series televisivas y mediatización alborotada. Un spoiler es cuando adquieres información sobre un tema que afecta la experiencia de recorrer el desarrollo natural del mismo. En términos más coloquiales es cuando alguien te arruina ver una película contándote de antemano el final. Por lo tanto, me ha parecido un concepto interesante en la novedosa y aún dudosa disciplina de aventurarse a escribir la historia del mañana o de lo que estará por suceder.

A continuación exploramos los ocho retos, o spoilers de superficie, que se han identificado para el 2021:

  1. Asesinato de líderes rurales y excombatientes de las Farc
  2. Campesinado como sujeto especial de derechos
  3. Participación política electoral étnico-campesina
  4. Referendo campesino y las políticas de protección a la soberanía alimentaria de la nación
  5. Faccionalización étnica
  6. Amenazas de regresión territorial sobre los territorios colectivos
  7. Clarificación de los resguardos coloniales y republicanos
  8. Decisiones basadas en datos

Asesinato de líderes rurales y excombatientes de las Farc

Quizás el efecto más dramático que ha tenido la manera como se ha implementado el acuerdo de paz en nuestra ruralidad, es el asesinato sistemático y expandido de los liderazgos rurales y excombatientes reincorporados de las antiguas Farc. No redundaré aquí en las cifras, pero a los interesados les sugiero el siguiente texto de la situación que hicimos en el IEI de la Javeriana de Cali el año pasado, donde además realizamos una proyección estadística que sugiere el incremento de la situación, como tristemente ha venido ocurriendo a lo largo del 2020 y lo corrido del 2021.

Lo diré sin rodeos: la política actual de protección a líderes sociales sustentada en el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas (PAO) ha demostrado los límites inherentes en las iniciativas securitarias afincadas en un paradigma neoconservador del realismo defensivo. De acuerdo con José Vargas, “la teoría realista ayuda a solucionar las fragilidades y los peligros sociales en el contexto de una ideología conservadora y de una teoría elitista de la democracia”.

Conviene aclarar que la situación actual dolería menos si el país no hubiera estado preparado para enfrentar esta situación. Sin embargo, las trompetas de la violencia comenzaban a escucharse con anticipación y el país había ya realizado numerosos esfuerzos de diseño en política pública para la protección de defensores de derechos humanos, previendo un posacuerdo tormentoso. Estos desarrollos están consignados en un cuerpo del derecho garantista, articulador de la política y enfocado en la seguridad colectiva, que bien puede sintetizarse en los Decretos Ley 895 y 898/17, así como en los decretos 2124/17, 1066/15 y el 660/18.

En contravía de este poderoso diseño institucional, el gobierno actual prefirió construir el PAO (Decreto 2137/18), dejando más o menos en el olvido los anteriores diseños institucionales, encandilado bajo un enfoque obsesionado en la seguridad individual y, básicamente, a espaldas de las organizaciones y poblaciones víctimas de la misma violencia. El diseño actual del PAO se sintetiza en una poderosa articulación interinstitucional por lo alto, que se operacionaliza -por lo general- en el aumento del pie de fuerza y la militarización “bruta” de los lugares de intervención. Se trata, tal y como lo describe José Vargas, de una visión que “(…) representa el dilema del prisionero evadiendo la cooperación, salvo en contadas excepciones, como en el caso de formulación de alianzas contra una amenaza común”. ¿Los resultados? hoy los tenemos a la vista: estamos a punto de revivir la tenebrosa década del 2000 cuando los niveles de letalidad hacia los defensores de derechos humanos y las masacres colectivas a la población civil nos situaron como un Estado paria en materia de derechos humanos.

Al desplazar funciones propias de la Defensoría del Pueblo hacia la Fiscalía, el gobierno, al contrario de lo que parecería sugerir la influencia estadounidense con la elección de Joe Biden, prefiere seguir profundizando su modelo securitario y neoconservador. Todo un contrasentido en términos de la realidad territorial que hoy nos acosa por doquier.

