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Miércoles, 25 de noviembre de 2020. Última actualización: Hoy

La plata o la vida

El lunes 15 febrero, 2016 a las 3:19 pm
Alfonso J. Luna Geller

Por Alfonso J. Luna Geller

A pesar de que las sociedades están evolucionado tecnológicamente a grandes velocidades, correlativamente estamos destruyendo la vida a esas mismas celeridades. La modalidad económica que ha venido imponiendo la minería y gran parte del sector agroindustrial, especialmente, exige acabar con la vida de muchas comunidades para que los del poder (político, burocrático y monetario), unos pocos, sigan enriqueciéndose sin ningún sentido de solidaridad ni de compensación social ni ambiental.

Como no es posible un crecimiento sin límites en un medio limitado y perecedero, el imperativo de la ambición y la codicia desemboca en la guerra, en la eliminación de quien se oponga, y en el colapso de las estructuras socio-económicas autóctonas de las comunidades víctimas. Lo grave es que no habrá ningún proceso de paz válido si estas condiciones persisten, así se firme muy pronto el fin de un conflicto en La Habana. A las comunidades colombianas las seguirá matando el vulgar cambio del recurso agua, que es la vida, por el oro, por la plata. Es el mal funcionamiento del dinero, como insumo básico para la supervivencia.

No pretendo decir que el dinero no sea necesario para la vida, sino que deberíamos cambiar ciertos hábitos y prácticas para convertirnos en sociedades solidarias, equilibradas, sanas económica y ambientalmente, y en paz, porque la economía real debe estar dirigida a la satisfacción de las necesidades absolutas y reales de los integrantes de la comunidad. Mejor dicho, la satisfacción de las necesidades debe promover la producción y la explotación de los recursos, y no al revés, como ocurre con el sistema económico que nos imponen: la producción excitando un consumismo desaforado de bienes y servicios que por más que se adquieran y consuman nunca satisfacen necesidades básicas de la sociedad, solo concupiscencia en algunos, para despertar envidias, competencias, orientadas exclusivamente al boato y la riqueza por sí mismas.

Por eso, los movimientos comunitarios y grupos sociales, económicos y académicos, medios de comunicación alternativos e independientes, no podemos sentarnos a esperar que quienes ostentan el poder político y económico ofrezcan soluciones. No tienen por qué ofrecerlas, estarían en contra del poder adquirido o delegado. Son las propias comunidades organizadas, y no solo las étnicas (indígenas o consejos comunitarios de comunidades negras, que se han quedado solas) sino todos, desde las juntas de acción comunal, alcaldes, gobernadores, ONG, fundaciones, corporaciones, etc., que debemos plantear estrategias para una economía justa, para cambiar aquel sistema que cada día nos exprime más, y que no hace parte de las negociaciones que buscan el fin de un conflicto.

Las consecuencias de permitir el crecimiento de ese tipo de economía las estamos pagando hoy. El cambio climático, evidenciado en los fenómenos del Niño y de la Niña, seguirá siendo una de ellas: pasamos de las mortales sequías directamente a las avalanchas, inundaciones, vendavales y fatalidades del desaforado invierno que ha de llegar para rematar. El cuento es que para eso tenemos ‘eficientes’ comités locales y regionales de prevención y atención de desastres. Parecemos idiotas. La prevención no existe, o no se practica. Siempre nos sorprende la reacción lógica de la naturaleza y actuar frente a ella no es prevención sino obstinación.

Los ríos de Colombia, que nacen principalmente en el departamento del Cauca son, desde su nacimiento en el Macizo Colombiano, el vertedero de aguas residuales; en las cuencas hidrográficas se desarrolla explotación minera que utiliza mercurio y cianuro con elementos mecánicos de alta tecnología custodiados por actores armados al margen de la Ley; reciben diariamente miles de toneladas de residuos orgánicos, filtran lixiviados con una altísima carga tóxica y contaminante reduciendo el nivel de oxígeno generalmente a cero; la industria legal usa elementos químicos que producen alto grado de contaminación y afectación para la salud humana y extermino total de toda especie viviente; les incorporan excedentes de riego que descargan materia orgánica y nutrientes que ocasionan el consumo del poco oxígeno disuelto. Resultado: Colombia carece de agua potable, sufre sed y desnutrición, cada día crecen la miseria y las enfermedades sin control, pero para mitigar la protesta y desviar la atención, cada cierto tiempo nos inventan epidemias o pandemias que desvían la atención sobre las causas reales, inclusive, también las convierten en negocio altamente rentable; y los organismos de control y autoridades legítimas, en vez de impulsar responsabilidades sociales, y establecer sanciones eficaces, patrocinan el daño ambiental de grandes proporciones, evidenciándose la corrupción en su máxima expresión.

La minería en el territorio no ha garantizado ningún desarrollo para sus comunidades, es lo contrario, los proyectos mineros son generadores de muerte, violencia, de delincuencia, prostitución y el rompimiento del tejido social por medio de la división interna de las comunidades, y lo más grave es la destrucción total del medio ambiente en todos sus aspectos. Afortunadamente, en el norte del Cauca ha puesto su grito en el cielo el alcalde de Guachené, Oliver Carabalí Banguero, quien ojalá sea escuchado.

