Jueves, 17 de junio de 2021. Última actualización: Hoy

14 días de paro y Cali en la mira

El martes 11 mayo, 2021 a las 9:23 am

14 días de paro y Cali en la mira.

Informe especial.

Felipe Solarte Nates

El mediodía del lunes 10 de mayo, el presidente Duque, con presencia de delegados de la ONU e internacionales y delegados de la Iglesia, aceptó reunirse con algunos de los principales organizadores del paro nacional y no hubo acuerdos inmediatos para desmovilizar el movimiento en el que participan más de 30 organizaciones, entre sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles y de sectores populares, que para el miércoles 12 de mayo, convocaron otra jornada de marchas en todo el país, pues también consideran que el gobierno quiere prolongar las conversaciones, dividir el movimiento negociando por sectores y dispersando en reuniones departamentales, sin plantear soluciones de fondo.

Los negociadores del paro, antes de discutir el pliego de peticiones, se retiraron de la mesa demandando al gobierno que reconozca los abusos y uso desmedido de fuerza asumido por la fuerza pública.

Mientras tanto y para aflojar la tensión agudizada después de los incidentes en el sector de Cañasgordas y La María en Cali, donde fueron heridos a bala por civiles armados 10 jóvenes migueros, entre ellos Daniela Soto, estudiante de Filosofía en la universidad del Cauca, el día lunes los dirigentes del movimiento acordaron desbloquear las vías de acceso a la capital del Valle para establecer un corredor humanitario que permita abastecerla de víveres, combustibles oxígeno y medicinas.

Medida similar fue tomada durante 48 horas por la Coordinación de Organizaciones Sociales que participan en el Paro nacional, desde las seis de la mañana del martes 11, hasta la misma hora del jueves 13, para permitir el abastecimiento de víveres, productos agropecuarios y medicinas a los habitantes de Popayán municipios del Cauca, donde la escasez empezaba a hacer estragos en la dieta, salud, bolsillo y movilidad de sus habitantes.

Violencia policial

El domingo 9 de mayo, tal como se aprecia en videos difundidos por varios medios de comunicación nacionales e internacionales y colgados en las redes sociales, el abaleo contra una caravana de la Minga Indígena y la reacción de algunos de sus integrantes defendiéndose del ataque con bastones, machetes y piedras, después que el paso de sus chivas fue obstruido por ciudadanos de barrios de estrato 6, cansados del bloqueo y requisas a sus vehículos y personas, a que han sido sometidos durante varios días por miembros de la guardia indígena; marca una tendencia preocupante de participación y tolerancia policial en hechos de violencia que también se expresó en los disturbios desencadenados por las movilizaciones en Bogotá, del 21 de noviembre de 2019 y después del asesinato en Bogotá, el 8 de septiembre de 2020, del estudiante de Derecho Javier Ordóñez; y que en Cali, en varios videos captados el 9 de mayo de 2021, registra la novedad de evidenciar una alianza entre miembros de la Policía y civiles movilizados en lujosos camperos blancos dotados con modernas y poderosas armas, con licencia para dispararle a los manifestantes en medio de complicidad e indiferencia de los uniformados que los acompañan y por lo menos deberían decomisárselas , y que según la Constitución, son los únicos autorizados para portar armas y no usarlas con violencia desproporcionada contra los manifestantes.

Después de 14 días de paro, es de mayor gravedad el caso del suroccidente colombiano y de Cali, donde el 28 de abril, -según denunció un exfiscal participando en el programa Hora 20 de Caracol-, la policía no intervino para controlar a pequeños grupos que desde la mañana, sospechosamente y sin ser detectados por gran cantidad de cámaras de vigilancia que monitorean desde los cuarteles, con vía libre, atacaron y quemaron estaciones del MIO, ocuparon y saquearon cajeros y agencias bancarias y sólo por la noche, con el despliegue masivo y atropellado de miembros del Esmad, hicieron presencia al atacar a los marchantes que con eventos culturales y ambiente festivo celebraban en la Loma de la Cruz, después de marchar pacíficamente por las calles principales de la ciudad acompañados por grupos musicales y de teatro; mientras en Siloé, también en horas de la noche, desde helicópteros y con escuadras del Esmad, atacaron con granadas aturdidoras, de bombas lacrimógenas y balas a la mayoría de jóvenes quienes celebraban una Velatón.

Después de estos ataques se registró el mayor número de muertos, heridos, desaparecidos que según datos cruzados por las ONGs Temblores e Indepaz, de las 47 víctimas registradas en el país, 39 fueron por violencia policial y 36 de ellas en el Valle del Cauca, 34 por armas de fuego, 2 por gases lacrimógenos y dos por arma blanca y 2 arrollados por tanquetas del Esmad, dotadas con armas desconocidas para vehículos similares, que masivamente lanzan proyectiles, según declaró al programa Zona Franca, de Red Más TV, José Miguel Vivanco Director de Humans Right Whatch. También en el país se registraron 1876 casos de violencia presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública, 278 heridos, 28 heridos oculares, 356 intervenciones violentas de agresión física 12 casos de violencia sexual, 963 retenciones y 111 heridos con armas de fuego.