Seguramente que el 2021 representará un año en el que veremos cómo surgen iniciativas legislativas, de la sociedad civil y la comunidad internacional para hacer entender al gobierno y a sus halcones militaristas que la defensa de los derechos humanos en nuestro país no puede caer enteramente bajo la defensa a ultranza del Estado. En caso contrario, posiciones menos optimistas, pero no por eso menos cuerdas, avizoran que, con la excusa de defender a los líderes sociales, se constituya una “estrategia cesarista” que culmine en la instauración de un nuevo estatuto antiterrorista, con el fin de controlar al debate y a la oposición política.

El campesinado como sujeto especial de derechos

Si, en el ordenamiento globalizado de las Naciones Unidas, al campesinado mundial, aglutinado en la Vía Campesina, le tomó cerca de 20 años que fueran reconocidos sus derechos especiales por medio de la Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, en el contexto nacional, a las organizaciones campesinas nacionales les ha tomado otro tanto presionar al Estado colombiano para que desarrolle sus derechos especiales establecidos en el Artículo 64 de la Constitución Política del 91, a través del Corpus Iuris Campesino (Sentencia 077 de 2017 de la Corte Constitucional).

De acuerdo con el juicioso trabajo de Guiza, Bautista, Malagón y Uprimny, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional ratificaron la existencia del referido Corpus Iuris Campesino en al menos tres oportunidades, a saber:

  1. Sentencia T-348/2012 en torno a los mecanismos institucionales que aseguran su participación en la toma de decisiones
  2. Sentencia C-644/2012 dirigida a remarcar el acceso a información veraz, completa y actualizada sobre las decisiones que atañen al campesinado con el objetivo de facilitar el ejercicio de diálogo y concertación
  3. Sentencia C-028/2018 donde se profundiza en la seriedad del proceso participativo para comunidades campesinas, así como la toma en cuenta de sus reivindicaciones en los asuntos que las afectan.

Asimismo, la Corte Constitucional aclaró la materialidad de este Corpus Iuris campesino en las Sentencias C-077/2017 y C-028/2018, que protegen la participación reforzada de este grupo poblacional en los asuntos que conciernen a su identidad campesina, y en especial, aquellos que afecten su territorialidad, subsistencia o su proyecto de vida.

Los desarrollos legislativos anteriores muestran un tándem estatal de acuerdo con el que al mismo tiempo que se evidencia que la CP de 1991 tiene un componente específicamente dirigido al reconocimiento de los sectores rurales y agrarios; también muestra cómo el campesinado, a la luz de nuestros desarrollos jurisprudenciales, se ha ratificado como un sujeto de especial protección constitucional.

En concordancia con el cuerpo del derecho mencionado, el Artículo 253 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, establece que el Gobierno Nacional construirá una política pública para la población campesina. En el mismo sentido, tanto la Defensoría del Pueblo para Asuntos Agrarios Ambientales, el Dane por medio de la Guía para la inclusión del enfoque diferencial e interseccional de la producción estadística nacional, como la Directiva 007/2019 de la Procuraduría General de la Nación, reconocen al campesinado como sujeto de derechos integrales y de especial protección constitucional e insta a las autoridades administrativas a crear planes y políticas públicas a su favor, con enfoque diferencial, etario, territorial y de género.

Como vemos, en la actualidad es un hecho la vigencia legal de los derechos especiales del campesinado en el país; sin embargo el 2021 pondrá a prueba la operativización material de todo el arsenal de reglamentaciones anteriormente descritas. Ya que si bien, en el plano del reconocimiento es mucho lo que se ha avanzado, por el contrario, en el ámbito pragmático de la maquinaria estatal -con la única excepción del Dane- el desarrollo de dicho reconocimiento es más bien precario. Lo anterior se escudaba en que no existía un concepto operativo del campesinado colombiano ni datos confiables para la materialización de la política pública. Ambos escollos han sido superados a lo largo de los dos últimos años.

