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Se firmó en La Habana Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto. Todos los informes completos aquí.

El martes 15 diciembre, 2015 a las 3:34 pm

Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto: “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz; y Compromiso sobre Derechos Humanos

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Como un servicio especial de Proclama del Cauca para todos sus lectores, especialmente politólogos, académicos, tratadistas, ensayistas, periodistas, columnistas, críticos y estudiosos de la paz y conflicto armado en Colombia, etc., publicamos el documento final sobre las víctimas del conflicto, acordado entre el Gobierno nacional y las FARC, y que se firmó hoy en el Palacio de Convenciones de La Habana (Cuba).

Luego de 18 meses de discusiones los negociadores presentaron el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que se implementará para resarcir los derechos de las víctimas.

Fue un sentido acto que puso en primer plano a las cerca de 7,7 millones de víctimas que ha dejado el conflicto, según el Registros Único de Víctimas. En primera fila estuvieron las 10 víctimas invitadas al histórico acuerdo:

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  • General Luis Herlindo Mendieta: estuvo secuestrado 12 años por la guerrilla y fue liberado en el 2010.
  • Piedad Córdoba: exsenadora de la república y líder de la Marcha Patriótica. En 1999 fue secuestrada por paramilitares. Desde el 2000 tiene medidas cautelares de la CIDH. Estuvo exiliada en Canadá debido a las amenazas contra ella y su familia.
  • Jineth Bedoya: periodista del diario El Tiempo, fue retenida y violada por paramilitares mientras elaboraba un reportaje sobre ellos en el 2000, y tres años más tarde fue secuestrada por las FARC; actualmente es la cara más visible del movimiento que lucha contra la violencia sexual en Colombia.
  • Alan Jara: actual gobernador de Meta. Fue secuestrado en Lejanías, cuando viajaba en un vehículo de la Organización de las Naciones Unidas. El 3 de febrero del 2009 fue liberado.
  • Luz Marina Bernal: Vocera de las madres de Soacha, integrado por 21 familias de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Con ese término se dio a conocer en Colombia el caso de una veintena de jóvenes de la localidad de Soacha, vecina a Bogotá, que fueron asesinados por la fuerza pública y después presentados como guerrilleros muertos en combate a cambio de beneficios.
  • Yaneth Bautista: Lucha contra la desaparición forzosa. Hermana de la exmilitante del M-19 Nydia Érika Bautista, desaparecida por militares del Ejército en 1987. El proceso jurídico que comenzó hace 30 años sigue abierto.
  • María Soledad Garzón: Hermana del periodista y humorista Jaime Garzón, asesinado el 13 de agosto de 1999. El coronel retirado Jorge Eliécer Plazas Acevedo está capturado por el caso mientras que el ex subdirector del DAS José Miguel Narváez tiene un proceso en su contra.
  • Wilfredo Landa: Líder comunitario de Tumaco (Nariño) que en 2013 fue víctima de amenazas por parte de hombres de las FARC. Una situación que lo obligó a salir desplazado junto con varios miembros del Consejo Comunitario Rescate, las Varas, del que él hacía parte.
  • Alfonso Mora: Padre de un miliciano de las FARC que fue torturado y asesinado durante la masacre de Mondoñedo en 1996.
  • Licinia Collazos: Lideresa indígena del pueblo Nasa, víctima de desplazamiento forzado y tortura en la masacre de El Naya, cometida por miembros de las AUC en abril de 2001. La masacre dejó cerca de cien muertos, entre ellos su esposo, y produjo el desplazamiento masivo de la población. Ella ha sido tres veces gobernadora de su cabildo y ha participado en el proceso de Comisión de la Verdad de las Mujeres, realizado por la Ruta Pacífica de las Mujeres.

Los documentos completos que entrega este medio de comunicación comprenden las cinco estrategias claves para reparar a las víctimas:

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Comisión para Esclarecimiento de Verdad, Convivencia y No Repetición. Será un órgano temporal y de carácter extrajudicial que busca conocer la verdad de lo ocurrido y contribuir al esclarecimiento de las violaciones y acciones armadas, así como ofrecer una explicación amplia a toda la sociedad.

Unidad Especial para búsqueda de desaparecidos en el marco del conflicto. Comisión de alto nivel, de carácter extrajudicial. Establecerá la localización y facilitará la entrega de restos. No podrá impedir las investigaciones judiciales a que haya lugar en cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado.

Jurisdicción especial para la paz. Ejercerá funciones judiciales de manera autónoma y preferente sobre los asuntos de su competencia. Los objetivos son satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad Colombia y preservar los derechos de las víctimas. Salas de justicia entre las que se incluye una sala de amnistía e indulto y un tribunal para la paz. Se sancionarán violaciones a los DD. HH. e infracciones al DIH.

Medidas de reparación integral para la construcción de la paz. Se trata de los mecanismos que buscan asegurar la reparación integral de las víctimas. Las partes hicieron hincapié en que no habrá amnistía e indulto a delitos de lesa humanidad.

Garantías de no repetición. Son resultado de implementación coordinada de estas medidas y los puntos del Acuerdo Final.

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Las partes fueron enfáticas en advertir que no serán objeto de amnistía ni indulto, ni de tratamientos equivalentes: los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores.

A estos mecanismos que se pondrán en marcha una vez se firme un acuerdo final, se le suma el trabajo que adelantó la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, «la cual arrojó importantes conclusiones de contenido diverso y plural en lo que concierne a los orígenes y las múltiples causas del conflicto, los principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido a la persistencia del conflicto y los efectos e impactos más notorios del conflicto sobre la población», manifestaron el Gobierno y las FARC.

Humberto de la Calle Lombana, jefe de la Delegación del Gobierno Nacional, dijo que “por primera vez en el mundo, en serio, por primera vez en el mundo, de común acuerdo en medio de un conflicto vivo, y por convenio entre las partes se crea una jurisdicción que se basa en el reconocimiento de responsabilidad. En el reconocimiento de verdad. En el compromiso de reparación” y agregó: “Es un sistema que se aplica a TODOS. No es una puerta a la impunidad. No hay violencia buena. Después de 6 millones de víctimas, las discusiones sobre quién inició la guerra no son relevantes para la terminación justa de las hostilidades. Tampoco las violaciones de un bando justifican las violaciones del otro. Repito: no hay espacio para la impunidad”.

De la Calle aclaró que “la dejación de armas, deberá comenzar 60 días después de la firma del Acuerdo Final tal y como lo pactamos el pasado 23 de septiembre” y sentenció: “Para que ese fin del conflicto quede sellado, las sentencias que se profieran en el Tribunal para la Paz no podrán ser modificadas. Habrá seguridad jurídica definitiva para todos los actores, combatientes y no combatientes. Es la garantía auténtica del fin del conflicto. La seguridad jurídica es la piedra de toque. Aquel que cumpla de buena fe las decisiones de la Jurisdicción, no se llevará  sorpresas futuras. Esta es también la puerta abierta para la reconciliación”. Y culminó diciendo el comunicado: “El año entrante dedicaremos toda nuestra energía, sin pausa, para terminar los puntos restantes de la Agenda”.

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