El director de HRW advirtió al presidente Duque que con información manipulada ni videos editados no pueden engañar a la comunidad internacional sobre los abusos de poder, pues estos se informan por medios como el New York Times, Washington Post, Financial Times, BBC, DW, El País de España, entre otros que son muy documentados y rigurosos en lo que publican.

En la entrevista en Zona Franca, Vivanco también destacó, que mientras atropellen derechos fundamentales de la mayoría de la población, como el abastecimiento de víveres y medicamentos, los bloqueos de vías no pueden considerarse como formas de protesta pacífica y pueden ser desalojados por la fuerza pública, pero respetando los derechos humanos y sin uso desmedido de fuerza, tal como se ha generalizado en Colombia por parte de la Policía.

Particularidad del movimiento y peticiones indígenas.

La novedad del paro iniciado el 28 de abril en el suroccidente, tiene que ver con la presencia de la Minga Indígena en los bloqueos en Cali, después que por años concentraron estas acciones en las vías de acceso a Popayán repercutiendo en la vida de más habitantes y empresas.

Se encadena este novedad con los desplantes del presidente Duque a los dirigentes indígenas desde2019, antes de la cuarentena, cuando se negó a negociar con las comunidades conglomeradas en la plaza pública de Caldono, -a pesar de que estaba a pocos metros del recinto cerrado donde se empecinó que debía realizarse la reunión- y que continuaron meses después, cuando La Minga encaravanada se desplazó hasta la plaza de Bolívar en Bogotá y Duque se negó a recibirlos, sembrando la semilla de la discordia y el resentimiento que los indígenas no olvidan ni se tragan fácilmente, como bien sabemos los que hemos crecido y vivido en el departamento del Cauca.

Ellos manejan tiempos diferentes al del gobierno y “los hermanos menores” y pueden aguantar el tiempo que sea, como lo han demostrado desde años atrás cuando en repetidas ocasiones han bloqueado a Popayán por más de 30 días.

Esta vez al gobierno de Duque “se le creció el enano”, sobrealimentado por el condimento explosivo aderezado por Carrasquilla al proyecto de Reforma Tributaria, que para subsidiar a los estratos: 0, 1 y 2, recargaba el IVA y otros impuestos sobre los vía en indigencia, estratos 3 y 4, y más después de la crisis de desempleo y quiebra de pequeños comerciantes y empresarios que no sobrevivieron la prolongada cuarentena, que a Duque, además de a gobernar por Decreto y pasando por encima del Congreso virtual, le ayudó a congelar la protesta social que explotó el 21 de noviembre de 2019, y ya tenía programados paros y movilizaciones en abril de 2020, frenadas por el confinamiento de la cuarentena obligatoria.

El 28 de abril de 2021, avivado por la crisis económica desencadenada por el Covid19, explotó el descontento contra 30 años de neoliberalismo que puso en marcha el gobierno de Gaviria, acabando con la función social del Estado, cuando ferió sus empresas y bienes entre particulares, incluidas la salud, educación, pensiones, servicios públicos, etc., proceso privatizador que llegó a su máxima expresión en los dos gobiernos de Uribe y Santos, cuando también acabó de arruinarse la producción agropecuaria tradicional, con las firmas de TLCs, Tratados de Libre Comercio leoninos, con los Estados Unidos, la Comunidad Europea y otros países.

El que el paro nacional haya tomado más fuerza en Cali y el suroccidente colombiano con la masiva participación de estudiantes y ciudadanos de la mayoría de barrios populares, no sólo se explica por los devastadores efectos del Covid19.

También hay que considerar que los vecinos departamentos del Cauca y Nariño han sido epicentro de numerosos grupos armados, que después de cerca de un año largo de relativa paz posterior a la desmovilización de las guerrillas de las Farc, comenzaron a copar los territorios que les dejaron libres el ejército y entidades estatales, para que siguieran procesando la coca sembrada en miles de hectáreas, explotando la minería ilegal y otras fuentes delictivas de financiación.

Con la negligencia del ejército fomentaron el abandono de territorios al facilitar la consolidación de guerrillas, otras bandas y paramilitares reciclados, a veces actuando en complicidad con miembros de las fuerzas armadas, atacando a líderes sociales y desplazando de sus parcelas a campesinos, muchos de los cuales engrosaron cordones de pobreza en el distrito de Aguablanca, en Cali.

El incumplimiento de los acuerdos de paz con las Farc, en cuanto al freno del proceso de restitución de tierras y Reforma Agraria Integral y abandono al programa de Sustitución concertada de cultivos de coca, fue otro detonante del paro, al movilizar a miles de campesinos cocaleros de municipios como Argelia y El Tambo, que al ver afectada su principal fuente de ingresos, se sumaron al paro del 28 de abril para oponerse a la reanudación de la fumigación de cultivos, anunciada por el presidente Duque.