Es el caso actual del río Palo, entre los municipios de Guachené y el corregimiento El Palo, Caloto, el cual, como pasó con el Quinamayó, en Santander de Quilichao, se ha desviado, incluso presenta múltiples ramificaciones que han disminuido la fuerza de sus aguas en verano, pero que será impredecible en sus consecuencias cuando regrese La Niña. Pero la población no toma conciencia. Para el común de la gente es más fácil dejar como culpable a las autoridades si en algún momento ocurre una desgracia o grave afectación ambiental. Parecemos idiotas porque somos víctimas impotentes en Caloto, Guachené, Villarrica, Padilla, Puerto Tejada, Santander de Quilichao y Corinto, en general, en todo el departamento del Cauca, incluyendo a Guapi, Timbiquí y López de Micay, y el Macizo Colombiano.

La explotación minera legal, concesionada, también destruye porque no ejecuta planes de mitigación. Y en la CRC se enojan cuando se pone en evidencia el daño ambiental ‘legal’, y se enfurecen no con el responsable del perjuicio sino con el medio de comunicación que lo revela. Hemos sostenido que el resultado de la trituración de materiales de los ríos Palo y Cauca, entre otros, o de las lomas cercanas a los cascos urbanos, para producir gravas y arena triturada, ladrillos y tejas, o la cosecha maderera para producción de papel y muebles, también son actividades nefastas porque no tienen la compensación ambiental adecuada. Hablo, por ejemplo, de barreras rompevientos, vegetación protectora y fijadora de suelo, recuperación de las capas superficiales del suelo, reposición de la capa orgánica, en fin, mitigación de la erosión ocasionada por la intervención antrópica, por la tala y quema para implementar potreros destinados a la agricultura y ganadería extensivas.

Recordemos cómo se quedó en un discurso sin sentido, la ilusión del Consejo Comunitario de Pílamo, en su momento ejemplo nacional, conformado por unas 95 familias de la etnia negra (570 personas entre hombres, mujeres y niños), en un territorio de 907 hectáreas que fue reconocido y titulado en 1996 por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), en cumplimiento de la Ley 70 de 1993, cuando las comunidades soñaban con el derecho a la identidad, el derecho al territorio como un espacio colectivo, el derecho a la autonomía, organización y participación, el derecho a una visión propia de futuro ecológico, económico y social, partiendo de la concepción cultural, y las formas tradicionales de producción y de organización de las comunidades, en la cuenca del río Palo, la vida. Hoy también es víctima de la contaminación y la destrucción, junto a los altísimos niveles que registran los ríos Quilichao, Quinamayó, Ovejas, Guengué, Desbaratado, La Paila, etc., el oro.

En estas circunstancias, Oliver Carabalí Banguero, alcalde de Guachené, ha sido enfático al sostener que “el agua tenemos que convertirla en el principal bien público para la supervivencia humana. El recurso hídrico natural dará estabilidad económica y equidad social en el inmediato futuro”, para lo cual indica que “debemos ser extraordinariamente innovadores para recuperar la generación de agua limpia, teniendo en cuenta que los esfuerzos para la conservación deben también cubrir las necesidades de las personas”. Y aclara el burgomaestre nortecaucano: “No estamos en contra del desarrollo y el progreso, pero debemos diseñarlo de tal manera que beneficie nuestro futuro y el de la naturaleza. Todos conocemos las terribles amenazas del cambio climático, ¡tenemos que hacer algo para mitigarlas!” proclamó Carabalí Banguero.

La corrupción hizo olvidar que el Macizo Colombiano fue una región declarada por la Unesco en 1979 como reserva de la Biosfera. Por esa “falta de memoria”, muy cerca de la estrella pluvial de Colombia, ocurre lo impensable: la desaparición de uno de los ríos más caudalosos e importantes de la región: el río Sambingo, tributario del Patía. Paradójicamente, vengativo al predecir su extinción, pocos meses antes había provocado una dolorosa tragedia invernal tras una avalancha que mató seis personas y desapareció ocho, destruyó viviendas, arrasó siete puentes y dejó pérdidas millonarias del sector agrícola y ganadero. El dilema resuelto fue: el oro o la vida. El Sambingo se llevó la vida; y seguirá cobrando la deuda pendiente. El oro, como siempre, desapareció de la región.

A pesar de los famosos estudios que determinan las inmensas ganancias que deja la destrucción ambiental, con la explotación legal o ilegal de los recursos minerales, seguirán siendo una cifra irrisoria para el daño ambiental que causan. El río Quinamayó, en Santander de Quilichao, vereda San Antonio, es un minúsculo ejemplo: además de los muertos (adiós a la vida) que dejó el derrumbe de la mina (la riqueza del oro), la Corporación Autónoma Regional del Cauca comenzó un proceso sancionatorio contra Anglogold Ashanti, porque el título en donde se desarrolló minería ilegal con retroexcavadoras era de propiedad de la empresa sudafricana, y los daños ambientales generados por dicha actividad, según un estudio de la Universidad Distrital de Santander (contratado por la CRC), ascienden a $63.177 millones, dinero que tendría que ser pagado por la firma. Pero, como siempre ocurre, no lo hará; le sacará el cuerpo a la responsabilidad, o untará con CVY a quienes sabemos; las ganancias se las llevaron (el oro), absolutamente nada quedó en Quilichao (ni vida), pero el daño sí lo tendremos que pagar todos los sobrevivientes y casi toda Colombia, porque este río es tributario del Cauca, que surte casi el 70 por ciento de las necesidades de agua del país.

No queda sino rogarle a Dios que ojalá ilumine al alcalde de Guachené en la cruzada que ha esbozado y que la corrupción, la ineficiencia y la ineficacia burocrática, sean expulsadas de las decisiones que deben tomar los administradores de lo público para que la planeación estratégica del impacto ambiental deje de ser miope y la gestión y el control, insuficientes. Con el cuento de “la plata o la vida”, solo nos seguirán amenazando los delincuentes.

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