La participación política electoral étnico-campesina

Se viene un año de elecciones y como se ha visto de manera evidente, la otrora brecha entre movimientos sociales y participación política electoral ha venido cerrándose de manera consistente. Sobre todo, en los movimientos sociales rurales (campesinos y afrocolombianos), que percibían la política y el Estado como algo exterior a ellos.

La presencia indígena ha dejado su impronta ininterrumpida desde la Constitución de 1991 y gracias al mismo pacto constitucional, la población indígena tiene cuotas de circunscripción especial en el Senado y la Cámara de representantes. Adicionalmente el peso demográfico indígena y su disciplina electoral produce que en los departamentos del Sur Occidente y la Guajira, su participación tiene un peso importante en la política regional. Sin embargo, varios partidos étnicos (ASI, Mais, Aico), enfrentan numerosas críticas por la necesidad de hacer alianzas con otros sectores de la sociedad que no necesariamente comparten las reivindicaciones indígenas o porque los sectores de raigambre y tradición inscrita en los repertorios de movilización, no ven efectos concretos de la participación electoral en las banderas de lucha indígena.

Una situación diferente se presenta en la participación política electoral afrocolombiana. En primer lugar, la población afrocolombiana solo tiene circunscripción especial en la Cámara, lo cual ha significado su ausencia en el Senado de la República. A pesar que en el Senado existan representantes que se auto reconocen como afrocolombianos, su conexión con los territorios colectivos y Consejos Comunitarios rurales es muy pobre. De otra parte, la curul afro en la Cámara de Representantes no ha dejado de generar controversias, por las reiteradas acusaciones de cooptación política de parte de sectores de la costa atlántica, que no son percibidos de raigambre comunitaria o que representen a la diáspora afrocolombiana, por parte de las organizaciones étnicas del Pacífico y los valles interandinos del sur occidente.

De manera fehaciente, a los candidatos de extracción comunitaria afrocolombiana les ha costado movilizar a su favor las regiones con alto potencial electoral afrocolombiano, como el Valle, Chocó, Antioquia o el Eje Cafetero. Habrá que ver si esta tendencia se revierte y las curules afro logran un mayor nivel de identificación con las figuras etnopolíticas afrocolombianas y las cerca de 1600 organizaciones afro que existen en el país; o si por el contrario -como veremos en el spoiler número 5-, la faccionalización étnica continúa su marcha.  

Desde la orilla campesina, la implementación de los derechos especiales del campesinado no cubre la participación política electoral por medio de circunscripciones especiales, como en los casos de sus vecinos étnicos. Sin embargo, a pesar de esa marginación, en la actualidad existen dos Senadores de raigambre claramente campesina, ambos con visiones complementarias de las problemáticas campesinas: de un lado, tenemos al Senador Alberto Castilla quien proviene del Cisca, una tradicional organización campesina del Catatumbo, que a su vez hace parte del Coordinador Agrario Nacional – CNA. El Senador Castilla ha focalizado exitosamente -como venimos de observar en el ítem anterior- sus esfuerzos en visibilizar y materializar los derechos especiales de la población campesina. De otro lado, se encuentra el Senador César Pachón, quien proviene de las Dignidades Campesinas de Boyacá, y ha estado más focalizado en promover una mejora a las condiciones materiales del pequeño y mediano campesino que se encuentra articulado en los encadenamientos de la producción alimenticia nacional. En este contexto, seguramente que organizaciones de calado nacional como la Anuc, Anzorc y Fensuagro buscarán enfilar baterías para garantizar su participación en la vida política electoral.

El referendo campesino y las políticas de protección a la soberanía alimentaria de la nación

La Anuc viene promoviendo un referendo campesino, que radicó oficialmente en noviembre del año pasado, una interesante iniciativa ciudadana en torno a la protección integral del campo. El referendo puede ser visto como un repertorio de acción intermedio entre los derechos especiales del campesinado y su falta de operatividad práctica señalado en el spoiler número 2.