Después del Paro del 28, cerca de 10.000 campesinos del sur del Cauca se movilizaron hasta Popayán, sumándose a la Minga indígena y están dispuestos a marchar hasta Cali a respaldar a los que fueron abaleados el domingo 9 de mayo. La Minga también cuenta con la participación de Consejos Comunitarios del norte del Cauca, aglutinando a campesinos afrodescendientes organizados con su guardia cimarrona.

Efectos simbólicos para atenuar la crisis en el suroccidente colombiano tuvo la visita a Cali, de tres horas y casi a hurtadillas, realizada por el presidente Duque en la madrugada del lunes 10 de mayo, después de que hasta copartidarios radicales del Centro Democrático como los senadores Gabriel Velasco y Paloma Valencia demandaran su presencia.

Lo cierto es, que mientras el presidente Duque delegue al alcalde de Cali y a los gobernadores del Valle, Cauca y Nariño, la solución de estos problemas complejos mediante los desgastados diálogos regionales, no habrá soluciones de fondo y sólo se prolongará la difícil situación, pues la mayoría de peticiones represadas de las comunidades indígenas y campesinas, sólo puede resolverlas el gobierno nacional, así sesionen en Cali comisiones de paz del Senado y plenarias de la Cámara de representantes para escuchar las peticiones y quejas de distintos sectores sociales.

RECUADRO. Efectos socioeconómicos del Paro

Después de los multitudinarios daños no cuantificados sobre la infraestructura urbana pública y privada de Cali, lo prolongado del cierre de las vías, además de dificultar el abastecimiento de víveres a los habitantes de los departamentos del Valle, Cauca y Nariño, ha significado grandes pérdidas para los sectores agropecuarios e industrial de los tres departamentos que no han podido abastecer de materias primas sus empresas ni mercadear sus productos industriales, siendo más grave situación en el caso de los productores de leche que han tenido que regarla y regalarla, los de las granjas avícolas y porcinas que no tienen alimento para alimentar los animales ni mercadear huevos y carnes y los cultivadores de café, aguacate y piñas para la exportación, frutas como la fresa, mango, cítricos, etc., y cultivos de productos básicos de consumo diario, como la papa, yuca, plátano, cebolla, hortalizas y verduras, entre otros que escasean o se consiguen a precios prohibitivos.

Según las dirigentes gremiales Jailud Martínez, directora de ACOPI-Cauca y la directora de la ANDI-Cauca, Yolanda Garcés Mazorra, si el paro no tiene pronta solución, aumentará el desempleo al quebrar pequeñas y medianas empresas y al reconsiderar las grandes procesos de ampliación de sus plantas o su continuidad en un territorio tan conflictivo como el departamento y los municipios del norte del departamento, donde se instalaron importantes empresas que después de 25 años establecieron líneas de abastecimiento de materias primas, producción y mercadeo nacional e internación sujetos a tiempos de suministros de productos y requisitos estrictos.

Según la directora de la ANDI-Cauca, en diferentes fábricas hay represadas, cerca de 27.000 toneladas de alimentos procesados como pastas y derivados lácteos que abastecen cerca del 25% del mercado nacional y de productos farmacéuticos que corresponden a 30% de la demanda nacional.

Además, fuera de pequeñas empresas avícolas y porcinas fueron saqueadas por pandillas armadas movilizadas desde Puerto Tejada en motocicleta y vehículos, grandes avícolas como Kikes, productora de más de 3 millones de huevos diarios, no han podido entrar concentrados para alimentar las ponedoras, con peligro de que mueran centenares de miles de aves, lo que significaría un problema ambiental y el desmantelamiento de la granja en la que trabajan cerca de 1.000 personas. Estas avícolas abastecen cerca del 25% de la producción nacional de huevos y carne.

En el complejo industrial del norte del Cauca instalado en el norte del Cauca después de la entrada en vigencia de la Ley Páez, que concedió importantes exenciones tributarias y otras ventajas a las nuevas industrias que se instalaran en el departamento, en los diversos parques industriales instalados en los municipios de Santander de Quilichao, Caloto, Guachené, Villa Rica, Puerto Tejada y Miranda, en fábricas como Colombina, Genfar, Pastas la Muñeca, Tecnoquímicas, papeles Familia, Kimberly (Scoot), Carvajal (antigua Propal), Friomix, Imprenta del Cauca (del periódico El Tiempo), varias fábricas de pañales, ingenios del Cauca y La Cabaña, y otras grandes, medianas y pequeñas empresas trabajan cerca de personas, un alto porcentaje residentes en municipios de la región donde también ha ampliado sus instalaciones el SENA, con programas enfocados a capacitar personal que requieren las industrias, e instalado universidades públicas como las del Valle y Cauca, la UNAD y otras privadas como la FUP.

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