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Condenados 5 comuneros de las FARC, por la jurisdicción especial indígena

El lunes 1 febrero, 2016 a las 3:19 pm

En asamblea comunitaria de juzgamiento realizada el domingo 31 de enero de 2016, las autoridades indígenas de los cabildos de Tacueyó, Toribío, San Francisco y Jambaló, acompañadas por la Acin, Cric y Onic, en aplicación de la jurisdicción especial indígena “aplicaron remedio” a los comuneros nasas del Resguardo de Jambaló Gonzalo Medina, Fernando Quitumbo y Fayber Quitumbo, por el asesinato de los comuneros Willian Darío Poto Secue y Alfredo Hernán Ríos Galvis, de los resguardos de San Francisco y Toribío, en hechos ocurridos el 23 de julio del año 2011, en la vereda Quinamayó del Resguardo de San Francisco, municipio de Toribío.

Esta asamblea comunitaria también encontró culpables a los comuneros nasas Marco Tulio Ulcué, Gonzalo Medina y Fayber Quitumbo por la muerte del comunero Rafael Mauricio Girón Ulchur, exconcejal del municipio de Jambaló, en hechos ocurridos el 20 de enero de 2013, en los cuales también participó Marden Campo.

Según los resultados de la investigación realizada durante cinco años, los sindicados son milicianos de las FARC, por lo cual las autoridades indígenas exigieron que este grupo aclare su relación con los delitos “y por qué razón en los meses posteriores a la ocurrencia de los hechos señalaron ante las comunidades, en varias ocasiones, a personas de la dirigencia indígena como los probables autores argumentando intereses políticos de confrontación por la alcaldía ya que en ese momento se desarrollaba contienda electoral”, según reza el comunicado dado a conocer en el día de hoy.

En estas circunstancias, las autoridades indígenas condenaron a tres sindicados a 60 años de prisión, uno a 30 años y otro más a 12 años, quienes serán recluidos en una cárcel del sistema penitenciario nacional.

En el comunicado que conoció Proclama del Cauca, los indígenas consideran “que uno de los temas urgentes a tratar con el Gobierno nacional y las FARC en el marco de los acuerdos de La Habana, es el respeto y las garantías plenas al ejercicio de la jurisdicción especial indígena. Hemos planteado la necesidad de un espacio de diálogo para ello, pero hasta el momento no hemos encontrado la más mínima respuesta. Igualmente queremos hacer énfasis en el derecho que tenemos los pueblos indígenas a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición y, en este sentido, determinar si estos hechos se pueden ubicar como violatorios del derecho internacional humanitario y responden a un plan sistemático contra las comunidades indígenas que pueda constituir un delito de lesa humanidad”.

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