El referendo contiene ocho preguntas que modificarían siete artículos de la Constitución Política. Las modificaciones se proponen en campos como la protección de la producción agraria nacional, la profundización de los artículos 64, 65, 66 y 67 de derechos especiales del campesinado, la producción de alimentos, crédito y educación campesina, respectivamente. Así mismo, propone adicionar un nuevo artículo constitucional para crear un ingreso básico para asegurar la subsistencia y vida digna campesina. El referendo aspira también a modificar el artículo 216 para convertir en “voluntario” el servicio militar para campesinos y el 346, para generar una especie de situado fiscal, no menor al 4 por ciento del presupuesto total de inversión de la nación, dirigido a actividades de fortalecimiento de la economía campesina.  

El reto de llevar a buen puerto el referendo es considerable, en la medida que implica recoger un número de firmas válidas que representen al menos el 5 por ciento del censo electoral, es decir, 1.910.076 personas. Seguramente su éxito dependerá de que el conjunto de organizaciones campesinas se sume a la iniciativa y que alguna o varias estructuras partidistas lo apoyen. Por el momento el referendo cuenta con el aval del Partido Verde.

Al mismo tiempo, la situación de la cuarentena producida por el Coronavirus, ha producido una tendencia global a repensar la producción de alimentos por fuera del paradigma hegemónico de la seguridad alimentaria, avanzando de manera vigorosa hacia el concepto de soberanía alimentaria. La dependencia alimentaria global con circuitos largos y transnacionales de la alimentación, en tanto sistema, ha hecho repensar a muchas naciones en la importancia estratégica de mantener viva la producción y el abastecimiento alimentario nacional. En esa medida, no sería raro que frente a la discutida política de importar alimentos en plena pandemia, se movilicen a lo largo del 2021 iniciativas como la del referendo campesino o nuevos proyectos legislativos que busquen brindar mayor seguridad a los productores campesinos medianos y pequeños, quienes son los responsables de cerca del 70 por ciento de la canasta familiar colombiana.

La faccionalización étnica

La faccionalización étnica
Foto: Proclama del Cauca y Valle – Siberia, Caldono

Uno de los grandes logros de las políticas multiculturales, alcanzado por medio de la Constitución del 91, fue crear interlocutores debidamente institucionalizados entre las poblaciones étnicas y el establishment. De allí la emergencia de una frondosa arquitectura de interlocución etnopolítica compuesta por consultivas de alto nivel, mesas permanentes de concertación a diferentes niveles, circunscripciones electorales étnicas; pero sobre todo, autoridades comunitarias debidamente reconocidas y legitimadas -cabildos indígenas y consejos comunitarios afrocolombianos-.

Sin embargo, en los últimos años, la dinámica interna de las comunidades y varios sectores de conflictividad que operan en los territorios colectivos de las comunidades étnicas, han venido produciendo la emergencia de conflictos intra comunitarios dentro de un mismo sector o comunidad étnica. En el país, existen casos emblemáticos, como la progresiva fragmentación de los Consejos Comunitarios Afrocolombianos en el área rural del enorme Municipio de Buenaventura, o el caso de reemergencia del pueblo Cumba al interior del Resguardo Emberá-Chamí de Cañamomo y Loma Prieta en Río Sucio – Caldas.

A este respecto, la juiciosa base de datos de conflictividad del Ministerio del Interior reportó el año pasado que un 29 por ciento de los casos analizados se asocian a conflictos “intra étnicos”, que a su vez se relacionan con discusiones “territoriales” de “representatividad de las autoridades étnicas vigentes”, o de disputas en torno al “sistema general de participaciones” y de “representatividad del auto censo”. En el 2021 habrá que estar atento a la evolución de estas conflictividades; en especial al proceso de fragmentación de los consejos comunitarios especialmente en el departamento de Chocó, que es donde más casos de este tipo aparecen reportados. ¿Seguirá el Chocó el camino de faccionalización étnica y territorial de Buenaventura?

Las amenazas de regresión territorial sobre los territorios colectivos

Otro de los grandes progresos establecidos por los derechos multiculturales para comunidades étnicas ha sido la formalización y protección de los territorios colectivos, tanto afrocolombianos como indígenas. El que existan territorios rurales, inalienables, inembargables, imprescriptibles y que frecuentemente esas espacialidades se encuentren asociados a una alta diversidad biológica y riqueza natural, donde habitan un número importante de comunidades étnicas, es una garantía de sostenibilidad cultural y ambiental de la nación. En la práctica, y siguiendo a Karl Polanyi, los títulos colectivos étnicos en nuestro país son la prueba manifiesta que aún en tiempos de un capitalismo todopoderoso y de una globalización avasallante, no todo está en venta. Lo anterior, en la medida que las titulaciones colectivas sustraen una importante porción de la ruralidad al mercado de tierras.

Sin embargo, sectores políticos tanto conservadores como liberales, junto algunos actores empresariales de las «commodities», la infraestructura o del turismo no ven con buenos ojos que más de 35 millones de hectáreas se encuentren bajo la protección de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.

Esta situación, que ya comenzaba a tensionarse con los fenómenos de expansión urbana (como en el caso de los Consejos Comunitarios de la Playita y el Hormiguero en la zona urbano-rural de Cali) ha venido manifestándose con particular fuerza en el caso del Caribe Colombiano, con dos fenómenos que ofrecen una ventana de análisis comparativo: el caso de la Boquilla en Cartagena y de la Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta. En ambos casos se oponen intereses de la industria turística con los derechos de comunidades afrocolombianas e indígenas respectivamente.

En la misma dirección, habrá que estar atento en el 2021 a las advertencias en dirección de la venta y consecuentemente, en la privatización de territorios ancestrales raizales en el caso del Archipiélago de San Andrés. Estas advertencias son particularmente alarmantes para el caso de Providencia, y se daría como un efecto colateral, de la catástrofe producida por el Huracán Iota, la informalidad en la tenencia de la tierra y el interés manifiesto de la industria turística en dichos territorios.

El caso de la Boquilla, aunque es una decisión judicial claramente traída de los cabellos, en la medida que “revoca” un título comunitario, se convierte en una advertencia de las acciones porvenir de parte de las poderosas élites regionales que, lejos de ver a las comunidades étnicas como vecinos con quienes construir soluciones creativas y mutuamente beneficiosas, ven en ellos escollos -removibles- al progreso, el mercado y la acumulación.

Clarificación de los resguardos coloniales y republicanos

Nuestros procesos de etnicidad territorial indígena, difieren enormemente de acuerdo con la configuración regional que nos ocupe, así como a la temporalidad que estructura la relación de poder entre comunidades y Estado nación. Sin embargo, la Ley 21 de 1991 se convirtió en uno de los principales mecanismos legales para el reconocimiento y acceso a un territorio por parte de las comunidades indígenas. Esta ley aprueba en Colombia lo dictaminado por el Convenio 169 de 1989 de la OIT, específicamente en la parte II del documento, en lo referente a tierras.

Teniendo en cuenta el marco jurídico y normativo que ampara el proceso de adjudicación y acceso territorial de las comunidades indígenas, éstas han venido constituyendo procesos de ocupación particulares, configurando de este modo tipologías o macromodelos de la gobernanza indígena a lo largo del territorio nacional. Históricamente, el establecimiento de los territorios indígenas no sólo tienen lugar mediante lo dictaminado por el gobierno nacional vigente, sino que existen otros mecanismos de protección y adjudicación territorial para las comunidades indígenas que anteceden a la legislación pactada en la Constitución de 1991. En esta última categoría es donde justamente nos topamos con los casos de los Resguardos coloniales y republicanos.

Los Resguardos de origen colonial y republicano hacen referencia a las espacialidades que poseen títulos o cédulas reales sobre parcialidades territoriales otorgadas por la Corona Española en la época colonial, o por el estado colombiano antes de la constitución de la moderna institucionalidad agraria, es decir, el Incora.

Bajo el anterior contexto, no existía una reglamentación clara para que el gobierno nacional adelantara los procesos de clarificación de resguardos coloniales y republicanos. Sin embargo, el 31 de diciembre del 2020 el gobierno nacional emitió el Decreto 1824. Es de remarcar que esta es una iniciativa acordada con la Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI, con el fin de adelantar dichos procedimientos.

Creo que, a estas alturas, no cabe duda que dicho procedimiento es totalmente necesario y que además, hace parte de la programática de movilización del mundo indígena colombiano. Sin embargo, como puede revisarse en las observaciones hechas al decreto en su fase preliminar, sectores afrocolombianos de valles interandinos y sobre todo, campesinos que no tienen títulos de propiedad formalizada o que viven en municipios con fronteras interculturales entreveradas, ven con desconfianza el impacto que este procedimiento pueda tener sobre sus territorios actuales, igualmente históricos a los de sus vecinos indígenas.

Decisiones basadas en datos

Como hemos podido revisar, los análisis y las decisiones de política pública que afectan a los actores étnico-campesinos están lejos de resolverse por medio de recetarios homogeneizantes. Tanto comunidades, organizaciones sociales y tomadores de decisiones estatales, necesitan aproximarse a las problemáticas rurales por medio de la combinación de diversas ópticas y herramientas analíticas.

En la actualidad y a pesar de los esfuerzos, existe una desagregación evidente de la información de las conflictividades rurales, así como de las poblaciones étnicocampesinas. Se trata de una especie de esquizofrenia analítica de la diferencia social, sustentada en aproximaciones y datos que parecen -a primera vista- sencillamente imposibles de cotejar o comparar.

Sin embargo, se espera que el lanzamiento del Sart de atención a conflictividades y como soporte al dialogo social, presentado recientemente por la Agencia Nacional de Tierras, permita hacer un seguimiento sistemático a las cuantiosas conflictividades territoriales que florecen en nuestra ruralidad. Asimismo y a pesar del profundo debate que ha tenido la invisibilidad estadística étnica en el último censo nacional de poblaciones, hay que decir que el Dane viene trabajando de manera sostenida en la producción de información unificada que permita dar un debate público con información estandarizada. En ese camino, es muy interesante analizar tanto el Geovisor de auto reconocimiento étnico, como el reciente Geovisor de Clúster para Grupos Étnicos. Este último es particularmente interesante en la medida que es una herramienta para la visualización de las agrupaciones correspondientes con las unidades censales que se auto reconocen bajo un enfoque étnico, a partir de su distribución geográfica. El ejercicio anterior arroja grupos de consistencia espacial, en función de la distancia y densidad de los puntos que representan estas unidades. Cada agrupación generada se representa por su centroide o punto medio, en donde se agrupan los datos temáticos y estadísticos -viviendas, hogares y personas-, de las unidades que conforman esa agrupación.

Del lado comunitario, bien vale la pena resaltar el trabajo sofisticado de la ONIC con respecto a la afectación de poblaciones indígenas por la pandemia del covid. Igualmente, este año se lanzó el Observatorio para el Bienestar de Buenaventura – Obba, por medio de una iniciativa público privada donde participan la Alcaldía de Buenaventura, la Cámara de Comercio y la Universidad Javeriana de Cali.

Las anteriores iniciativas apuntan a no solo discernir heurísticamente los fenómenos analíticos de las políticas diferenciales, sino a proponer vías de actuación e intervención social. La complejidad de nuestra ruralidad le recuerda permanentemente a nuestra academia que el ejercicio investigativo no debería restringirse solamente a la reflexión científica. Al contrario, en la medida en que la sociedad y los conflictos multiculturales lo exigen, debe caminar hacia una investigación aplicada plural, sustentada en aproximaciones cualitativas y cuantitativas de los fenómenos estatales.

En la próxima entrega nos focalizaremos en procesos de mediana duración; es decir, sedimentaciones que se van acumulando y transformando nuestra gobernanza multicultural. Por su nivel de impacto posible, a estos últimos los llamaremos cargas de profundidad a la actual gobernanza multicultural.

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Publicado originalmente en https://lasillavacia.com/

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